La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso disciplinario-militar interpuesto por la defensa de un cabo primero de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Algeciras, confirmando así su expulsión definitiva del Cuerpo.
El agente había sido condenado por blanqueo de capitales por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz a dos años de prisión y una multa de 764.235,88 euros, además del decomiso de bienes. El fallo del alto tribunal cierra así una causa que retrata en detalle los vínculos del guardia con estructuras ligadas al tráfico de estupefacientes, entre ellas el conocido clan de los Castañas.
La sentencia, que han avanzado este pasado sábado Málaga Hoy y El Faro, recoge también una conexión con Ceuta: una investigación seguida por el Juzgado número 1 de la ciudad en la que se detectó un tráfico de mensajes de texto vía teléfono móvil entre uno de los investigados y este agente. En esos textos, el investigado le comunicaba al guardia civil la existencia de una guardería. Tal y como recoge la resolución judicial, ese extremo no llegó a materializarse en ninguna actividad policial.
Un entramado millonario bajo la tapadera de panaderías y pastelerías
Entre 2015 y 2018, mientras se encontraba en situación de excedencia voluntaria —periodo durante el cual había pedido la baja para gestionar una empresa de panadería—, el agente mantuvo contactos frecuentes con miembros de redes de narcotráfico, incluyendo viajes a Marruecos con personas investigadas, una de ellas en busca y captura.
Paralelamente, levantó un entramado de sociedades aparentemente dedicadas a la panadería y pastelería que sirvieron como tapadera para introducir dinero ilícito en el circuito legal. Solo a través de una de esas sociedades se canalizaron más de 13 millones de euros, con ingresos en efectivo sin justificar y operaciones diseñadas para aparentar solvencia financiera.
Para intentar justificar parte de ese patrimonio, recoge la sentencia, el guardia civil declaró haber obtenido dos premios de lotería en un período de apenas cuatro meses. Según consta en la sentencia, el 6 de septiembre de 2013 habría ganado 30.000 euros en el Cuponazo de la ONCE, y el 6 de enero de 2014 afirma que le correspondieron 150.000 euros en la Lotería Nacional.
La propia resolución judicial vuelve a aludir al método utilizado para introducir en el circuito legal beneficios obtenidos de manera ilegal, el mismo sistema que esta semana ha aflorado en la investigación de la UDYCO asociada a la red del narcotúnel, en la que se han evidenciado sonorizaciones en las que se habla de la compra de décimos premiados en la Navidad de 2025 que estaban siendo vendidos: quien compra logra blanquear el dinero ilegal; quien vende incurre en un blanqueo de capitales imprudente.
El error que precipitó su caída: 65.730 euros en el maletero
A pesar de encontrarse bajo investigación, el agente regresó al servicio activo en la Guardia Civil en noviembre de 2018. Sin embargo, apenas dos meses después, en febrero de 2019, un dispositivo discreto activado desde Algeciras siguió sus movimientos hasta interceptarlo en el peaje de Calahonda, en Mijas. En el maletero de su vehículo, los agentes encontraron 65.730 euros en efectivo, coincidentes con un paquete que acababa de recoger minutos antes. Ese episodio resultó determinante para reforzar el conjunto de indicios que desembocaron en su condena penal.
La Audiencia Provincial de Cádiz dictó en septiembre de 2024 sentencia firme de dos años de prisión por blanqueo de capitales, multa de más de 764.000 euros y decomiso de bienes. A partir de ahí, el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, acordó en agosto de 2025 su expulsión del servicio por falta muy grave. El Supremo ha avalado ahora esa decisión rechazando todos los argumentos planteados por la defensa.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el recurrente fue que el grueso de los hechos probados se cometió durante su período de excedencia voluntaria. Sin embargo, el Supremo rechaza de plano esa tesis al constatar que, a partir del 16 de noviembre de 2018, fecha en que se reincorporó al Cuerpo, el agente continuó llevando a cabo hechos que también fueron tenidos en cuenta por la sentencia condenatoria. La Sala subraya además que durante la excedencia nunca perdió la condición de guardia civil, por lo que dicha situación "no puede implicar, sin más, que no tenga repercusión ni trascendencia alguna" cuando, reintegrado al servicio, es condenado por sentencia firme.
Tampoco ha servido de nada que el recurrente argumentara una hoja de servicio con 38 años de antigüedad y que entre sus méritos figuren felicitaciones y cruces. El Supremo es taxativo al respecto: ni los años de servicio ni las condecoraciones pueden compensar una conducta que califica de "objetivamente incompatible" con los principios de integridad y honradez que exige el uniforme. Los magistrados consideran probado que el agente, que trabajaba precisamente en unidades vinculadas a la lucha antidroga, terminó colaborando con las mismas estructuras criminales que debía combatir, lo que la Sala califica de conducta "inapropiada e incompatible con la rectitud y el decoro" exigibles a los miembros de la Guardia Civil.
La conclusión del alto tribunal es tajante: la sanción disciplinaria no se basa en sospechas ni en la fase de investigación, sino en la existencia de una condena firme que hace decaer la presunción de inocencia. El tribunal pone el acento en el daño causado a la institución y a la confianza pública, y considera que la trayectoria del agente, sus vínculos con el narco, el entramado financiero y la incautación del dinero en efectivo forman un conjunto de hechos que hacen "inadmisible" e "imposible" su continuidad en la Guardia Civil, siendo la expulsión la única respuesta proporcionada a la gravedad de lo ocurrido.