Juan González, de 61 años, con una deuda de más de 10.400 euros con la Empresa Municipal de la Vivienda, evita perder su vivienda tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento.
A las diez y media de la mañana de este Jueves de Pasión, Juan González, pensionista de 61 años, recibía la buena noticia de que no tendría que abandonar su vivienda. La conocía a través de uno de los funcionarios de la Empresa Municipal de Vivienda (Emuvijesa), desplazados a su domicilio junto a una comisión judicial, para desahuciarlo. El Ayuntamiento y el abogado de Juan alcanzaron un acuerdo de última hora para suspender el alzamiento, por lo que este vecino de Vallesequillo podrá, de momento, seguir residiendo en su domicilio.
La pensión de minusvalía de Juan es de 480 euros y señala que tiene que pagar mensualmente poco más de 200 por su vivienda de cuatro habitaciones y dos baños. Entre pagar el alquiler, la luz, agua y su comida, apenas le alcanza para ir tirando. Eso ha provocado que haya dejado a deber 53 recibos, según reza en la sentencia del juzgado que ha visto su caso. En total, con intereses incluidos, la deuda asciende a 10.462 euros. Se da la circunstancia de que, desde 2015, Juan ha ido pagando religiosamente el alquiler, por lo que esta deuda la contrajo anteriormente a esta fecha. Hace tres meses se celebró el juicio por su caso. “Me dijeron que se iba a intentar llegar a un acuerdo, a una forma de pago, pero mira a dónde hemos llegado”.
A las diez y cinco minutos de la mañana llegaba la comisión judicial a su casa. El pensionista, visiblemente nervioso, abría la puerta de su domicilio para afrontar su presumible doloroso destino. “No quiero escándalos ni follones de policía”, señalaba minutos antes, dando a entender que si al final no había más remedio, abandonaría de manera pacífica la casa donde ha vivido los últimos 15 años, primero con sus tres hijos, los últimos años ya solo. La comisión le comunicaba que había una sentencia firme y que había un débito que le impedía que Emuvijesa le pudiera otorgar otra casa. “La única solución es que ahora el juez paralice el desahucio”, le explicaba uno de los inspectores de Emuvijesa.
Fuera, mientras, una pareja de cerrajeros esperaba la orden para cambiar el cerrojo de la puerta de entrada a la casa de Juan. Difícil trago por el que están acostumbrados a pasar. Por suerte, esta vez no tuvieron que sacar las herramientas. Tras media hora de tensión, que se le hizo eterna al vecino, una llamada del abogado de la empresa municipal anunciaba la suspensión del desahucio. Ahora es cuestión de que ambas partes lleguen a un acuerdo de pago de la deuda.
Juan estalla entonces en lágrimas. Los funcionarios del juzgado y de Emuvijesa lo tranquilizan. “Ya ha pasado todo. No se preocupe que ahora lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento”. De verse en la calle, el vecino pasa a tener una nueva oportunidad para rehacer su vida. El que iba a ser el primer desahucio del gobierno de Mamen Sánchez quedaba afortunadamente en nada.
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