El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) critica en un comunicado que durante los meses de abril y mayo se contrató a 24 trabajadores con un contrato cuyo marco jurídico permitía mantenerlos en nómina hasta los mismos meses del año que viene, pero la institución ha decidido extinguir esos contratos a día 30 de octubre, es decir seis y siete meses antes de su posible duración máxima, sin tener articulado ningún otro instrumento o mecanismo legal que permita atender eventuales bajas que se puedan causar por contagios y que obliguen la aplicación de protocolos de aislamiento preventivo, bajas y/o cuarentenas.
El comité de empresa, órgano que representa el interés de todos los trabajadores del CAZG, asiste preocupado a esta decisión, que considera contraria a toda razón objetivamente apreciada, pues el “riesgo de contagio de la plantilla en tanto dure el riesgo de la misma -infección- y la posibilidad de aislamiento”, que se configura como objeto cierto de esos 24 contratos no ha decaído. Muy al contrario, entiende que es más critica de lo que lo fue durante el estado de alarma.
Los sindicatos presentes en el ámbito consorcial han advertido a la alta dirección de Consorcio sobre la necesariedad de mantener dichos contratos, pero hasta el momento no parece que tales manifestaciones vayan a ser atendidas satisfactoriamente, pues la entidad mantiene su temeraria decisión. "Ante esa indolencia de la alta dirección del servicio público de carácter esencial, cuya continuidad de funcionamiento está obligado a garantizar con sometimiento a la legalidad, este comité de empresa ha remitido escrito a cada uno de los 19 alcaldes y alcaldesas del ámbito supramunicipal para que conozcan la situación y, apelando a su responsabilidad política, intercedan e incidan positivamente y a la mayor premura, para que la alta dirección del CAZG cambie su postura y acceda a llevar los contratos de estos 24 trabajadores a su máxima vigencia legal, lO cual redundara en beneficio de la garantía de mantenimiento del servicio", señalan desde la representación de los trabajadores.
La sección sindical de UGT y el comité de empresa recuerdan que "es responsabilidad de los primeros ediles municipales, a través de la entidad supramunicipal consorcial, garantizar el funcionamiento, de forma regular y continua de este servicio público de carácter esencial, asegurando la prestación de una utilidad singular a los ciudadanos y que satisface también una necesidad general que se considera esencial para el funcionamiento de la sociedad de buena parte de la provincia de Cádiz".
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana engloba a cerca de un millón de habitantes de los 19 municipios consorciados, como son Algar, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.
"La situación que motivó a CAZG a disponer las medidas de contingencia necesarias para cubrir cualquier vacante no solo no ha decaído, es aún más grave y, sin embargo, sin dar ninguna explicación el Consorcio hace un cambio de tercio que compromete seriamente a continuidad del servicio, prescindiendo de casi el 20% de los efectivos con que cuenta en estos momentos (pasarán de 138 a 114 trabajadores)", critica el comité. "La aplicación de los procedimientos preventivos aprobados por las autoridades sanitarias, y los propios procedimientos asumidos por el Consorcio, llevarán en caso de eventuales contagios a bajas laborales, activándose cuarentenas y aislamientos preventivos, que sin duda comprometerán la atención de instalaciones escasas de personaly, con ello, el abastecimiento de agua potable a casi un millón de usuarios".
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