La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sección de Algeciras, ha condenado a tres años y ocho meses de prisión a un conocido narcotraficante, S. C., que protagonizó una espectacular fuga en febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados lo liberó del Hospital de La Línea, donde estaba bajo custodia de la Policía Nacional. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, lo declara culpable de blanqueo de capitales, tras una investigación que reveló un considerable incremento patrimonial sin justificación legal.
Aquella fuga, que causó una fuerte alarma social, evidenció la "grave situación" en el Campo de Gibraltar, según recuerda la Policía Nacional, marcada por la pérdida del principio de autoridad y la sensación de impunidad entre los grupos criminales. Como respuesta, el Ministerio del Interior activó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, incluyendo el Plan Táctico Bahía, enfocado en desmantelar la financiación de redes de narcotráfico.
Operación Costa
En este contexto, la UDEF de la Policía Nacional en La Línea puso en marcha en 2019 la denominada ‘Operación Costa’, dirigida a investigar el patrimonio del condenado y de su entorno. Se descubrió la adquisición de varios vehículos y dos inmuebles pagados en efectivo con dinero de origen desconocido, a nombre de su pareja y su padre, quienes también han sido condenados en la misma causa.
La sentencia impone al principal acusado una multa proporcional de 750.000 euros, mientras que su pareja ha sido condenada a tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 350.000 euros. El padre del narcotraficante recibe la misma pena de prisión, con una multa de 280.000 euros. Ninguno de ellos pudo justificar ingresos lícitos que respaldaran las adquisiciones, efectuadas mediante pagos en metálico y depósitos sistemáticos en cuentas bancarias para blanquear fondos.
Además, el tribunal ha ordenado el decomiso de dos inmuebles y cuatro vehículos, que pasarán a ser propiedad del Estado. Según la Policía Nacional, esta sentencia "pone de manifiesto el compromiso y la labor constante" del cuerpo, junto a la Fiscalía Antidroga y las autoridades judiciales, en la lucha contra las estructuras económicas del narcotráfico y el rastreo de beneficios ilícitos.