Chiclana, el municipio que más crece en población de la provincia de Cádiz, es también uno de los que tiene un mayor número de viviendas ilegales, construidas año tras año en suelo rústico. Una enorme mancha que se extiende por todo el municipio, con el consiguiente aumento del coste en la prestación de los servicios públicos —y a veces, en el daño medioambiental—.
Un diseminado que crecre especialmente en lo que el alcalde José María Román llama la Chiclana con jardín. Ante esta realidad, y consciente de que muchas de estas construcciones no podrán ser demolidas, el gobierno municipal ha redoblado la presión para que la bolsa de viviendas ilegales no vaya en aumento.
Por ello, la primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, han comparecido en rueda de prensa este miércoles para informar de las acciones que desde el Ayuntamiento de Chiclana se están llevando a cabo en materia de disciplina urbanística. En este sentido, a expensas de que entre en vigor el nuevo PGOU y que se culmine la figura de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), que es la figura para muchas de las viviendas que se construyeron en suelo rústico que a día de hoy tiene clara vocación urbana, el Ayuntamiento ha dado la voz de alerta con una denuncia pública sobre la complicidad que está encontrando en notarías de la ciudad, a la hora de inscribir parcelaciones ilegales.
El Consistorio, que pide auxilio a la Junta, ha aumentado la presión en inspecciones, precintados y traslados a Fiscalía de actuaciones de construcción en suelo rústico del municipio, especialmente tras detectarse "en los últimos meses un incremento notable de las parcelaciones, así como la venta de parcelas en suelo rústico". Del mismo modo, se ha aprobado el Plan Anual Normativo para el presente año 2024, que incluye el Plan Municipal de Inspección Urbanística, que llevará consigo el personal correspondiente. "Este Plan se llevará al próximo Consejo Local de Urbanismo, que se va a celebrar el martes 12 de marzo", ha explicado Ana González.
Por su parte, Rodolfo Pérez ha resaltado que, en materia de disciplina urbanística, "seguimos con las visitas de inspección con el levantamiento de las correspondientes actas, la paralización de las obras si no tienen licencia, el precinto de las mismas para evitar que continúen avanzando, así como la incoación de los respectivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores". Y, en su caso, "el traslado de la mayor parte de los casos a la Fiscalía, por si pudieran constituir algún tipo de delito", ha añadido.
"Podemos comprobar que a la división horizontal sigue la división física, con el levantamiento de vallados"
En cuanto al auge de las parcelaciones ilegales, los responsables municipales han denunciado públicamente que "entendemos que esto se debe a que se está autorizando en escritura pública compras de parcelaciones indivisas en terrenos clasificados como suelo rústico, es decir, los propietarios van a Notaría para su elevación a escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad". Pérez ha aclarado que, "a nuestro entender, lo que está ocurriendo es que las notarías están incumpliendo los artículos 20 y 91 de la Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio), que expresan claramente que quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico y que no podrán autorizarse o inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la perceptiva licencia municipal".
"Una vez que hemos constatado esto, podemos comprobar que a la división horizontal sigue la división física, con el levantamiento de vallados", ha indicado el delegado de Urbanismo, quien ha explicado que “hemos dado traslado a las notarías de la ciudad este asunto, en el que se está incumpliendo dos artículos de la Lista. Y también hemos dado traslado a la Consejería de Fomento a los efectos que corresponda, puesto que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna para decir a las notarías qué pueden hacer o no, mientras que las competencias urbanísticas corresponden a la Junta de Andalucía".
"Así pues, estamos haciendo lo que desde el Ayuntamiento se puede hacer dentro de sus competencias para prevenir las parcelaciones y actos ilegales en suelo rústico", ha ultimado el responsable municipal.
Comentarios (1)