El gobierno de El Puerto ha expresado su apoyo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, después de que la plantilla denunciara retrasos e incumplimientos en el abono de sus nóminas por parte de la empresa concesionaria.
El teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, se ha reunido con ellas para trasladarles el compromiso firme del Ayuntamiento de defender sus derechos laborales y garantizar que este servicio esencial se preste en condiciones dignas. Bello ha acompañado personalmente a las cuidadoras en sus reivindicaciones y les ha invitado a participar en el encuentro celebrado con la empresa en las dependencias de Bienestar Social. En esa reunión también ha estado presente la concejal del área, Carmen Lara.
Durante la cita, la empresa reconoció errores en la gestión de los pagos y se comprometió a subsanar las incidencias, asegurando mayor puntualidad en el abono de los salarios. El propio Bello quiso agradecer “el tono constructivo y el esfuerzo de diálogo mostrado tanto por las trabajadoras como por la empresa”, subrayando que el gobierno municipal vigilará “muy de cerca” que los compromisos adquiridos se cumplan.
Las trabajadoras alzaron la voz
Las trabajadoras consideraban que el acuerdo alcanzado resultaba insuficiente y luchaban por mejorar las condiciones. Denuncian que, tras años de lucha, huelgas y escritos desde 2006, lo pactado “ha servido solo para mejorar la imagen de la empresa, del actual gobierno local y de la parte del comité de CCOO, y no para mejorar las condiciones laborales del resto de la plantilla”. Además, advierten de que “de este acuerdo no hay nada definitivo” y que la situación podría volver a complicarse en unos meses, una vez caduque el pliego.
El conflicto partía de la exigencia de ampliar y estabilizar la jornada laboral en 35 horas semanales. No obstante, más del 90% de la plantilla sigue con contratos parciales de entre 20 y 30 horas. Según denuncian, los nuevos servicios no se asignan respetando la antigüedad ni los turnos, sino mediante contratos temporales que precarizan aún más su situación.
Actualmente, únicamente 19 de las 120 trabajadoras podrían alcanzar jornada completa y, además, se exigía evitar críticas públicas a la empresa. También denuncian presiones del comité de CCOO para firmar el acuerdo, asegurando haber sufrido insultos y moving por reclamar que se cumpla la prevención de riesgos laborales, se paguen las horas extras y se cree una bolsa de empleo para cubrir picos de actividad.
