La historia urbanística de El Cuartón, en Tarifa, representa uno de los mayores ejemplos de abandono institucional y dejación de funciones en Andalucía. Desde que en 1969 se aprobara el proyecto, el Ayuntamiento no ha exigido al promotor la construcción de la urbanización, ni ha actuado para garantizar los derechos básicos de sus vecinos.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fechada el pasado 18 de junio pone negro sobre blanco una realidad que se ha sostenido durante más de cinco décadas: el Ayuntamiento no exigió las obligaciones legales al promotor original, que se lucró con la venta de parcelas sin urbanización ni servicios públicos reales.
Una urbanización nunca construida… pero calificada como suelo urbano
El fallo judicial destaca que nunca existió proyecto de urbanización aprobado, por lo que no pueden hablarse de “deficiencias” sino de inexistencia material y legal de la urbanización. A pesar de ello, denuncian desde la asociación de vecinos El Cuartón, se ha considerado suelo urbano y se ha cobrado el IBI como tal durante más de 30 años, en una zona sin alcantarillado, sin acerados y con alumbrado y calles en ruinas.
La paradoja es evidente: los vecinos "han financiado por su cuenta infraestructuras básicas como redes de agua, electricidad o asfaltado, obligados por el Ayuntamiento a pagar cuotas a una comunidad de propietarios ilegalmente constituida, ya que no existen elementos comunes, ni título constitutivo, ni coeficientes de copropiedad.
Esta supuesta comunidad, usada como herramienta para desviar responsabilidades, "libró al promotor de cumplir con su deber legal de construir y conservar la urbanización. Incluso se hizo cargo de calles y parcelas propiedad del promotor, sin ningún respaldo jurídico ni urbanístico".
Advertencias ignoradas desde hace décadas
En 1982, el propio Ayuntamiento acordó sancionar al promotor con 100 millones de las antiguas pesetas, pero nunca ejecutó la multa para no entorpecer supuestas negociaciones con los vecinos. Décadas después, en 1994, el Defensor del Pueblo Andaluz ya acusaba al Ayuntamiento de negligencia por delegar en los vecinos responsabilidades urbanísticas de su competencia exclusiva.
La historia se repitió en 2013, con una nueva queja vecinal respaldada por el Defensor del Pueblo. Pese a ello, el Consistorio ha seguido concediendo licencias de obra y habitabilidad, lo que, en la práctica, implica una recepción tácita de la urbanización, con la consiguiente obligación de asumir su mantenimiento.
Ahora, la situación alcanza un nuevo nivel de surrealismo: el Ayuntamiento debe expropiar las calles y zonas verdes que el promotor nunca entregó, y cuyo coste puede ser millonario. Todo ello, mientras los vecinos siguen enfrentados entre sí, algunos negándose a pagar cuotas impuestas por una comunidad sin base legal, otros gastando miles de euros en abogados… sin exigir responsabilidades al verdadero responsable: el promotor.
El modelo de “triple silencio”, según denuncian desde la referida asociación de vecinos, entre Ayuntamiento, promotor y supuesta comunidad "ha permitido distorsionar la ley durante años, generando conflictos vecinales, inseguridad jurídica y, ahora, un posible nuevo agujero económico para las arcas municipales".
