Las noticias en torno a la política de personal llevada a cabo por el gobierno local no cesan. Si esta semana se conocieron novedades sobre el tira y afloja entre varios funcionarios y el Ayuntamiento por la designación de altos cargos a dedo, ahora es el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) el que le pide que revise 102 nombramientos producidos desde octubre de 2012, ya que los considera contrarios a derechos constitucionales como el de igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas. El SAF denuncia en un comunicado remitido a los medios que el gobierno local ha tramitado "procedimientos de provisión, a través de comisión de servicios y libre designación, en los que ha resultado adjudicatario personal laboral, tanto fijo como indefinido no fijo, en puestos de trabajo que sólo pueden ser ocupados definitivamente por personal funcionario o, con carácter provisional, por personal laboral fijo".
El sindicato se refiere en su escrito a la sentencia dictada del TSJA del 25 de marzo de 2014 en la que, tras admitir la posible existencia de puestos de doble adscripción F/L, se precisa que "al haberse procedido al nombramiento de personal laboral se ha producido una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, por impedir el acceso a los puestos a funcionarios públicos, único personal que tiene derecho a la provisión de los puestos convocados". El SAF destaca que "a pesar de la claridad de la sentencia, el Ayuntamiento ha seguido nombrando con posterioridad puestos F/L a personal laboral", por lo que pide la convocatoria de nuevos procedimientos de provisión de puestos de trabajo con sujeción a la legalidad constitucional, en caso contrario, acudirá a los tribunales.
El Ayuntamiento, por medio del edil de Personal, Javier Durá, asegura que las contrataciones se hicieron respetando la "legalidad" de la provisión de puestos de trabajo a través de comisiones de servicios. "Es la primera vez que en este Ayuntamiento se cubren puestos de la estructura municipal recurriendo a una figura perfectamente ajustada a derecho", apunta Durá. Antes de llegar los populares al poder, "existía un caos organizativo en material de personal que se puede resumir en la existencia de un catálogo de puestos de trabajo absolutamente desfasado, unas retribuciones no ajustadas al puesto de trabajo sino a las personas, unas bandas salariales inasumibles por una Administración Pública, nombramientos a puestos que se duplicaban", apunta el edil de Personal. Una gestión que no ven con tan buenos ojos algunos sindicatos o la oposición, que han denunciado en reiteradas ocasiones el "oscurantismo" con el que actúa el gobierno local en esta materia.
El concejal socialista Luis Flor también se ha pronunciado hoy mismo a este respecto y considera “de extrema gravedad” la denuncia del SAF. “Se trata de un ejemplo más de que Pelayo cree que puede vulnerar la ley cuando y como quiere, del mismo modo que ha ocurrido con temas ya conocidos como la trama de corrupción Gürtel o el Plan del Viñedo. El aquí mando yo y hago lo que quiero no puede estar por encima de la justicia”. Flor censura la “nefasta” política de personal del gobierno local. “Nos hizo creer que la situación era insostenible, que había que hacer un enorme sacrificio y luego nos encontramos que gasta millones y millones de euros en sobresueldos para un grupo minoritario de empleados municipales, afines a ella y a sus políticas, que se repartirán cinco millones de euros, según se recoge en los Presupuestos que acaba de aprobar”.
Comentarios