Málaga seguirá sin conexión directa por AVE con el resto de España al menos hasta la última semana de abril. Ese es el nuevo horizonte que ha fijado Adif tras descartar la reapertura prevista para el 23 de marzo, después de constatar que los muros que continúan en pie en la zona afectada por el derrumbe de Álora no ofrecen las garantías de seguridad necesarias. La infraestructura quedó dañada el pasado 4 de febrero por el tren de borrascas, aunque ya desde el 17 de enero con el corte previo por el accidente de Adamuz, y la solución elegida pasa ahora por una intervención de mayor alcance: eliminar los muros, desmontar el talud y reconstruir la zona afectada. Así, desde el comienzo de febrero hasta los últimos días de abril, serán casi tres meses sin funcionamiento de la alta velocidad a una de las grandes capitales del turismo andaluz y España, la Costa del Sol. Mientras tanto, el servicio seguirá funcionando con trasbordo en autobús desde Antequera y durante buena parte del año la circulación se realizará por una sola vía.
La Junta carga contra el retraso y advierte del impacto económico
La noticia ha provocado una cascada de reacciones dentro del Gobierno andaluz, donde el tono ha sido especialmente duro. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que "el hecho de que una provincia como Málaga, una provincia líder en turismo, no de Andalucía, de España, lleve desde el 18 de enero sin una conexión directa con la ciudad de Madrid, significa un impacto de más de 300 millones de euros que puede aumentarse si esa conexión no está solventada antes de la Semana Santa".
Para el presidente, "significa que todos esos trabajadores, que toda esa pequeña empresa, van a tener un tercio de ingresos menos este año y, por tanto, van a poder contratar menos". Estp va a impedir el crecimiento del sector y se teme que se pierdan puestos de trabajo: "Pido desde aquí que se solvente ese problema lo antes posible. Sería un desastre para miles de familias que no solamente viven en la Costa del Sol, sino también para miles de empresas que viven del sector turístico y, en este caso, de un acontecimiento tan importante como es en toda Andalucía, en la provincia de Málaga, como es la Semana Santa".
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha calificado de “desoladoras” las palabras del presidente de Adif y ha asegurado que esta situación supone “un golpe durísimo” para Málaga. A su juicio, la provincia no solo sufre la prolongación de la desconexión ferroviaria, sino también la incertidumbre y la falta de información, que agravan aún más el problema. Díaz ha reclamado al Gobierno central explicaciones, plazos claros y soluciones, y ha defendido que la Junta utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender a los malagueños. También ha comparado esta situación con la respuesta que se dio al caos de Rodalies, donde, según ha señalado, la reacción fue mucho más rápida.
Más contundente aún se ha mostrado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que ha dado por “perdida definitivamente” la Semana Santa para Málaga. Bernal ha considerado que esta situación constituye una nueva afrenta para Andalucía y ha recordado que, aunque la conexión con Sevilla se ha recuperado, todavía siguen produciéndose retrasos importantes e incluso cancelaciones. El consejero ha puesto el foco en el daño para la Costa del Sol, donde, según los profesionales del sector, las pérdidas podrían situarse "entre 190 y 200 millones de euros" solo por esos días clave. A su juicio, no se trata solo de un perjuicio para empresarios o autónomos, sino para la riqueza y el empleo de toda la provincia. Además, ha reclamado una auditoría completa de la red ferroviaria, especialmente en el sur de España, que considera abandonada en los últimos años.
En la misma línea, la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha hablado directamente de “ruina”. Ha acusado al Ejecutivo central de incumplir su palabra tras prometer la reapertura para el 23 de marzo y ha pedido responsabilidades políticas, señalando incluso a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. También ha asegurado que la Junta seguirá estudiando todas las alternativas jurídicas. España ha advertido de que esta situación golpea a autónomos, empresas y empleo, y ha recordado que el sector empresarial calcula pérdidas de hasta 300 millones de euros y una caída de reservas de entre el 25% y el 30%.
El alcalde pide acortar plazos y minimizar daños
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado que el retraso no sea “una buena noticia”, aunque ha reconocido la complejidad técnica de la obra. Ha pedido que se haga todo lo posible para acortar los plazos y reducir al mínimo el impacto sobre la provincia, con medidas como más vuelos o un funcionamiento “perfecto” del sistema de autobuses y trenes desde Antequera. También ha defendido que la solución debe ser rápida, pero sobre todo segura, y ha planteado revisar toda la línea por si hubiera otros puntos con problemas similares.
Desde el PP de Málaga, su presidenta Patricia Navarro ha definido la situación como “un jarro de agua fría” y ha exigido al Gobierno gestos de apoyo al sector turístico. Entre sus propuestas, ha pedido que no se aplique la subida del peaje de la AP-7 en Semana Santa y ha reclamado ayudas fiscales para compensar a los empresarios. También ha defendido la necesidad de despolitizar y profesionalizar Adif, así como de impulsar una auditoría de la infraestructura ferroviaria y un plan de inversiones para la provincia.
Por su parte, el presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha calificado el retraso de “golpe muy duro” para el turismo y el tejido empresarial y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha definido como “una maldita vergüenza”. Además, ha insistido en reclamar compensaciones económicas y ha advertido del impacto laboral y económico que puede tener esta situación, recordando que Aehcos estima que Málaga podría perder al menos 1.300 empleos.