El TSJA desestima el recurso de una funcionaria y estima que el gobierno local sí anuló ocho nombramientos de altos cargo a dedo. Insta a abrir un procedimiento independiente si ha habido supuestas nuevas irregularidades al aparentar que se ejecuta la sentencia, pues se denuncia que se mantiene a estos directivos, todos contratados laborales, con las mismas funciones pero sustituyendo el nombre del puesto
Como se recordará la convocatoria de libre designación para el nombramiento de los puestos de dirección de servicio en el Ayuntamiento (nivel más alto de la organización), no estuvo exenta de conflicto judicial. Así, además del contencioso entablado por la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ), tres funcionarios municipales presentaron demanda de protección de Derechos Fundamentales por cuanto se habían presentado a determinados puestos de la convocatoria y no fueron elegidos para ninguno de ellos, y en su lugar los seleccionados a dedo por el gobierno local fueron trabajadores contratados laborales.
Este procedimiento de protección de Derechos Fundamentales se lleva a cabo con carácter urgente, por lo cual el 14 de noviembre del pasado 2013 el Juzgado de lo Contencioso de Jerez dictó sentencia declarando que efectivamente el Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, había lesionado el Derecho Fundamental del art. 23.2 de la Constitución, que protege que las Administraciones Públicas estén compuestas con carácter general por funcionarios y que tanto el acceso como la carrera profesional de los funcionarios esté regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad. La sentencia, como está publicado, declaraba que el personal laboral sólo puede ocupar los puestos de funcionarios que ya estuviesen ocupando antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del empleado Público (EBP) y de ningún modo pueden acceder a puestos nuevos, salvo los que no tienen ningún tipo de funciones de responsabilidad, por lo que anuló los ocho nombramientos impugnados por los funcionarios. El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la sentencia del Juzgado de Jerez.
A raíz de estos hechos, en el recurso de apelación de la funcionaria se recoge que si bien el gobierno municipal anuló los nombramientos, "sólo lo hizo dando una apariencia de ejecución de sentencia, ya que mantuvo a casi todos los empleados asumiendo las mismas funciones, pero bajo puestos de distinta denominación, en los que fueron nombrados a dedo por lo que llaman comisión de servicio". Por ello, dos de los tres funcionarios plantearon recurso de apelación que fue desestimado, primero, por el Contencioso de Jerez; y recientemente por el TSJA, al entender ambos tribunales que con la anulación de los nombramientos "ya se da por ejecutada la sentencia y que si se dan otras irregularidades tendrán que ser objeto de un procedimiento independiente".
Circunstancia que resulta previsible ya que, según denuncian fuentes sindicales, son varios los funcionarios que, sorprendentemente, se encuentran sin trabajo, mientras el 'ejecutivo' de Pelayo "no cesa en llevar a cabo nombramientos a empleados laborales en puestos de dirección mediante las comisiones de servicio, que al no llevarse a cabo con concurrencia, son nombramientos a dedo, que impiden a estos funcionarios el acceso a dichos puestos". "Habrá que preguntarse por qué el gobierno de Pelayo persiste en apartar a funcionarios, cual caza de brujas, y prefiere a empleados laborales que copan la mayoría de los puestos de dirección. En cualquier caso, la Constitución y las leyes son claras y tampoco se entiende el empeño de Pelayo por incumplirlas", aseguran las fuentes consultadas. La ATMJ ya denunció en su momento que en lo que va de mandato se llevan unos 150 nombramientos de puestos a dedo en el Ayuntamiento.
La versión del equipo de Pelayo
Según aseguró en una nota de prensa, el gobierno local, "por primera vez en la historia del Ayuntamiento", abrió el proceso en convocatoria para toda la plantilla para 21 puestos de 'libre designación', de los que siete fueron asignados a funcionarios, tres a laborales fijos y once a laborales indefinidos. "Tales asignaciones se debieron a la escasez de funcionarios y laborales fijos en el Ayuntamiento, ya que por la política de contratación seguida históricamente en el Consistorio la mayoría del personal municipal es laboral indefinido, particularmente en el caso de los técnicos, lo que ha generado una situación de insuficiencia de técnicos funcionarios", apuntaron en un comunicado que, una vez más, no firma el responsable político municipal de Personal y Seguridad, Javier Durá.
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