El informe pericial solicitado por el juez que investiga la muerte de dos guardias civiles en Barbate concluye que la narcolancha que arrolló la embarcación oficial actuó de forma intencionada, sin reducir la velocidad ni realizar maniobra alguna para evitar la colisión. La resolución técnica describe una trayectoria sin variaciones que derivó en el impacto mortal contra la zódiac en la que se encontraban los agentes.
Según fuentes jurídicas, el estudio elaborado por el perito y ya entregado al juzgado sostiene que el piloto no intentó desviar el rumbo en ningún momento, contradiciendo así la versión del acusado, que aseguraba haber tratado de evitar el choque. La acusación popular considera que estos resultados refuerzan la idea de una acción deliberada, un extremo que será clave en la fase procesal que continúa abierta.
Tal como avanzó Canal Sur, el informe detalla que la narcolancha mantuvo una dirección frontal sin corrección alguna hacia la zódiac de la Guardia Civil. El análisis técnico apunta que el ángulo de aproximación coincidía por completo con la trayectoria de la embarcación oficial, lo que incrementó de forma notable el riesgo de colisión. El documento señala además que el régimen de planeo impedía realizar cualquier maniobra evasiva efectiva.
Piden un juicio popular
En este contexto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación en el caso, ha solicitado que el procedimiento sea juzgado por un tribunal popular. La organización considera que la gravedad de los hechos y los nuevos datos del informe justifican que la ciudadanía participe en la deliberación sobre un episodio que conmocionó a los cuerpos de seguridad.
El impacto, descrito como brutal en el sumario, provocó la muerte inmediata de los agentes Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida. Otros cuatro agentes resultaron heridos, algunos de ellos de consideración.
El procedimiento judicial sigue avanzando tras la entrega voluntaria, el 19 de septiembre de 2024, del piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, de 32 años y nacionalidad marroquí. Un mes más tarde fueron detenidos los otros dos tripulantes, que quedaron en libertad provisional el pasado julio. El juzgado aguardaba el informe ahora conocido, elaborado por un ingeniero especializado, para determinar si existió premeditación en la maniobra que concluyó con la muerte de los agentes.
