Las viviendas ilegales junto al Aeropuerto de Jerez serán demolidas por sentencia judicial

El Ayuntamiento de Jrez, a través de la Delegación de Urbanismo, ha iniciado las actuaciones para requerir a los parcelistas de la finca La Pinaleta el cumplimiento de la sentencia judicial emitida por el Juzgado de lo Penal número 2, por la que ordenar devolver estos terrenos, clasificados como suelo no urbanizable de Especial Protección, a su estado originario, lo cual podría conllevar la demolición de las construcciones que se hubieran realizado.

Estos terrenos, ubicados junto al aeropuerto, fueron parcelados y vendidos con casas prefabricadas por precios como de 60.000 euros según mostraba un anuncio en 2019, una situación que no cumplía la legalidad. En esta sentencia consta como probado la comisión de un delito contra la Ordenación del Territorio como consecuencia de la parcelación de la citada finca que se ha llevado a cabo contraviniendo los preceptos legales, obteniendo alrededor de medio centenar de parcelas. Las acciones emprendidas desde Urbanismo, en colaboración con Policía Local, consisten en primera instancia en la filiación o identificación de cada parcelista.

El esta forma, el Ayuntamiento, como Administración pública, actúa en cumplimiento de la ley y a requerimiento del Juzgado; ya en su origen, se inició el expediente y se dio traslado del mismo a la Fiscalía, y el Juzgado pronunció una sentencia que ya es firme y en la cual se acordaba la reposición de la finca a su estado originario, lo que podría conllevar la demolición de las construcciones existentes. Por otro lado, cabe resaltar que los gastos que pudiera ocasionar esta demolición podrán ser repercutidos a la propietaria en origen de la finca, responsable de la parcelación.

Cabe recordar la campaña informativa que se está llevando a cabo desde el Departamento de Disciplina Urbanística advirtiendo de la prohibición y sanciones que conlleva la construcción en parcelaciones situadas en suelo no urbanizable, que constituye una infracción clasificada como muy grave. El objetivo, es, por tanto, eliminar esta práctica aplicando la normativa vigente.