Ecologistas en Acción ha mostrado públicamente su sorpresa y malestar por la respuesta de la dirección de la empresa municipal Apemsa a la denuncia presentada la pasada semana. La organización había alertado de malos olores en las playas de Las Murallas, El Aculadero y La Calita, que atribuyen a los vertidos de la depuradora EDAR Las Galeras en aguas de la Bahía de Cádiz.
Según los ecologistas, la empresa municipal se ha limitado a descalificar la información difundida, pese a que esta se apoya en datos oficiales, sin aportar ni una sola prueba que demuestre que la estación depuradora está funcionando de manera adecuada.
Las críticas no son nuevas. Ecologistas en Acción sostiene que los análisis realizados por la Junta de Andalucía, disponibles públicamente en la Rediam, confirman que los vertidos "incumplen de forma reiterada la normativa vigente".
En cambio, Apemsa asegura que cumple con los límites de calidad de las aguas depuradas recogidos en su autorización de vertido. Pero, según los datos difundidos por los ecologistas, esto es “rotundamente falso”.
La autorización fija unos valores máximos de contaminación muy concretos: 25 mg/l de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), 125 mg/l de DQO (Demanda Química de Oxígeno) y 35 mg/l de sólidos en suspensión. En 2024, el efluente de Las Galeras superó la DBO en un 77,27% de las muestras, la DQO en un 70,83% y los sólidos en suspensión en un 45,83%.
“Esto demuestra que el agua que vierte Las Galeras está contaminada, con altas concentraciones de materia orgánica y sólidos en suspensión”, afirman. Estos elementos provocan, respectivamente, malos olores y turbidez en las aguas. Los informes repiten este mismo “resultado catastrófico” cada año.
Apemsa también insiste en que cumple los porcentajes de reducción de los parámetros de contaminación. Pero, según los ecologistas, los números vuelven a contradecir a la compañía. Mientras la reducción de la DBO sí alcanzó el 70% exigido, en el caso de la DQO solo se cumplió en un 33,4% de las muestras, y en el de los sólidos en suspensión, apenas en un 20,9%.
“Las Galeras no cumple ni por parámetro ni por rendimiento”, sentencian los ecologistas, que califican la gestión de Apemsa y de su socio privado Aqualia como un “fracaso absoluto” con consecuencias ecológicas y económicas para el municipio.
Múltiples sanciones contra Apemsa
Ecologistas en Acción acusa a la empresa de mentir también en lo relativo a expedientes sancionadores. La Junta de Andalucía, aseguran, ha incoado múltiples sanciones contra Apemsa por incumplir la normativa de depuración. Incluso se citan resoluciones en las que se señala expresamente que se superaron los valores límite en los vertidos.
Más allá de las sanciones, recuerdan que una auditoría del Tribunal de Cuentas concluyó que el rendimiento de la EDAR implicaba verter al mar aguas residuales con “calidad muy deficiente”, generando riesgos para el uso de las playas como zonas de baño.
De hecho, en los informes bianuales que España remite a la Unión Europea, la EDAR Las Galeras aparece sistemáticamente como “no conforme por carga orgánica”.
El choque entre ambas partes llegó incluso a los tribunales. Apemsa demandó a Ecologistas en Acción por injurias, reclamando 150.000 euros. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cádiz absolvió a la asociación, considerando que la información era veraz, de interés público y relacionada con un servicio fundamental costeado por los ciudadanos. "Apemsa quedó totalmente en ridículo", exponen los ecologistas.
Para Ecologistas en Acción, todo esto confirma que la gestión privada de la EDAR por parte de Aqualia "ha sido un fracaso". Recuerdan que desde la semiprivatización de la empresa municipal en 2014, la compañía ha recibido más de seis millones de euros por supuestas mejoras tecnológicas que, a su juicio, “no se reflejan en la depuración”.
La organización reclama ahora que Apemsa rescinda el contrato con Aqualia y asuma la gestión directa de la depuradora, destinando ese dinero a la reforma urgente que necesita la instalación.
Mientras tanto, la empresa municipal mantiene que la depuración cumple con los requisitos legales, que no existen riesgos medioambientales y que siguen invirtiendo para mantener “la máxima eficiencia”.