CCOO abre una batalla judicial para intentar tumbar el convenio del metal de Cádiz: las reacciones a su demanda
La denuncia sostiene que se modificaron varios artículos del convenio tras su negociación; UGT asegura que no hubo alteraciones y defenderá su actuación ante la Justicia
CCOO Industria Cádiz ha presentado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda de impugnación del convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz al considerar que durante su tramitación se produjeron modificaciones irregulares del texto. El sindicato sostiene que la patronal Femca y UGT introdujeron cambios en distintos artículos sin el consenso de toda la representación presente en la mesa negociadora.
La organización sindical asegura que la decisión llega después de un trabajo de recopilación de información y del análisis de las quejas trasladadas por trabajadores afectados por el convenio. Según mantiene, durante el funcionamiento de la comisión mixta paritaria se acordaron modificaciones y textos alternativos que, a su juicio, respondían a los intereses de los firmantes y se realizaron sin contar con CCOO Industria Cádiz.
El sindicato recuerda que no suscribió el convenio y, por tanto, no forma parte de la comisión paritaria. Aun así, sostiene que ese órgano tiene como única función interpretar y aclarar el contenido del convenio, pero no modificarlo, por lo que considera que se excedieron sus competencias.
Manifestante del sector del metal alza las manos durante una protesta.
José María Reyna
En la demanda presentada ante el TSJA, CCOO señala que los cambios afectaron a los artículos 10, 19, 20, 24, 25, 27 y 40, además de las disposiciones tercera y sexta. La organización subraya que esas modificaciones se realizaron sin la participación de CCOO, pese a formar parte de la mesa de negociación del convenio.
El secretario general de CCOO Industria Cádiz, Pedro Lloret, afirma que la organización llevaba tiempo recopilando información y atendiendo las numerosas reclamaciones de trabajadores afectados. A su juicio, la firma del convenio se produjo con precipitación para facilitar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, una situación que, según sostiene, desembocó posteriormente en la aparición de un nuevo texto publicado meses después sin que el sindicato tuviera conocimiento previo.
Lloret asegura que el análisis realizado junto con la Federación de Industria de Andalucía y el gabinete jurídico de CCOO llevó a la conclusión de presentar la demanda de impugnación ante el alto tribunal andaluz. El responsable sindical defendió que el objetivo de esta iniciativa es buscar lo que considera "justicia social y sindical" respecto al convenio.
La respuesta de los otros sindicatos
Frente a estas acusaciones, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, explica que la organización ha conocido la presentación de la demanda a través de los medios de comunicación y que, por el momento, está a la espera de recibir el contenido completo de la misma para poder valorarla. No obstante, defendió la legalidad del proceso seguido durante la negociación y aprobación del convenio.
Montoro rechaza que la comisión paritaria haya modificado los artículos a los que hace referencia CCOO y asegura que no existe ningún acta de ese órgano en la que se recojan los supuestos cambios denunciados. Además, insistió en que el convenio fue negociado y firmado con total transparencia, ya está publicado e incluso distribuido en formato impreso, por lo que expresó su confianza en que la documentación acreditará la corrección del procedimiento.
También se ha pronunciado sobre la controversia Diego Rodríguez, representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), quien sostiene que los convenios del sector en la provincia de Cádiz de las últimas décadas se han firmado sin la aprobación directa del conjunto de los trabajadores. Rodríguez afirma que, si existen fundamentos jurídicos para impugnar el convenio actual, considera positiva esa iniciativa, aunque lamenta que no haya mecanismos legales para exigir que este tipo de acuerdos cuenten con el respaldo expreso de los trabajadores antes de su firma.
CCOO Industria Cádiz ha presentado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda de impugnación del convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz al considerar que durante su tramitación se produjeron modificaciones irregulares del texto. El sindicato sostiene que la patronal Femca y UGT introdujeron cambios en distintos artículos sin el consenso de toda la representación presente en la mesa negociadora.
La organización sindical asegura que la decisión llega después de un trabajo de recopilación de información y del análisis de las quejas trasladadas por trabajadores afectados por el convenio. Según mantiene, durante el funcionamiento de la comisión mixta paritaria se acordaron modificaciones y textos alternativos que, a su juicio, respondían a los intereses de los firmantes y se realizaron sin contar con CCOO Industria Cádiz.
El sindicato recuerda que no suscribió el convenio y, por tanto, no forma parte de la comisión paritaria. Aun así, sostiene que ese órgano tiene como única función interpretar y aclarar el contenido del convenio, pero no modificarlo, por lo que considera que se excedieron sus competencias.
Manifestante del sector del metal alza las manos durante una protesta.
José María Reyna
En la demanda presentada ante el TSJA, CCOO señala que los cambios afectaron a los artículos 10, 19, 20, 24, 25, 27 y 40, además de las disposiciones tercera y sexta. La organización subraya que esas modificaciones se realizaron sin la participación de CCOO, pese a formar parte de la mesa de negociación del convenio.
El secretario general de CCOO Industria Cádiz, Pedro Lloret, afirma que la organización llevaba tiempo recopilando información y atendiendo las numerosas reclamaciones de trabajadores afectados. A su juicio, la firma del convenio se produjo con precipitación para facilitar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, una situación que, según sostiene, desembocó posteriormente en la aparición de un nuevo texto publicado meses después sin que el sindicato tuviera conocimiento previo.
Lloret asegura que el análisis realizado junto con la Federación de Industria de Andalucía y el gabinete jurídico de CCOO llevó a la conclusión de presentar la demanda de impugnación ante el alto tribunal andaluz. El responsable sindical defendió que el objetivo de esta iniciativa es buscar lo que considera "justicia social y sindical" respecto al convenio.
La respuesta de los otros sindicatos
Frente a estas acusaciones, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, explica que la organización ha conocido la presentación de la demanda a través de los medios de comunicación y que, por el momento, está a la espera de recibir el contenido completo de la misma para poder valorarla. No obstante, defendió la legalidad del proceso seguido durante la negociación y aprobación del convenio.
Montoro rechaza que la comisión paritaria haya modificado los artículos a los que hace referencia CCOO y asegura que no existe ningún acta de ese órgano en la que se recojan los supuestos cambios denunciados. Además, insistió en que el convenio fue negociado y firmado con total transparencia, ya está publicado e incluso distribuido en formato impreso, por lo que expresó su confianza en que la documentación acreditará la corrección del procedimiento.
También se ha pronunciado sobre la controversia Diego Rodríguez, representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), quien sostiene que los convenios del sector en la provincia de Cádiz de las últimas décadas se han firmado sin la aprobación directa del conjunto de los trabajadores. Rodríguez afirma que, si existen fundamentos jurídicos para impugnar el convenio actual, considera positiva esa iniciativa, aunque lamenta que no haya mecanismos legales para exigir que este tipo de acuerdos cuenten con el respaldo expreso de los trabajadores antes de su firma.
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