Multadas 23 empresas en la provincia de Cádiz por tener a trabajadores agrícolas sin dar de alta

La Guardia Civil intensifica la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

Operación contra el fraude a la Seguridad Social en Cádiz.

Empleados agrícolas cobrando el desempleo y trabajando sin estar de alta en la Seguridad Social o extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena en campos de la provincia de Cádiz. Es lo que se ha encontrado la Guardia Civil en el marco de una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Gracias a ella, se ha identificado a 165 personas y se han detectado 23 infracciones. Además, se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida, y se han formulado dos denuncias de caza, dos denuncias por tenencia de droga y tres denuncias por tráfico.

Las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad. 

De las 165 identificaciones en 23 empresas, se ha procedido a la detección de 23 infracciones muy graves por tener a los trabajadores sin dar de alta en el sistema de Seguridad Social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena, así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.

Los servicios de la Inspección de Trabajo formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.

Esto provoca una economía sumergida por lo que conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.

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