Un pequeño barrio a escasos trescientos metros del aeropuerto. En eso se ha convertido la zona conocida como La Pinaleta, una inmensa finca junto a la Nacional IV que en apenas tres años ha visto florecer medio centenar de parcelas, en un suelo calificado como no urbanizable de especial protección, en la que muchos de sus propietarios, más allá de montar un pequeño huerto de ocio, han instalado desde casetas de obra a casas prefabricadas, pasando por piscinas, no solo de plástico, alguna incluso de obra.
La proliferación de estas edificaciones, presuntamente irregulares, comenzó en 2013, cuando la propietaria de los terrenos, la entidad Cedro de Cádiz SL, decidió dividirla en parcelas para comercializarlas. Sus atractivos precios en plena crisis económica —algunos propietarios con los que ha contactado este medio hablan de 20.000 euros los mil metros cuadrados— hicieron que pronto comenzaran a adquirirse. El boca a boca hizo el resto. Familias enteras y amistades se hacían con porciones de estos terrenos para pasar los fines de semana. Sin embargo, la situación ha llegado a tal extremo que actualmente hay incluso personas viviendo de manera habitual, en casetas habilitadas con cocina, cuartos de baño y dormitorio. “Cualquiera no tiene una casa así de bonita en Jerez”, señala la propietaria de una de estas edificaciones.
Si bien la “barriada”, como alguno ya la denomina, no tiene ni alumbrado ni saneamiento público, cada parcela tiene su contador de luz propio, que a su vez se engancha de uno común proveniente de la vivienda de uno de los socios de la empresa que comercializa los terrenos. Igualmente, se abastecen del agua de la comunidad de regantes. “70 euros al año pagamos”, señala otra propietaria.
Según documentos a los que ha tenido acceso lavozdelsur.es, la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez ya ha incoado tanto procedimiento sancionador como procedimiento de protección de la legalidad urbanística por la parcelación de los terrenos sin la preceptiva licencia municipal. Del mismo modo ha abierto expediente sancionador y de protección de la legalidad urbanística por los mismos hechos contra la administradora única y representante legal de la mercantil propietaria de la finca. En este sentido, la dirección general de Urbanismo de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya conoce la apertura de estos procedimientos e incluso el 13 de noviembre de 2015 la Junta de Gobierno local aprobaba poner en conocimiento de la Fiscalía la existencia de indicios de infracción penal por estos hechos.
Se da el caso de que la actual situación podría incluso perjudicar seriamente a terceros. Años antes de que empezaran a florecer estas construcciones se establecía en La Pinaleta una residencia canina que, si bien actualmente cumple con todos los requisitos legales, podría incluso en un futuro ver peligrar su situación. Esto se debe a que la ley le exige a sus propietarios estar situados, como mínimo, a dos kilómetros de núcleo urbano y a 500 metros de un núcleo rural diseminado.
lavozdelsur.es se ha puesto en contacto con uno de los socios de Cedro de Cádiz SL, que afirma conocer el procedimiento abierto por el Ayuntamiento, pero que discute que sea ilegal la parcelación de los terrenos, señalando que en última instancia serán los tribunales los que diriman quién tiene la razón.
Desde Urbanismo, mientras tanto, “se continúa tramitando los procedimientos de protección de la legalidad urbanística al objeto de que se proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad física alterada”, aspecto éste que “tendrá lugar con la demolición de las obras realizadas”. En este sentido, los propietarios de estas parcelas con los que ha podido hablar este medio reconocen que “tenemos asumido que cualquier día nos pueden echar de aquí”, pero sostienen que hasta que ese día pase van a seguir “disfrutando” de sus parcelas, sus piscinas y sus reuniones familiares. Eso, o venderlas lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde.
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