La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ubrique ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de A.C.G., tras su detención en una operación contra el narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil en la finca ‘Tierra y Libertad’, situada en el municipio gaditano de El Bosque. La intervención policial, llevada a cabo el pasado 29 de abril, permitió destapar una infraestructura dedicada al cultivo intensivo de cannabis.
El detenido está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de estupefacientes, así como por un delito de defraudación de fluido eléctrico, según ha publicado ABC de Sevilla. El auto de ingreso en prisión fue dictado el 1 de mayo, después de que el arrestado pasara a disposición judicial para prestar declaración.
Durante el operativo, los agentes localizaron cerca de 800 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, muchas de ellas ya cortadas y en proceso de secado. Asimismo, se incautaron de otras sustancias como cocaína y hachís. Las instalaciones contaban con sistemas de iluminación y ventilación conectados mediante un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro logístico de almacenamiento y distribución en la comarca.
La actuación se saldó con una persona detenida y otra investigada. En el dispositivo también participó una empresa del sector energético, cuya colaboración permitió detectar irregularidades en el suministro eléctrico, un indicio habitual en este tipo de cultivos ilegales. La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance de las actividades y la posible implicación de más personas.
La finca ‘Tierra y Libertad’, con 68 hectáreas de extensión, fue creada en 1988 por el Sindicato Obrero del Campo, actualmente integrado en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Concebida como una iniciativa de autogestión agraria, el proyecto buscaba demostrar la viabilidad de un modelo alternativo basado en la soberanía alimentaria y la independencia de jornaleros frente a grandes propietarios. Con el paso del tiempo, el enclave se consolidó como un referente del movimiento jornalero andaluz.
El rechazo del SAT
Tras conocerse los hechos, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha expresado su rechazo a las actividades presuntamente ilícitas y se ha desvinculado de lo ocurrido. La organización sostiene que la finca fue cedida a una cooperativa de afiliados para fines sociales, como la creación de empleo y la producción de alimentos, y considera que el uso detectado supone una vulneración de los principios que guiaban el proyecto.
El sindicato también ha pedido que no se criminalice al conjunto del movimiento jornalero por lo que considera una actuación individual y ha ofrecido su colaboración con la justicia. Mientras tanto, la instrucción judicial trata de determinar desde cuándo se desarrollaban estas actividades en los terrenos y si existía una red más amplia detrás de la explotación ilegal detectada.