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El conflicto que mantiene en pie de guerra al sector pesquero de El Puerto por el nuevo sistema de cobros y pagos de la lonja portuense ha dado un paso más. Representantes de vendedores, compradores y armadores se reunieron este martes con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, a la que trasladaron los problemas que, según denuncian, vienen sufriendo desde la llegada de Soft Control Informática S.A.
En el encuentro participaron la Asociación de Vendedores de Pescados (Asoven), la Asociación de Compradores (Asodeco) y la Asociación de Armadores, junto a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape). Tras escuchar sus reivindicaciones, Salvador se comprometió a hablar personalmente con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y a pedir información sobre el asunto en el consejo de administración de la institución portuaria, órgano del que forma parte.
El sector busca así nuevas vías para desbloquear una situación que ya provocó un paro con un seguimiento del 100% en las instalaciones pesqueras portuenses y que, según las asociaciones, está teniendo consecuencias directas sobre las ventas y el número de profesionales que operan en la lonja.
Más de 200 solicitudes y críticas al nuevo sistema
Durante la reunión con la alcaldesa, los colectivos expusieron los numerosos problemas que atribuyen al servicio público de gestión de cobros y pagos, adjudicado a Soft Control Informática S.A., empresa madrileña que comenzó a operar el pasado mes de febrero en sustitución de Gesico Sistemas S.L., que había prestado el servicio durante aproximadamente 20 años.
Las asociaciones sostienen que Soft Control no tenía experiencia previa acreditada en la gestión de cobros y pagos de lonjas pesqueras, donde las embarcaciones comercializan sus productos en primera venta, ni tampoco en el cobro de tasas públicas de Puertos del Estado.
Entre las irregularidades que denuncian figuran el supuesto cobro indebido de tasas públicas y recargos de equivalencia, además de la ausencia de los avales que, según explican, contempla el pliego de condiciones tanto para productores como para mayoristas.
El denominado sistema de gestión de avales debería, según el sector, garantizar las ventas efectuadas en la lonja y el mercado. Sin embargo, las asociaciones aseguran que este mecanismo no se ha implantado y que no se han constituido ante los productores avales equivalentes al valor medio de tres días de venta.
A ello añaden otro de los grandes puntos de fricción: los pagos por adelantado que, según denuncian, exige actualmente Soft Control para poder realizar compras. Los colectivos consideran que esta práctica no aparece recogida en el pliego de condiciones y que, en el caso de la lonja, contradice la normativa de ordenación pesquera, que establece pagos al contado en el momento de la venta o pagos respaldados por un aval.
También sostienen que el sistema incumple un acuerdo en cuya elaboración participó la propia Autoridad Portuaria. Según explican, el jefe del Área de Gestión Portuaria redactó el acuerdo alcanzado entre el concesionario y las asociaciones en una reunión celebrada en la sede de la APBC, en el que se establecía que los compradores podrían disponer de seis días para pagar, como ocurría anteriormente.
Las asociaciones aseguran que las ventas han caído cerca de un 50%
El sector vincula directamente este cambio en las condiciones de pago con la pérdida de actividad. A su juicio, obligar a realizar prepagos o ingresos a cuenta limita la capacidad económica de los compradores y está haciendo que muchos profesionales busquen otras lonjas.
Las asociaciones aseguran ahora que existen datos oficiales de producción remitidos por la Dirección General de Pesca y Acuicultura al presidente de Puertos del Estado que reflejan la magnitud del problema. Según el comunicado, el organismo público andaluz trasladó su preocupación por la situación de las instalaciones pesqueras de El Puerto e incluyó una comparación entre los ejercicios 2025 y 2026 que arrojaría una caída cercana al 50% de las ventas y una reducción próxima al 10% de la masa compradora.
- La lonja de El Puerto, en una imagen de archivo.
- -
La situación ya había sido advertida por el presidente de Asodeco, Francisco Rodríguez Morato, en declaraciones este martes a lavozdelsur.es. Morato explicaba que antes operaban "veinte y tantos barcos" y que actualmente lo hacen alrededor de 13 o 14.
La menor presencia de embarcaciones supone, según el sector, menos pescado disponible y un encarecimiento del producto. Paralelamente, también se estaría produciendo una salida de compradores profesionales.
"Los compradores se van a otros puertos. Hemos perdido un 10% o más", aseguraba Morato. Como referencia, citaba unas cuentas elaboradas por la Junta para el periodo comprendido entre febrero y junio, cuando la pérdida de compradores ya alcanzaba, según explicaba, el 8,9%.
Las reclamaciones se acumulan. Asoven, Asodeco y la Asociación Nuevos Armadores aseguran que durante los últimos seis meses han presentado, junto a Faape y la federación nacional Fedepesca, más de 200 solicitudes de inicio de procedimientos administrativos ante la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Según denuncian, ninguna habría dado lugar hasta el momento a la apertura de un expediente ni habría recibido respuesta. La institución portuaria, por su parte, señalaba a lavozdelsur.es que todas las reclamaciones están siendo estudiadas y que "pronto" tendrán respuesta.
El conflicto que mantiene en pie de guerra al sector pesquero de El Puerto por el nuevo sistema de cobros y pagos de la lonja portuense ha dado un paso más. Representantes de vendedores, compradores y armadores se reunieron este martes con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, a la que trasladaron los problemas que, según denuncian, vienen sufriendo desde la llegada de Soft Control Informática S.A.
En el encuentro participaron la Asociación de Vendedores de Pescados (Asoven), la Asociación de Compradores (Asodeco) y la Asociación de Armadores, junto a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape). Tras escuchar sus reivindicaciones, Salvador se comprometió a hablar personalmente con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y a pedir información sobre el asunto en el consejo de administración de la institución portuaria, órgano del que forma parte.
El sector busca así nuevas vías para desbloquear una situación que ya provocó un paro con un seguimiento del 100% en las instalaciones pesqueras portuenses y que, según las asociaciones, está teniendo consecuencias directas sobre las ventas y el número de profesionales que operan en la lonja.
Más de 200 solicitudes y críticas al nuevo sistema
Durante la reunión con la alcaldesa, los colectivos expusieron los numerosos problemas que atribuyen al servicio público de gestión de cobros y pagos, adjudicado a Soft Control Informática S.A., empresa madrileña que comenzó a operar el pasado mes de febrero en sustitución de Gesico Sistemas S.L., que había prestado el servicio durante aproximadamente 20 años.
Las asociaciones sostienen que Soft Control no tenía experiencia previa acreditada en la gestión de cobros y pagos de lonjas pesqueras, donde las embarcaciones comercializan sus productos en primera venta, ni tampoco en el cobro de tasas públicas de Puertos del Estado.
Entre las irregularidades que denuncian figuran el supuesto cobro indebido de tasas públicas y recargos de equivalencia, además de la ausencia de los avales que, según explican, contempla el pliego de condiciones tanto para productores como para mayoristas.
El denominado sistema de gestión de avales debería, según el sector, garantizar las ventas efectuadas en la lonja y el mercado. Sin embargo, las asociaciones aseguran que este mecanismo no se ha implantado y que no se han constituido ante los productores avales equivalentes al valor medio de tres días de venta.
A ello añaden otro de los grandes puntos de fricción: los pagos por adelantado que, según denuncian, exige actualmente Soft Control para poder realizar compras. Los colectivos consideran que esta práctica no aparece recogida en el pliego de condiciones y que, en el caso de la lonja, contradice la normativa de ordenación pesquera, que establece pagos al contado en el momento de la venta o pagos respaldados por un aval.
También sostienen que el sistema incumple un acuerdo en cuya elaboración participó la propia Autoridad Portuaria. Según explican, el jefe del Área de Gestión Portuaria redactó el acuerdo alcanzado entre el concesionario y las asociaciones en una reunión celebrada en la sede de la APBC, en el que se establecía que los compradores podrían disponer de seis días para pagar, como ocurría anteriormente.
Las asociaciones aseguran que las ventas han caído cerca de un 50%
El sector vincula directamente este cambio en las condiciones de pago con la pérdida de actividad. A su juicio, obligar a realizar prepagos o ingresos a cuenta limita la capacidad económica de los compradores y está haciendo que muchos profesionales busquen otras lonjas.
Las asociaciones aseguran ahora que existen datos oficiales de producción remitidos por la Dirección General de Pesca y Acuicultura al presidente de Puertos del Estado que reflejan la magnitud del problema. Según el comunicado, el organismo público andaluz trasladó su preocupación por la situación de las instalaciones pesqueras de El Puerto e incluyó una comparación entre los ejercicios 2025 y 2026 que arrojaría una caída cercana al 50% de las ventas y una reducción próxima al 10% de la masa compradora.
- La lonja de El Puerto, en una imagen de archivo.
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La situación ya había sido advertida por el presidente de Asodeco, Francisco Rodríguez Morato, en declaraciones este martes a lavozdelsur.es. Morato explicaba que antes operaban "veinte y tantos barcos" y que actualmente lo hacen alrededor de 13 o 14.
La menor presencia de embarcaciones supone, según el sector, menos pescado disponible y un encarecimiento del producto. Paralelamente, también se estaría produciendo una salida de compradores profesionales.
"Los compradores se van a otros puertos. Hemos perdido un 10% o más", aseguraba Morato. Como referencia, citaba unas cuentas elaboradas por la Junta para el periodo comprendido entre febrero y junio, cuando la pérdida de compradores ya alcanzaba, según explicaba, el 8,9%.
Las reclamaciones se acumulan. Asoven, Asodeco y la Asociación Nuevos Armadores aseguran que durante los últimos seis meses han presentado, junto a Faape y la federación nacional Fedepesca, más de 200 solicitudes de inicio de procedimientos administrativos ante la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Según denuncian, ninguna habría dado lugar hasta el momento a la apertura de un expediente ni habría recibido respuesta. La institución portuaria, por su parte, señalaba a lavozdelsur.es que todas las reclamaciones están siendo estudiadas y que "pronto" tendrán respuesta.
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