El Consejo Consultivo de Andalucía dio la razón en mayo pasado, como adelantó lavozdelsur.es, al Ayuntamiento de Algar, municipio de la provincia de Cádiz gobernado por el PSOE que no llega a los 2.000 habitantes, en su pelea para resolver el contrato de explotación privada del complejo turístico público del Tajo del Águila por los incumplimientos de la concesionaria, Algar Aguas de Cádiz SA —con sede en Jerez y en cuyo accionariado figuran destacados empresarios de la provincia—, que arrastra deudas de unos 200.000 euros con el Consistorio algareño en concepto del canon estipulado en la adjudicación correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. Desde entonces, ya con el complejo turístico clausurado, una vez más son los trabajadores y los proveedores los principales afectados por esta gran tajada que ha acabado en guerra judicial.
El PP planteará a la Diputación de Cádiz en el próximo pleno que se haga cargo del Tajo del Águila tras el reciente cierre del complejo turístico por diferencias entre el Ayuntamiento de Algar y la empresa concesionaria, que como se ha dicho han acabado en el juzgado. En un comunicado, el portavoz del grupo popular en Diputación, José Loaiza, ha pedido que la institución provincial estudie otras fórmulas como una nueva licitación o la cesión a la Junta de Andalucía para su gestión y explotación. "Siempre que sea garantizando los puestos de trabajo de las trabajadoras afectadas, ha remarcado.
Loaiza ha señalado que la moción es fruto del compromiso adquirido con los vecinos en una asamblea que organizó el portavoz del PP de Algar, José Carlos Sánchez, el pasado 31 de octubre. En la iniciativa del PP, la formación popular señala que el cierre del Tajo del Águila tiene su origen en las desavenencias entre el Ayuntamiento de Algar y Aguas de Cádiz SL a partir de un pleno municipal, en septiembre de 2014.
En aquel entonces, el gobierno municipal propuso la prórroga de la concesión sin exigirle a la empresa que liquidara la deuda acumulada con la administración local, 200.000 euros en concepto de canon más intereses, ni los intereses de demora, aceptando condonar el 80 por ciento del canon a cambio de futuras inversiones que, sin embargo, no se contemplaban ni en el pliego ni en el contrato.
Aquel pleno contó con un informe desfavorable de la interventora municipal, alertando de la improcedencia de prorrogar dichos contratos por, entre otras cosas, existir impago del canon los tres últimos años y modificar sustancialmente los términos de los mismos, y el acuerdo, aprobado con los votos del PSOE, acabó en los juzgados. En la actualidad, la alcaldesa y cuatro concejales están siendo investigados por un posible delito de prevaricación.
Además del informe desfavorable de la interventora municipal, el Consejo Consultivo de Andalucía y los servicios jurídicos de Diputación dictaminaron con posterioridad que la prórroga aprobada por el Gobernó local es improcedente. Finalmente, la empresa concesionaria reclamó al Ayuntamiento resolver el contrato de mutuo acuerdo, abriéndose un nuevo litigio que se ha resuelto con el cierre del complejo y con el despido de tres trabajadoras, el perjuicio a proveedores y empresas subcontratadas y con la preocupación de un pueblo que sabe la importancia del Tajo del Águila para el desarrollo económico y social del municipio.
Por ello, Loaiza y Sánchez han asegurado que el cierre les ha sorprendido, "en especial porque ni la alcaldesa, María José Villagrán (PSOE); ni su equipo han previsto una solución alternativa, en su línea de falta de transparencia y participación en lo referente al complejo turístico", han abundado. Por todo ello, el PP, tal y como acordó con los vecinos, planteará que Diputación se haga cargo del Tajo del Águila y estudie opciones como licitar nuevamente la explotación del complejo o cederlo a la Junta, garantizando el mantenimiento del empleo. "El Tajo del Águila es un tesoro escondido entre dos parques naturales y un elemento clave en el desarrollo económico y social de Algar, la Sierra y la provincia", ha reseñado Loaiza.
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