Los residentes del bloque 10 de la plaza Santa Teresa de Jesús reclaman a la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, que costee el arreglo.
María y Juan, matrimonio, viven en el cuarto piso del bloque número 10 de la plaza Santa Teresa de Jesús de la barriada de La Constitución, más conocida como el Mopu. Ella padece una trombosis y tiene reconocido un 78% de invalidez, tiene siete hernias discales, fibromialgia y tiene que acudir a recibir un tratamiento de diálisis tres veces por semana. Él tiene artrosis, estrés agudo y la tensión alta. Carmen y Manuel comparten planta con los anteriores vecinos. Ella tiene fibromialgia y osteoporosis, tres hernias y la tensión alta; él, una minusvalía del 50% en las piernas. "Solo salimos para ir al médico", dice ella. La madre de Alejandra vive en el octavo y hace dos meses que le detectaron una trombosis en las piernas. Emilia reside en el tercero, está operada dos veces de la misma rodilla y asegura que si no van sus hijos a visitarla, se queda encerrada: “Hasta un mes he estado”.
Todos estos vecinos del Mopu llevan semanas sin uno de los ascensores del bloque, donde residen 32 familias, la mayoría de ellas con personas mayores con dificultades para desplazarse. Subir o bajar por las escaleras es, para muchos de los vecinos, tarea imposible. “No estoy para hacer esfuerzos, me han recomendado reposo”, cuenta Dolores Monje, vecina del segundo y antigua presidenta de la comunidad. Ella padece fibromialgia y tiene la tensión alta, además de problemas de vértigo —“y eso que soy una de las más jóvenes”, apunta—, y ya tuvo que enfrentarse a una situación similar hace dos años, cuando uno de los ascensores dejó de funcionar.
Entonces pasaron seis meses hasta que volvieron a tenerlo en funcionamiento y de esa época arrastran una deuda de 1.500 euros. Ahora, tras solicitar presupuesto a la empresa que se encarga del mantenimiento —para lo que pagan 158 euros mensuales—, deben abonar otros 2.000 euros si quieren contar con ascensor. “Costaba 4.000 euros pero reutilizando una correa de otro ascensor, nos lo dejan en 2.000”, cuenta Alejandra Ruiz, que es quién se está encargando de reclamar el arreglo a la Junta de Andalucía, la propietaria del bloque. “Nos han llegado a decir que los escritos no van a servir para nada, pero no vamos a parar”, dice Alejandra.
Las reclamaciones que, por el momento, han trasladado a la administración autonómica no tienen respuesta. Manuel, vecino del séptimo, va casi todos los días a la oficina que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) tiene en la calle Francos. “Nos tienen olvidados, dicen que es problema de la comunidad”, se queja, y añade: “Ahora en mi piso estamos hasta sin luz”. Él está operado del tendón de Aquiles y, con la ayuda de una muleta, tiene que subir la bombona a su casa para poder cocinar y bañarse con agua caliente. “Hay veces que me quedo inmóvil sin poder andar”, cuenta.
“Debemos ser los más tontos, porque nunca nos han ayudado”, dice Vanesa García, actual presidenta de la comunidad, que cuenta que la Junta sí ha costeado el arreglo de ascensores en otros bloques de la barriada. “Hay algunos donde ni un propietario paga la comunidad y les han puesto ascensor”, señala. Ella, que vive en el quinto, apunta que en el bloque hay “familias en exclusión social, sin empleo y que van a Cáritas”, que no pueden asumir la deuda que les reclaman. “No nos hacen caso, estamos aburridos”, señalan los vecinos, que aprovechan la presencia de la prensa para hacer otras peticiones: “El bloque está rajado, por los boquetes se meten ratas, y en el porche de la entrada hay goteras cuando llueve y se moja el cuarto de contadores, estamos en riesgo”, enumera una de las vecinas.
Comentarios