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El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel y multas millonarias para Lorenzo Sánchez y el empresario del ladrillo Felipe Castellano, quienes supuestamente tejieron una red de convenios urbanísticos a dedo a cambio de favorecer los negocios particulares del ex regidor.

Lorenzo Sánchez dejó la política a primeros de año después de dos décadas viviendo a costa del erario público mientras, en paralelo, engordaba sus propios negocios particulares. Abandonó la política forzosamente, tras ser expulsado como concejal en un pleno extraordinario convocado en enero de este mismo año debido a su condena de año y medio de cárcel, y trece de inhabilitación para cargo público, por el llamado 'caso Uniformes' —con el que desvió más de 800.000 euros a empresas que controlaban él mismo, su esposa, varios compañeros de partido y un supuesto testaferro—. Alcalde de Rota entre 2003 y 2010, y doce años involucrado en el gobierno local roteño gracias a los pactos entre la formación independiente que lideraba, Roteños Unidos, y el PP, ahora la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel por un presunto delito de cohecho pasivo al adjudicar de forma arbitraria obras públicas y, además, recibir suculentas dádivas para sus propias sociedades por parte del empresario Felipe Castellano, factótum del ladrillo en la localidad de la costa noroeste gaditana y quien se beneficiaba supuestamente de dichos contratos.

Concluida la fase de diligencias previas, el Ministerio Fiscal ha dado a conocer este lunes su petición de penas por los supuestos delitos cometidos en la firma de tres convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Rota, con Lorenzo Sánchez como alcalde. Aparte de Sánchez, también están acusado la ex alcaldesa roteña del PP, Eva Corrales —en aquella época delegada de Planeamiento—; el mencionado empresario Felipe Castellano; el ex concejal del PP, Ismael Puyana, ligado a empresas del exalcalde que supuestamente se beneficiaban de los convenios ilegales; además de las esposas de Sánchez y Puyana, el supuesto testaferro del ex regidor roteño; y el secretario del Ayuntamiento y un técnico municipal, responsables de firmar los informes favorables a los convenios. 

El modus operandi que descibre Fiscalía por parte del exalcalde era sencillo: entregaba obras a dedo a Castellano a cambio de que éste aumentase la contratación que mantenía con las empresas del propio Lorenzo Sánchez y, además, le comprase suministros consistentes, entre otras cosas, en materiales de construcción y equipos de protección valorados en más de medio millón de euros. El escrito del Ministerio Público argumenta que "para la adjudicación arbitraria de licitaciones públicas, Lorenzo Sánchez contó con la estimable colaboración de la delegada de Planeamiento, Eva Corrales, si bien por parte de la misma no se tenía conocimiento que dichas adjudicaciones ilegales tenían como contra prestación que las empresas de Castellano comprasen suministros consistentes entre otras cosas, en materiales de construcción y equipos de protección de las empresas de Lorenzo Sánchez". 

El exalcalde adjudicó a dedo obras municipales como naves nido, un nuevo colegio y un centro de salud

El fiscal, publica el diario digital Rota al día, acusa a Sánchez y Corrales de llevar a cabo actos administrativos necesarios para que el constructor pudiera obtener cuantiosas obras municipales (naves nido, un nuevo colegio público y un centro de salud), "sin sujetarse a ningún procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas, y mediante la firma de varios convenios urbanísticos que venían a enmascarar dichas adjudicaciones a dedo, recibiendo a cambio el ex alcalde un suculento beneficio económico previamente concertado con Felipe Castellano". El resto de acusados están involucrados, bien por fomar parte del entremado empresarial que se beneficiaba de las contrataciones públicos; o por ser técnicos municipales que firmaron favorablemente las adjudiaciones.

El escrito de acusación de Fiscalía solicita para Lorenzo Sánchez una pena de cuatro años de cárcel, multa de un millón de euros y un 22 años de inhabilitación especial para cargo público (doce por un presunto delito continuado de prevaricación y diez años por cohecho pasivo). Además, se le interesa decomiso de 532.851 euros que, según detalla, fueron recibidos por el exalcalde "en concepto de dávida". En el caso de Castellano, la pena solicitada es similar: cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho activo; un millón de multa; y cinco años de inhabilitación especial para cargo público, debiendo indemnizar, además, al Ayuntamiento de Rota con la cantidad de 1.655.279,35 euros. Para el ex concejal del PP, las esposas de ambos políticos, y para el supuesto testaferro, Fiscalía reclama penas, en concepto de cómplices en un presunto delito continuado de cohecho pasivo, de año y medio de prisión, multa de 532.851 euros e inhabilitación especial para cargo público de cinco años.

En el caso de la ex regidora roteña, Eva Corrales, se le solicita una inhabilitación especial para cargo público de doce años como autora de un delito continuado de prevaricación. Corrales ya acumula una pena de cuatro años y medio de cárcel —al igual que Puyana— por el caso 'Horas Extras', en el que se le condenó por encargar trajes del carnaval a un funcionario municipal. Para los otros dos acusados, secretario y técnico municipal, Fiscalía pide nueve años de inhabilitación como cooperadores necesarios en un delito continuado de prevaricación. A la vista de las peticiones de pena por parte del fiscal y de la acusación particular, la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota, determina que se pague una fianza que ronda los 14,8 millones de euros para Lorenzo Sánchez y Felipe Castellano; 13,9 millones de euros en el caso de Eva Corrales; y casi 1 millón de euros para la esposa de Lorenzo Sánchez y el testaferro. Cantidades que, recoge la citada publicación roteña, deberían abonarse en el plazo de 1 día para asegurar las responsabilidades pecunarias que en un futuro pudieran imponérseles. El caso ahora estaría pendiente de remisión de escrito de defensa por las partes y, finalmente, de juicio oral que se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial de Cádiz.

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