El grupo Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado importantes "deficiencias" en la forma en que la Junta de Andalucía ha comunicado el levantamiento de la recomendación de no bañarse en la playa de Atlanterra, en Tarifa.

Según la organización, la reciente gestión de esta incidencia sanitaria ha puesto de manifiesto que las administraciones públicas no están informando a la ciudadanía con la transparencia que la situación exigiría, especialmente en lo relativo al alcance espacial exacto del problema.

Tras analizar la resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz, firmada por Eva Pajares Ruiz, que levanta la recomendación temporal de no baño en Atlanterra, Verdes de Europa-Tarifa considera que la actuación administrativa adolece de importantes carencias de información pública. La resolución, fechada el 27 de julio de 2026, pone fin a la recomendación adoptada días antes a raíz de un episodio de contaminación microbiológica.

Sin embargo, el propio documento mantiene expresamente en vigor una prohibición de baño acordada mediante una resolución anterior, de 26 de junio de 2024, dictada también por la misma Delegación Territorial.

El problema, según denuncia el grupo político, es que esa resolución de 2024 no se encuentra publicada ni ha sido incorporada al expediente difundido públicamente, lo que impide a la ciudadanía conocer con exactitud su contenido, su ámbito territorial y las razones por las que sigue produciendo efectos casi dos años después. De acuerdo con la información oficial difundida en su momento por la propia Junta de Andalucía, aquella prohibición afectaba a un tramo de 50 metros a cada lado del punto de vertido procedente de la EDAR de Atlanterra. No obstante, esta delimitación no aparece reflejada en la resolución de 2026 ni se acompaña de ningún plano oficial que permita identificar con precisión la zona afectada.

"Sin representación cartográfica" ni delimitación del área afectada

La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, ha señalado que resulta especialmente preocupante que la resolución de levantamiento únicamente incorpore dos coordenadas geográficas, "sin representación cartográfica, sin delimitar el área afectada y sin identificar expresamente los tramos donde no se detectó contaminación". Desde la formación política, que no forma parte del actual Ayuntamiento de Tarifa, se advierte de que esta manera de comunicar las incidencias sanitarias genera una evidente inseguridad jurídica y favorece interpretaciones erróneas por parte de la ciudadanía y de los propios usuarios de la playa.

A esta falta de concreción territorial se suma otra carencia relevante: la resolución tampoco incorpora los informes técnicos y analíticos que fundamentan el levantamiento de la recomendación. El documento no explica de manera expresa cuál fue el origen de la contaminación detectada, qué actuaciones concretas se llevaron a cabo para eliminarla ni cómo se verificó técnicamente que el riesgo había desaparecido por completo.

Ante este panorama, Verdes de Europa ha trasladado a la Junta de Andalucía una batería de exigencias muy concretas. En primer lugar, reclama la publicación íntegra de la resolución de 26 de junio de 2024, incluyendo su número de expediente, su motivación y los informes técnicos correspondientes. También solicita la publicación de los informes analíticos completos que sustentan tanto la prohibición como su posterior levantamiento.

El grupo pide además que cualquier incidencia futura se delimite oficialmente mediante coordenadas geográficas completas en planos cartográficos de fácil comprensión, así como la identificación expresa de los tramos del litoral donde no exista contaminación, con el fin de evitar que referencias geográficas genéricas perjudiquen injustificadamente a toda la costa de Zahara de los Atunes y Atlanterra. En definitiva, reclaman una comunicación pública "más transparente, precisa y técnicamente fundamentada" en todas las incidencias que afecten a la salud pública y a la calidad de las aguas de baño.

Verdes de Europa recuerda, por último, que la protección de la salud pública exige información rigurosa y accesible, y que una administración transparente debe informar no solo de la existencia de restricciones, sino también de dónde, por qué y durante cuánto tiempo se aplican, y qué zonas permanecen en condiciones óptimas para el baño, garantizando así el derecho de la ciudadanía a una información veraz.