La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, ha intensificado los controles en el entorno del embalse de Guadalcacín, en la provincia de Cádiz, ante el aumento de transformaciones de parcelas de secano a regadío en los últimos años. Estas modificaciones han impulsado el cultivo intensivo de olivar y almendro, que requiere un elevado consumo de agua.
La operación se enmarca en los Planes de Inspección, Vigilancia y Control en materia de Aprovechamientos de Aguas y da continuidad a los trabajos realizados durante el verano en los ríos Guadiaro y Algarrobo, donde se llevaron a cabo inspecciones coordinadas entre técnicos de la Consejería, agentes de la guardería fluvial y unidades de la Policía Nacional.
En Guadalcacín, las inspecciones de campo se han centrado en sondeos y captaciones directas para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar posibles usos no autorizados del recurso hídrico. Las actuaciones han identificado indicios de extracciones irregulares, lo que ha motivado la apertura de procedimientos técnicos y jurídicos para evaluar su alcance y legalidad.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran infraestructuras de captación no autorizadas, incluyendo pozos, sondeos, balsas, canalizaciones de riego y tomas directas al embalse. Además, se han observado deficiencias como la ausencia de permisos administrativos, derivación de caudales sin autorización, falta de medidas de seguridad y manipulación o mal funcionamiento de dispositivos de control volumétrico.
Las inspecciones
El operativo ha combinado inspecciones presenciales con tecnologías avanzadas, como imágenes satelitales y drones operados por funcionarios policiales, lo que ha permitido obtener información precisa sobre el uso del suelo y del agua, facilitando la identificación de posibles irregularidades y la adopción de medidas correctoras de manera más eficiente.
Las inspecciones se llevaron a cabo los días 23 de octubre, 3 y 11 de noviembre, levantándose actas de inspección en cada jornada para su posterior análisis por el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial. La última intervención se realizó el 3 de diciembre.
Desde la Secretaría General del Agua se subraya que estas actuaciones buscan garantizar un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos, protegiendo las masas de agua superficiales y subterráneas. Asimismo, se ha planteado la creación de un canal de denuncias anónimas para centralizar este tipo de comunicaciones, reforzar la vigilancia y asegurar el cumplimiento de la normativa, garantizando la confidencialidad de los denunciantes.