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Una investigación iniciada en 2024 ha culminado en La Línea de la Concepción con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación de la Policía Nacional se ha saldado con 12 personas detenidas y 13 registros domiciliarios. Los arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.
Durante los registros, los agentes intervinieron abundante material considerado de interés para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los investigados. La operación ha permitido además localizar y liberar a 12 mujeres consideradas presuntas víctimas de explotación sexual.
Según las pesquisas, la organización habría desarrollado una estructura destinada a captar a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, presuntamente utilizaba falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución.
Una vez aceptadas las condiciones planteadas, las mujeres eran trasladadas y alojadas en diferentes inmuebles. Allí comenzaba, según la investigación, un sistema basado en el control permanente de su actividad. La Policía sostiene que el grupo se aprovechaba de la necesidad económica y de la situación administrativa de las víctimas, muchas de ellas en situación irregular, para dificultar que abandonaran la actividad o denunciaran los hechos.
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia mediante el que se limitaban sus movimientos, se fijaban los horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba toda la actividad. Las mujeres habrían permanecido sometidas a amenazas e intimidaciones, además de a una dependencia económica derivada del pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos.
Las víctimas residían, además, en los mismos inmuebles donde presuntamente eran explotadas sexualmente, aisladas y bajo supervisión continua.
Viviendas vinculadas a una sociedad de Gibraltar
La investigación ha determinado que los inmuebles utilizados eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas.
Los agentes también han identificado un reparto de funciones dentro del grupo. Sus integrantes asumían tareas relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los pisos, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los inmuebles y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
Una investigación iniciada en 2024 ha culminado en La Línea de la Concepción con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación de la Policía Nacional se ha saldado con 12 personas detenidas y 13 registros domiciliarios. Los arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.
Durante los registros, los agentes intervinieron abundante material considerado de interés para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los investigados. La operación ha permitido además localizar y liberar a 12 mujeres consideradas presuntas víctimas de explotación sexual.
Según las pesquisas, la organización habría desarrollado una estructura destinada a captar a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, presuntamente utilizaba falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución.
Una vez aceptadas las condiciones planteadas, las mujeres eran trasladadas y alojadas en diferentes inmuebles. Allí comenzaba, según la investigación, un sistema basado en el control permanente de su actividad. La Policía sostiene que el grupo se aprovechaba de la necesidad económica y de la situación administrativa de las víctimas, muchas de ellas en situación irregular, para dificultar que abandonaran la actividad o denunciaran los hechos.
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia mediante el que se limitaban sus movimientos, se fijaban los horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba toda la actividad. Las mujeres habrían permanecido sometidas a amenazas e intimidaciones, además de a una dependencia económica derivada del pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos.
Las víctimas residían, además, en los mismos inmuebles donde presuntamente eran explotadas sexualmente, aisladas y bajo supervisión continua.
Viviendas vinculadas a una sociedad de Gibraltar
La investigación ha determinado que los inmuebles utilizados eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas.
Los agentes también han identificado un reparto de funciones dentro del grupo. Sus integrantes asumían tareas relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los pisos, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los inmuebles y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
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