Vecinos de San Mateo temen perder su hogar por el auge de los apartamentos turísticos

Inquilinos de la calle Justicia afirman que su arrendadora no les quiere renovar el contrato de alquiler por su intención de vender la finca en la que viven a un tercero que la querría para destinarla a este tipo de alquiler vacacional

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Cuatro familias de la calle Justicia, la mayoría ancianas, temen abandonar los hogares en los que viven en régimen de alquiler debido a que la actual propietaria de la finca, y a la sazón su arrendadora, les ha comunicado la decisión de finalizar el contrato en abril de 2018.

Los inquilinos, que viven en el número 22 de esta céntrica calle del barrio de San Mateo, explican a lavozdelsur.es que en 2001 la finca fue rehabilitada en el marco de un programa de transformación de infravivienda llevado a cabo por la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Tras las obras, señalan, firmaron en la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo un contrato de arrendamiento con otra propietaria diferente a la actual —si bien son familia— , que se ha ido cumpliendo tras diferentes prórrogas hasta el actual año de 2017.

El problema para ellos se produce cuando antes de verano conocen por boca de la actual arrendadora que en abril de 2018 deberán abandonar las viviendas alegando la finalización del contrato y dado su interés en vender la finca sin inquilinos a un comprador que tendría pensado habilitarla como apartamentos turísticos, algo que, señalan, les ha comunicado la propietaria.

Si bien este asunto no pasaría por ser un hecho normal (propietario que decide no renovar a sus inquilinos el contrato), los vecinos, sin embargo, señalan que no tienen constancia de que la actual arrendadora sea la legítima propietaria, puesto que, entre otras cosas, no han firmado ningún contrato con ella, siendo el único el que formalizaron con su predecesora en 2001. José Torralbo, uno de los vecinos a los que afectaría esta situación y que vive con su madre anciana, resalta el “problema” que tendrían si finalmente se ven obligados a dejar su casa. La situación de Torralbo y su madre además es especial, pues antes de vivir en Justicia lo hacían en una vivienda de la cercana calle Liebre que fue declarada en ruina por Urbanismo, siendo realojados por el propio Ayuntamiento en su actual domicilio.De las siete casas con las que cuenta la finca, actualmente solo hay cuatro ocupadas, siendo casi todos sus inquilinos personas mayores y con movilidad reducida. Una de ellas es Isabel Guerrero, de 86 años, que incluso nació en la finca cuando eso no era más que un molino de aceite. Ahora, a su edad, se pregunta “a dónde voy a ir, si no conozco otro lugar que este”.

Este medio se ha puesto en contacto con la arrendadora de la finca, AM. P. S., que ha preferido no dar su versión de los hechos, si bien afirma que el asunto “está clarísimo y no tiene recorrido”, y que vende la finca por asuntos personales. Eso sí, aclara que es la legítima propietaria de la finca, ya que la mitad de la misma pertenecía a su marido y la otra mitad se la compró a la anterior propietaria. La arrendadora, no obstante, no aclara por qué en el contrato que firmaron sus inquilinos en 2001 no figuraba una segunda persona como propietaria del inmueble.

Los inquilinos han puesto en conocimiento de su situación a la asociación de vecinos del centro histórico así como al sindicato CNT, cuya asesoría jurídica ya estudia un asunto que ha llegado también a la delegación de Urbanismo.

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