La presidenta de la institución provincial, Irene García, hace balance a mitad de mandato: “Hemos pretendido dirigir y gestionar a través de una nueva forma de gobernanza, de un liderazgo compartido".

"Sin triunfalismos", pero apuntando que están "siendo útiles a la gente", la presidenta de Diputación, Irene García, y sus vicepresidenntes Juan Carlos Boix y Maribel Peinado, hacen balance de los dos primeros años del mandato al frente de la institución provincial, que está siendo presidida por una mujer por primera vez en su historia. Su proyecto, incide García, pasa por “sacar a la Diputación de la irrelevancia en que había caído durante los cuatro años anteriores” y, por otro, por ponerla al servicio de la “materialización de un proyecto de provincia basado en la cooperación con los municipiosbajo el compromiso de la autonomía municipal”.

La fotografía de García junto a Ruiz Boix y Peinado es, para la presidenta de Diputación, la expresión de “un trabajo coordinado y leal entre las dos formaciones políticas que sustentan a este gobierno”, que es fruto de la alianza entre PSOE y Partido Andalucista, y desde el que pretenden “lograr una provincia más cohesionada tanto en lo que refiere a las personas como a los territorios”. El gobierno de la institución provincial asegura que, en la lucha contra el desempleo, se han puesto en marcha iniciativas de gran calado, como son las tres ediciones del Plan de Cooperación Local, que han movilizado más de 12,5 millones de euros para generar contratos entre personas desempleadas en riesgo de exclusión social en los municipios menores de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas (ELA). También se ha puesto en marcha el Plan Invierte 2016 con recursos propios procedentes del remanente del ejercicio 2015.

La Diputación también aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia, dotado con 1,6 millones de euros para favorecer el emprendimiento; se han firmado convenios de colaboración con las tres Cámaras de Comercio de la provincia para facilitar la apertura de las empresas gaditanas al mercado exterior; y se ha conseguido reducir el período medio de pago a los proveedores a 26 días (según el indicador del pasado mes de abril). Irene García apunta que desde el gobierno provincial también se ha hecho una “defensa a ultranza” de los sectores esenciales del tejido productivo gaditano, citando a la pesca, la agricultura, la construcción naval, las almadrabas o el turismo: "Ningún miembro de mi gobierno ha buscado excusas argumentando que estas materias no son competencia de la Diputación".

Además, García destaca la implicación de la Diputación en el buen desarrollo de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), para lo que se ha creado una Oficina de Información desde la que asesorar a cualquier emprendedor interesado en el acceso a sus líneas de financiación. El gobierno provincial también ha incrementado el presupuesto en materia de servicios sociales, “consolidando su antiguo papel como prestadora de políticas, y esencialmente de políticas sociales”. Para ello se han puesto en marcha iniciativas novedosas como el Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética o el Consejo Provincial de Igualdad.

Por otra parte, se ha procedido a la mejora de la gestión y el fortalecimiento del servicio provincial de recaudación y gestión tributaria, que ya gestiona en todo o en parte los tributos y tasas de 43 de los 44 municipios de la provincia. Se ha consolidado el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras y se ha mejorado la cobertura del Programa de Fomento del Empleo Agrario. Tampoco se ha olvidado Irene García del desbloqueo del histórico contencioso de Valcárcel, en Cádiz capital.

“Hemos pretendido dirigir y gestionar a través de una nueva forma de gobernanza, de un liderazgo compartido que ha tenido su reflejo en la reactivación del Consejo Económico y Social. Hemos apostado por la participación y por la transparencia”, ha aseverado la presidenta. No obstante, ha concluido diciendo que “a este Gobierno le motiva que todavía hay muchas cosas por hacer. No somos conformistas y somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos”. Y para que este trabajo tenga la máxima proyección, ha vuelto a reclamar que el Gobierno de la Nación autorice a las corporaciones locales, y entre ellas a la Diputación de Cádiz, a invertir libremente el remanente del ejercicio 2016, de forma que se puedan dedicar los 23 millones de euros disponibles “a combatir el desempleo y a dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos y ciudades”.

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