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La condición de aforada de María José García-Pelayo provoca que el magistrado no decida hasta oír estos testimonios si se inhibe a favor del Tribunal Supremo, según ha adelantado la SER.

El juez Pablo Ruz ha emitido este martes un auto, al que ha tenido acceso La Voz del Sur, en el que cita a declarar en calidad de imputados, los próximos 28 y 29 de abril, al ex jefe de prensa de Javier Arenas y actual miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, Isidro Cuberos, a dos técnicos municipales y a cuatro responsables del entremado de sociedades de la Gürtel, incluidos Francisco Correa y a Pablo Crespo, como presuntos autores, "entre otros", de las contrataciones presuntamente irregulares para el desembarco de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004. 

La condición de aforada de María José García-Pelayo, a la que tanto Policía Judicial como Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relacionan con la llamada pieza 'Ayuntamiento de Jerez' de la Gürtel, evita por ahora que sea llamada a declarar, "sin perjuicio de lo que resulte del avance de la presente instrucción", según el auto del magistrado. 

La SER va más allá e incluso asegura, citando a fuentes jurídicas, que el magistrado pretende tomar todas las declaraciones señaladas "antes de elevar una exposición razonada al Supremo", tribunal ante el que debería de inhibirse dado el aforamiento de la líder del PP de Jerez al ser nombrada senadora en noviembre de 2011. El último informe que recibió Ruz, el de la IGAE, alude a la presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa del desembarco del Ayuntamiento de Jerez en la Fitur 2004, por un importe total de 343.537,58 euros. En dicho documento, no solo se resaltaba el papel de intermediación de Cuberos, por el que se embolsó más de 53.000 euros, sino que destacaba a Pelayo asegurando que, como presidenta del Instituto de Promoción de Jerez, "incumplió" los estatutos en al menos dos expedientes examinados, al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad.

Además en el expediente, que la también líder del PP jerezano sigue sin hacer público como prometió hace justo un año, consta un contrato entre María José García-Pelayo y la trama para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con FITUR, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio". Según la IGAE, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, "vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia" aplicables a la contratación pública.

En el nuevo auto de Ruz, que parte de un escrito precedente del Ministerio Fiscal, de lo hasta ahora actuado "y, en particular, de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de la intervenida en distintos registros practicados en esta causa y del análisis que de la misma han realizado las unidades de auxilio judicial, se infiere que en la adjudicación y ejecución de varios contratos por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC) se podrían haber cometido distintas irregularidades que podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito continuado de prevaricación sancionado en los arts. 404 y 74 del Código Penal". Irregularidades, sostiene, "que estarían dirigidas a adjudicar los contratos a las empresas previamente convenidas –y vinculadas a Francisco Correa Sánchez- y ejecutarlos en la forma más adecuada para sus intereses".

Tal y como relata el Ministerio Fiscal en su informe precedente, las irregularidades que, de acuerdo con todos los indicios, se habrían cometido con ocasión de la referida contratación pública consistirían en: la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas; la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello; la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas; la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el referido expediente; la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas en el TRLCAP; el abono de las facturas referidas a estos contratos no obstante todo lo anteriormente expuesto y la modificación de alguna de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".

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