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Adscrito a la delegación de Educación y Juventud, la pareja de la jerezana Ana Mestre entró en el Ayuntamiento en 2003 de la mano de la entonces alcaldesa María José García-Pelayo. Hace año y medio se libró de ser despedido pese a que el expediente de regulación, "no ajustado a derecho y absolutamente arbitrario", incluyó a compañeros de su delegación con más de dos décadas de antigüedad. El PSOE ya denunció que el PP "batió récords" de enchufes en prácticamente año y medio en el gobierno local

Ana Mestre, jerezana alcaldable por el PP en Sanlúcar

"El PP no ha querido aplicar el criterio más objetivo que podía haber para seleccionar a los afectados por el ERE municipal, el de antigüedad, porque sabía perfectamente que eso iba a afectar a los suyos y a otros afines que no les interesaba echar". La afirmación ha circulado como la pólvora en los dos últimos años en el Consistorio. Tanto sindicalistas como políticos, como afectados por el expediente de regulación de empleo, han repetido una y otra vez la teoría. Según denunció el PSOE en su momento, durante la etapa anterior de María José García-Pelayo al frente del Ayuntamiento se "batió el récord de más enchufes en menos tiempo". En concreto, denunciaron, el pacto PP-PSA entre 2003 y 2004 propició la incorporación de 307 trabajadores municipales. Regir la selección de afectados por el ERE bajo un estricto criterio como el de antigüedad hubiera sido más barato y sobre todo más objetivo,  pero habría provocado, entre otras cosas, que muchos de los 'colocados' en aquella época por el PP habrían dejado de trabajar en el Consistorio jerezano.

Incluso el PSOE presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el Partido Popular por presuntas contrataciones irregulares derivadas de aquel paso de los populares por el Ayuntamiento. La denuncia estaba sustentada principalmente en una carta que el por aquel entonces presidente del PP jerezano, Bernardo Villar, en su condición de segundo teniente de alcalde, remitió a Recursos para que "formalizase los oportunos contratos" de hasta cuatro personas en tres parcelas municipales distintas. Tres de los contratos fueron de auxiliar administrativo -uno de ellos, en principio, con complemento de productividad anual de 9.345,71 euros- y uno de secretaria de dirección.

Una de esas colocaciones fue la del marido de la candidata del PP en la vecina Sanlúcar, la jerezana Ana Mestre, quien tuvo que emigrar en 2007 al Ayuntamiento de Cádiz por sus conocidas discrepancias con Pelayo y que ahora ha sido impuesta por Antonio Sanz en la localidad de la costa Noroeste. Adscrito a la Delegación municipal de Educación  y Juventud, la pareja de la joven política popular corrió hace casi dos años buena suerte en el proceso de selección de afectados por el ERE y la alcaldesa no dudó en salvarlo de un expediente que, como se sabe, ha afectado a 260 empleados públicos y fue declarado por el TSJA "no ajustado a derecho" y "absolutamente arbitrario". Hay voces dentro del Ayuntamiento que solo encuentran una explicación, la política, al hecho de que "hayan puesto en la calle a compañeros con más de dos décadas de antigüedad y desempeñando importantes funciones en la misma delegación y en cambio a él lo hayan salvado, con apenas nueve años de antigüedad". "Entró como secretario personal de Bernardo Villar, y todo el mundo pensaba que era personal de confianza, pero lo cierto es que el PP se fue del gobierno y él siguió trabajando en el Ayuntamiento hasta hoy", apuntan otras fuentes.

En su momento, fue el propio Villar quien desmintió este asunto asegurando no tener "nada que ocultar" y acusando al PSOE de crear "cortinas de humo" que "no se sostienen"."Se sobreentiende que la petición se hace a la delegada porque está todo sujeto a la legalidad y se cumplían los requisitos”, afirmó el veterano político popular. Los socialistas, que también han puesto sobre la mesa otros gastos suntuosos del anterior paso de Pelayo por la Alcaldía como 12.000 euros en la adquisición de 80 plumas estilográficas de lujo para regalos de protocolo; 30.000 euros en un cóctel de bienvenida; y 2.900 euros en una cena de despedida cuando la alcaldesa dejó el gobierno local, han documentado que con el PP al frente del Ayuntamiento entre 2003 y 2004 aumentó el personal en 307 personas, unas 50 más que las 260 que despidieron hace año y medio con el ERE municipal.

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