Rocío ya no se esconde. No tiene tiempo que perder en su lucha por encontrar una vivienda antes del próximo 15 de septiembre, fecha que tiene señalada en rojo en el calendario. Ese día debe desalojar el piso que ocupa desde 2014 y parece que esta vez no habrá más prórrogas. “Ya me da igual, no me queda otra”, dice, a cara descubierta, después de conseguir un aplazamiento de la fecha de salida inicial, prevista para el pasado mes de mayo. Lo hace en el salón de la que todavía considera su vivienda, en el Polígono San Benito de Jerez, al lado de su hija de dos años, que dibuja a Peppa Pig en un folio, ajena al drama.
El callejón sin salida en el que se encuentra Rocío Amaya tiene varias patas. Después de meses intercalando trabajos temporales, hace unos días que la contrataron en un bar, cinco horas al día, aunque le rebajarán a cuatro a finales de agosto, cuando la clientela vuelva a sus lugares de origen y la recaudación caiga. El primer mes puede que cobre unos 700 euros, de ahí en adelante, unos 600. “No puedo trabajar ocho horas porque estoy sola con mi hija”, cuenta Rocío a lavozdelsur.es, “porque si estoy todo el día fuera tengo que pagar a alguien para que se quede con ella y no ganaría nada”.
Rocío está sola con su hija de dos años después de acabar la relación con el padre de la niña, con el que llegó a la vivienda del Polígono, propiedad de un banco. Ella sabe que está cometiendo una ilegalidad, pero con su sueldo —cuando lo tiene— no puede pagar un alquiler. Lleva tiempo buscando una casa que pueda permitirse. “Entre 200 y 250 euros”, dice que puede pagar, pero pocas ofertas encuentra por ese precio. Las que se aproximan a su presupuesto no se arriesgan a hacerle un contrato de alquiler cuando conocen su situación. “Cuando les digo que me ayudan los servicios sociales los primeros meses, ya no quieren”, apunta.
Rocío, hablando con lavozdelsur.es, en el salón de la vivienda. FOTO: MANU GARCÍA
Su primera opción fue intentar negociar con el propietario de la vivienda. Llamó a Servihabitat, que no atendió su solicitud. En 2017 tuvo un juicio en el que le pedían que saliera de la casa, pero recurrió y logró alargar el proceso. Su delicada situación económica hizo que ganara tiempo, pero en mayo de este año tenía previsto el desalojo. Su abogada logró otros seis meses de prórroga para que buscara una vivienda, pero desde entonces se ha encontrado muchas puertas cerradas.
La propietaria de la vivienda es la sociedad Coral Homes SL, de la que CaixaBank posee un 20% y el fondo de inversiones Lone Star el 80% restante. “No quieren que pague un alquiler social”, se lamenta Rocío Amaya, que espera encontrar una solución a la encrucijada en la que se encuentra antes del próximo 15 de septiembre. “Los servicios sociales me ayudan si encuentro una casa de 250 euros, pero de eso no hay, estoy harta de buscar”, señala. Desde los servicios sociales municipales aseguran que, en estos momentos, no hay vivienda disponible, pero que se apoyará a Rocío cuando encuentre un alquiler asequible.
La joven, después de escudriñar el mercado de alquiler de la ciudad, sin éxito, relata que hay propietarios que le piden tres nóminas para poder hacerle un contrato. “Yo lo entiendo, es normal que los dueños quieran cobrar, yo no me niego a pagar una cantidad que me pueda permitir, pero es imposible que me alquilen nada en mi situación”, señala. Rocío espera que, antes del 15 de septiembre, pueda encontrar una vivienda donde ir con su hija y los pocos muebles que ha podido comprar estos años, un sofá de segunda mano, una nevera, una lavadora, mesa y varias sillas y una televisión a la que se le va la señal con solo tocarla. "No quiero nada por la cara, no me niego a pagar, pero que me ayuden", dice desesperada.
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