Ya casi no queda memoria de aquel tiempo en que la rotonda de entrada a la Base de Rota desde el núcleo urbano, desde el pueblo, no tenía carteles y pancartas. Es la teórica entrada principal. Una larga avenida que cruza varias barriadas desde la playa del Chorrillo hasta lo que sería suelo americano -en realidad, es suelo español, no es como las embajadas, pero en el imaginario colectivo es que uno está entrando aquí como si estuviera en Kentucky-.
Estas pancartas van contra Louis Berger, una empresa a la que da nombre un ingeniero de Massachusetts fallecido en 1996. Cómo iba a saber ese hombre que sería una de las personas más famosas de Rota, a quien incluso han declarado persona non grata en el pleno municipal -no a la persona física, en paz descanse, sino a la persona jurídica del Louis Berger Group, ahora Versar Louis Berger-. Berger persona física, graduado en el MIT, creció tras la Segunda Guerra Mundial. Formó parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, primero diseñando puertos, y luego comandando una base de la Guardia Costera en Groenlandia, recordaba en su obituario The New York Times.
De aquella frialdad a la calidez roteña, quien sigue debiendo mucho a la base de Rota en lo económico. Pero este conflicto que se eterniza desde 2018 ha supuesto una huelga indefinida de 7 años que no tiene visos de acabar. Hay un importante cambio legal: el convenio específico de empresa ha decaído para las nuevas contrataciones, a las que afecta ya el convenio general de España para aeropuertos civiles. Porque estos trabajadores de la Base de Rota se rigen en lo laboral por el derecho español y no por el derecho laboral estadounidense. Por eso, las disputas entre Berger y sus trabajadores se llevan a los juzgados de España.
Aunque la huelga empezó en 2018, en realidad el conflicto viene de 2016. Desde entonces ha habido alrededor de medio centenar de despidos, según denuncian fuentes del comité de empresa, que habla también de "campañas de acoso, sanciones...". Aunque es derecho español, el comité denuncia que la Inspección de Trabajo tiene muchas dificultades para acudir al aeropuerto americano de la base, que hay que rellenar documentación para pedir permiso...
Y es clave para la situación de huelga indefinida durante siete años. "Por motivos de seguridad, de interés en la defensa de España, la OTAN y Estados Unidos, el decreto de servicios mínimos firmado por la Delegación del Gobierno está en el 90%". Una empresa en huelga a la que van a trabajar prácticamente todos los trabajadores. Así, es difícil que la presión prosperen. Todo suma para que se haya encallado el asunto.
Además, según siempre el comité, cada despido viene de la mano de una contratación para regirse por el convenio general de aeropuertos españoles. "Eso supone una merma del salario del 35% aproximadamente, unos 400 o 500 euros menos al mes". Como el convenio específico para Berger no se firma, no se mejoran las condiciones.
Despidos encadenados y dudosos
Dentro de las situaciones de acoso, no se libra lo que afecta a los representantes del comité. "Al anterior presidente lo despidieron. Este mes de julio han hecho lo mismo con el presidente que llegó en enero de 2023". Un nuevo equipo que se las ha visto para intentar desencallar la huelga, era su principal cometido, algo que no ha sucedido. Pero es que el anterior presidente explicaba que le despidieron cuando le tocaba entrar a trabajar en la noche del 10 de julio, mismo día en que se habían reunido para retomar los contactos después de años, con una aparente "buena fe para alcanzar acuerdos, llegando con cosas nuevas a la mesa". De golpe y porrazo, el despido, por causa disciplinaria, y cuyos motivos por el momento no han trascendido, pero sí que ha llegado a los juzgados. Antes ya había habido sanción de varios días.
Hoy, la plantilla total es de 170 trabajadores, de los cuales medio centenar son nuevos con contratos más bajos del nuevo convenio tras realizarse despidos de trabajadores del antiguo convenio. "Esto se soluciona con una reunión". Una mesa, que siente de un lado a España y del otro a Estados Unidos. Un país que en estos momentos no parece en el mejor momento de relaciones con España ni con otros aliados. No solo por los aranceles sino, en lo militar, por la petición hasta ahora negada por Pedro Sánchez que realizó Trump, aumentar el gasto militar hasta el 5%.
"La ministra de Defensa, Margarita Robles, vino hace poco a inaugurar un destructor y presumió de las buenas relaciones con Estados Unidos", recuerdan desde el comité. "Lo que queremos es que las haga valer". A la ministra María Jesús Montero, que visitó Rota hace apenas unos días, también le transmitieron sus demandas. Pero el problema está en que para Defensa, la situación de los trabajadores de Berger es un problema del Ministerio de Trabajo. Y para Trabajo, que atañe también a Defensa. Parece que ni España sabe -o quiere saber- quién debe sentarse de este lado de la mesa, lo cual complica mucho reclamar a los del otro lado.
"Creemos que Berger ha utilizado nuestras demandas para pedir más en los contratos del aeropuerto. Y creemos que están negociando uno nuevo, de ahí que hayan venido a sentarse con la plantilla por primera vez, aunque sea con más despidos, aparte del presidente, otros tres trabajadores". A día de hoy, no se transforma en mejoras para la plantilla, denuncian.
"Son 170 familias de la zona, muchas de Rota. Si pierden un poder adquisitivo del 30%, si pasan a tener contratos cada vez más precarios, eso se va a notar en la comarca. Nosotros, como algunos nos acusan, no estamos contra la Base, al contrario, la queremos, porque es sinónimo de empleo en los últimos 70 años, con acuerdos bilaterales de los que España y Estados Unidos se benefician, y así debe seguir siendo. Lo que queremos es que no estén los trabajadores en el convenio de cualquier aeropuerto español, porque con todos los respetos a ellos, el trabajo que realizamos aquí no tiene nada que ver".