El Ayuntamiento de El Puerto ha hecho balance del primer año de la restricción legal de pisos turísticos y ha asegurado que la cifra se mantiene bajo control. El pasado marzo de 2025 se produjo una suspensión de nuevas licencias, por lo que sumada a las que ya no siguen con ella en vigor, la cifra total está en descenso. Germán Beardo ha defendido la estrategia adoptada por el Ayuntamiento y ha subrayado el objetivo que perseguía desde el inicio. “Hace ahora un año iniciamos este proceso con un objetivo claro: garantizar que los portuenses puedan vivir en su ciudad. Hoy podemos afirmar que el crecimiento de las viviendas de uso turístico está limitado y bajo control, con plena seguridad jurídica y dentro del marco que nos permite la normativa autonómica”.
El proceso comenzó el 7 de marzo de 2025, cuando el pleno municipal aprobó la suspensión temporal de nuevas autorizaciones de VUT, una decisión adoptada al amparo del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. En aquel momento, El Puerto contaba con 1.870 viviendas de uso turístico autorizadas. Desde entonces, se han producido alrededor de 70 cancelaciones de inscripción en el Registro Autonómico, tanto por resoluciones directas de la Consejería competente como de la Delegación Territorial.
Como resultado, el número de viviendas inscritas ha pasado a situarse en 1.855, una cifra que refleja, según el Ayuntamiento, que no se han producido nuevas altas al margen del régimen transitorio contemplado en la norma. El descenso podría deberse, según apuntan desde el Consistorio, a propietarios que han optado por alquilar sus viviendas para largas temporadas o dejar de destinarlas al uso turístico. Para el alcalde, la suspensión ha permitido disponer de herramientas efectivas para contener el fenómeno. “Esta medida nos ha dotado de herramientas reales para frenar la expansión descontrolada. No estamos en contra del turismo, pero sí apostamos claramente por reforzar el uso residencial del parque de viviendas y garantizar un desarrollo ordenado y sostenible”, ha afirmado Beardo.
Más control a los ilegales
De forma paralela a la limitación de nuevas licencias, el Ayuntamiento ha reforzado el control sobre la oferta ilegal o irregular de viviendas turísticas. Para ello se firmó un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es intensificar la vigilancia de alojamientos que no estén inscritos en el registro oficial o incumplan la normativa. Fruto de ese acuerdo se ha creado una comisión de seguimiento en la que participan la Consejería competente —a través de la Delegación Territorial— y el Ayuntamiento, con presencia de las áreas municipales de Turismo y Urbanismo.
Este grupo se reúne periódicamente para analizar la evolución del sector, compartir información y coordinar actuaciones, lo que permite mejorar la integración de los sistemas de datos y actuar con mayor rapidez ante posibles incumplimientos. Además, dentro de este dispositivo se ha incorporado el apoyo del Grupo Titán, una unidad especializada de la Policía Adscrita en Andalucía creada en octubre de 2025 con el objetivo de combatir el fraude y la competencia desleal en el ámbito de las viviendas turísticas. Este equipo desarrolla tareas de cibervigilancia en plataformas digitales, rastreando anuncios para detectar alojamientos que se oferten sin licencia o que presenten irregularidades. La labor incluye un ciber patrullaje constante para localizar viviendas publicadas en portales de alquiler turístico sin cumplir la normativa vigente. La teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, ha destacado que estas actuaciones se enmarcan en una estrategia conjunta entre administraciones. “Las viviendas turísticas deben ajustarse a la compatibilidad urbanística que establezca El Puerto y responder a un modelo equilibrado entre residentes y visitantes”, ha señalado.
El gobierno municipal recuerda que la suspensión temporal de nuevas VUT tiene una duración máxima de tres años y se mantendrá mientras se elabora el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este documento urbanístico será el encargado de definir cómo se compatibiliza el uso turístico con el residencial, introduciendo medidas que permitan regular la presencia de estas viviendas según zonas o tipos de edificaciones. La intención es aplicar criterios de necesidad y proporcionalidad, de manera que la planificación urbanística pueda adaptarse a las características de cada área del municipio.