Diputación cierra la gestión tributaria de 2023: por multas de tráfico gestionó 22 millones

El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria ha cerrado los resultados del pasado año con 448 millones recuadados. Para el ente provincial expone que “es un sistema esencial para que los ayuntamientos dispongan de liquidez inmediata”

Sebastián Hidalgo, responsable del Área de Recaudación y Gestión Tributaria.
Sebastián Hidalgo, responsable del Área de Recaudación y Gestión Tributaria.

El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación ha cerrado los resultados del año 2023. En dicho ejercicio los ingresos fiscales de los municipios que encomiendan o delegan la gestión de sus tributos en la institución provincial se cifran en 447.984.892,24 euros. Esta cuantía se alcanza tras sumar las liquidaciones resueltas en periodo voluntario -y que llegaron a los 373.253.615,76 euros- y las procedentes de la vía ejecutiva, que ascendieron a 74.731.276,48 euros.

“Los resultados son satisfactorios y acreditan que el Servicio Provincial de Recaudación es un sistema esencial para que los ayuntamientos dispongan de liquidez inmediata”. Así lo valora el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios, Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo. La cobertura del servicio provincial propicia a los ayuntamientos disponer de anticipos con cargo a las estimaciones de recaudación

En la actualidad el Servicio Provincial de Recaudación mantiene 69 convenios con diferentes entidades y organismos. En esta relación se incluyen 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz -todos, salvo el de la capital gaditana- que delegan o encomiendan la gestión completa o parcial de sus figuras tributarias, o bien acuerdan su asistencia en materia de inspección o en el ámbito de las sanciones de tráfico o administrativas.

El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se ramifica en 47 oficinas. El personal adscrito a esta red atendió el año pasado 192.000 citas, asignadas a través del programa de cita previa. “Profesionales que son claves a la hora de comunicar la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, como base para sostener servicios públicos de calidad”, valora Sebastián Hidalgo.

Avance de los medios tecnológicos

La mayor parte de los ingresos fiscales se transfieren a través de las domiciliaciones bancarias (más de un millón y medio de domiciliaciones se anotan en 2023). Por esta vía se liquidaron tributos por un un importe de 203.695.273,72 euros que, en términos relativos, suponen un 45 por ciento de la recaudación total del último ejercicio.

Junto a la estabilidad de las domiciliaciones en entidades financieras, también destaca el crecimiento de las operaciones resueltas por medios tecnológicos. En el segundo semestre se incorporó la posibilidad del pago de impuestos a través de la aplicación Bizum; una experiencia que ha permitido el pago de 13.532 recibos que han comportado ingresos de 1.878.951,09 euros, sólo entre julio y diciembre de 2023.

Además, mantienen un óptimo rendimiento herramientas de acreditada solvencia como la aplicación DipuPay, por la que se liquidaron 75.827 recibos que supusieron 8.771.708,93 euros, así como los pagos efectuados por sede electrónica que comportaron ingresos por 18.597.708 euros. La suma de los resultados de DipuPay más los procedentes de sede electrónica superan a los del año 2022 en más de 2,5 millones de euros.

Asistencia en gestión tributaria, inspección y sanciones

Recaudación resuelve servicios de asistencia técnica como con los nuevos hechos imponibles que deben incorporarse a los padrones y listas cobratorias a través de una revisión. Una tarea que requiere personal suficiente y la disposición de bases de datos actualizadas. Al respecto, en 2023 se resolvieron casi 340.000 liquidaciones, autoliquidaciones y recibos por un importe que superó los 83 millones de euros para las haciendas locales.

En materia de inspección se solventaron más de 10.200 liquidaciones que posibilitaron ingresos cercanos a los 7,5 millones de euros. Las sanciones de tráfico gestionadas el año pasado repercutieron en más de 22,4 millones de euros, mientras que las sanciones administrativas comportaron casi 850.000 euros para los ayuntamientos.

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Josema Valle

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