El crimen de San Fernando, el conocido como el de las brujas, quedó indefectiblemente unido la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y, a cada aniversario del terrible asesinato de Klara, se suma a otro año más de funcionamiento de esta Ley del Menor. Es por ello que, con motivo del 25 aniversario, el Colegio de Abogados de Cádiz eligió la ciudad isleña para celebrar una jornada formativa sobre la evolución, los retos y la aplicación práctica de esta normativa a partir de este caso.
Por eso, en la mesa no podían faltar José Ignacio Quintana Balonga, abogado de la familia de Klara García, y Luis Miguel Pérez Matallana, abogada de la defensa, así como Virginia Alonso González, teniente fiscal, Enrique Ramírez Manchón, magistrado encargado de ejecutar la sentencia, y Joaquín Olmedo Gómez, abogado, vicedecano del Colegio y secretario de la Subcomisión de Derecho del Menor. El acto estuvo moderado por el decano del Colegio, José Adolfo Baturone Jerez, que remarcó la importancia de analizar una norma que surgió “por la presión social y mediática tras hechos estremecedores como el crimen de la catana, el de Sandra Palo o el de Klara García”.
Un caso muy complejo
Quintana Balonga, el abogado de la familia de Klara, recordó la complejidad del caso y la dureza de comunicar a los padres que la pena máxima sería de 5 años. “Ahí comenzó el debate social y jurídico que desembocó en una reforma”.
Más difícil si cabe lo tuvo Luis Miguel Pérez Matallana, abogado defensor, que expresó que este caso “te interpela primero como persona y luego como profesional del Derecho”. Ahora bien, “el mal existe, y es difícil afrontarlo. Pero incluso en los hechos más duros, el Estado de Derecho debe garantizar el derecho a la defensa”. En todo caso, señaló dos hechos que complicaron aún más el ejercicio de la Ley. Por un lado, la presión mediática que rodeó al proceso y, por otro, las intervenciones institucionales como las del entonces ministro de Justicia, que “complicaron aún más la labor de las defensas”. Aun así y pese a haber nacido sin medios, “la Ley funcionó”.
Justo en las dificultades de trabajar con menores que al mismo tiempo son víctimas y victimarios, se detuvo la teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ana Alonso González. “Ambos te impactan, pero el fiscal debe guiarse por la ley, que es la herramienta para lograr una justicia eficaz y restaurativa”. Criticó duramente el juicio paralelo que se trasladó al entorno de las acusadas, Iria y Raquel, recordando cómo incluso la hermana de una de ellas fue agredida en la calle. “¿Cómo educamos nosotros, los adultos, si hacemos eso? El proceso penal no puede ser venganza”. Recalcó que los menores deben tener la oportunidad de reparar el daño y aprender de sus errores antes de que se consolide su personalidad.
Los delitos más comunes entre los menores tienen que ver con el acoso en redes sociales
Por su parte, Enrique Ramírez Manchón, explicó las tensiones jurídicas a las que se enfrentó cuando debía decidir si las menores, ya alcanzada la mayoría de edad, debían ser trasladadas a prisión. “El problema no era solo qué hacer con dos personas concretas, sino demostrar si la ley funcionaba o no”. Expuso que recibió presiones institucionales y sociales en un momento clave: “Se estaban sentando precedentes. Lo importante era si la Ley Penal del Menor se consolidaba o fracasaba”.
El 'mantra' del aumento de la delincuencia juvenil
Joaquín Olmedo Gómez, abogado especialista en menores, y que no tuvo que ver con el caso sí que ofreció una contextualización jurídica y evolutiva de la Ley. “Nosotros teníamos una ley de menores de 1948, una ley que se promulgó evidentemente en tiempo de Franco, una ley que no se reformó con la Constitución, que no tenía garantías, donde no existía juez predeterminado por ley ni el derecho de defensa. Es decir, estaban en instituciones tutelares, normalmente de la iglesia católica”. Así que “no es hasta el año 1991 cuando el Tribunal Constitucional dice en una sentencia que esto tiene que cambiar y se elabora esta Ley que viene copiada de la ley alemana, será replicada en Iberoamérica y viene a culminar los tratados internacionales que España tiene desde la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing de justicia de menores. Lo que se vino fue a cumplir con los estándares internacionales y a cumplir una normativa que nos venía impuesta y que era necesaria”.
Olmedo vino a desmitificar el “mantra” de que ha aumentado la delincuencia juvenil. “Ahora mismo en Andalucía se mantiene estable y, ahora mismo, los tipos penales que estamos teniendo no son ni mucho menos este tipo de delitos graves”. Lo normal, aseguró, en la jurisdicción de menores son casos de “violencia filio-paternal, acoso por redes en sus distintas versiones -sexting, grooming- el envío de pornografía, grabaciones de los acosos”.
Planteó además el debate actual sobre la bajada de la responsabilidad penal de los 14 años. “Si vamos a bajar la ley por abajo también tenemos que elevarla por arriba. Hay chavales que, por cumplir 18 años, no llegan a ser más maduros. Muchos son inmaduros, necesitan un seguimiento, un control y prevención”.
Y es ahí, en la prevención y en la educación, donde Olmedo hizo un alto para reclamar más implicación de la sociedad. “Lo primero que tiene que hacer la sociedad es no mirarse el ombligo y no criticar la ley. Lo que tiene que hacer es educar y analizar por qué a un bebé de dos años se le deja un móvil en lugar de leerle un cuento. Por qué no se les pone una hora de sueño, por qué no se pone límites a los menores o por qué tenemos padres que siguen siendo adolescentes con 50 años. Donde hay que trabajar es con la educación: unas escuelas de padres, formaciones y estar pendiente de nuestros hijos y a veces no protegerlos tanto. Que cuando metan la pata, decirles con cariño, hijo mío, has metido la pata”.
Por eso, en la mesa subrayó la necesidad de seguir apostando por un enfoque equilibrado que combine responsabilidad, acompañamiento profesional y reinserción efectiva, una reinserción que asegura que ocurre. “Según informes que hay de las comunidades autónomas, suele haber una reintegración del 70% y no suelen cometer delitos mayores” Pero, “esto es como todo. Yo he visto chavales que han terminado en Puerto II y Puerto III y otros que hoy son médicos o mecánicos”. Así que “caer en un sistema reforma no es una desgracia, sino que puede ser el punto de inflexión para dar el paso adelante y cambiar tu vida”. Lo que sí ha conseguido esta Ley, “es que el menor sea sujeto de derecho, de forma que es responsable de sus actos y tiene que responder por ellos, aunque sea con un carácter más educativo que sancionador”.
