El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó este miércoles en Bruselas que no tiene conocimiento directo de la denuncia presentada por el PSOE de Algeciras ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular. Moreno expresó que, pese a ello, confía en que el regidor ofrecerá explicaciones públicas sobre las acusaciones planteadas por la formación socialista.
El dirigente andaluz respondió a los medios tras participar en una reunión de los populares europeos en el Comité de las Regiones. Insistió en que no podía valorar el contenido de la denuncia al no haber tenido acceso a ella, y se limitó a reiterar que corresponde al alcalde aclarar su posición. Según dijo, esperaba que Landaluce lo hiciera a lo largo del mismo día.
La denuncia
La denuncia del PSOE está firmada por Rocío Arrabal, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación. En ella solicitan que se investiguen “supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual” que habrían afectado a dos concejalas del Partido Popular. Las sospechas se basan en mensajes de WhatsApp intercambiados entre tres ediles populares y que fueron difundidos recientemente.
Horas antes, Landaluce difundió una declaración institucional en la que anunció que permanecerá tanto en la Alcaldía como en su escaño en el Senado. No obstante, comunicó su renuncia temporal a la militancia del PP con el objetivo, según indicó, de “defender su honor”. En la misma declaración aseguró su “absoluta inocencia” ante las acusaciones que se han hecho públicas.
La reacción de Moreno se produjo antes de conocerse esa retirada provisional de la militancia. El presidente andaluz había pedido esperar a que el propio Landaluce fijara su postura, dado que es la persona señalada en la denuncia y sobre la que recae la responsabilidad de responder a las informaciones difundidas.
El escrito presentado en la Fiscalía también solicita que el Tribunal Supremo investigue una posible malversación de caudales públicos y un presunto tráfico de influencias relacionado con la contratación de una exconcejal del PP y de la expareja de un dirigente popular. Dichas contrataciones habrían tenido lugar tras la aparición de informaciones sobre los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual mencionados en la denuncia.
