Pedro Pacheco tendrá que ir a juicio por el caso de la venta de la antigua estación de autobuses. En el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha filtrado hoy, se solicitan penas de siete años de prisión, seis de inhabilitación y multa para el exalcalde al considerar que cometió delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración, estafa y falsedad continuada en documento oficial. En su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, según ha avanzado la agencia Europa Press, el fiscal acusa a un total de siete personas.
Además de a Pacheco, que era teniente de alcalde y delegado de Urbanismo cuando ocurrieron los hechos, acusa a Miguel Ballesteros, ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo, para el que pide la misma pena por los mismos delitos. Además, pide para el empresario José Luis López y para su socio Francisco Chávez prisión de seis años, multa e inhabilitación especial por los delitos de fraude a la administración, falsedad continuada en documento oficial y estafa. Por último, para los supuestos testaferros Ángel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López también les acusa de fraude a la administración, falsedad en documento oficial y estafa y para ellos solicita tres años y medio de cárcel, multa e inhabilitación especial par cargo público por seis años. Asimismo, el fiscal quiere que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento jerezano con 1.695.000 euros, la cantidad que el Consistorio dejó de percibir por la venta fraudulenta de la vieja estación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Pacheco y Ballesteros, con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales del Ayuntamiento y de beneficiar a los empresarios, diseñaron un procedimiento 'ad hoc' de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez, que supuso "un grave quebranto del erario público" ya que el inmueble se transmitió por un precio "notablemente inferior" a su valor real, concretamente por la cantidad de 2.765.000 euros, cuando el valor de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4.460.000 euros. El exalcalde siempre se ha exculpado de este caso asegurando que "en todo caso, fue el Ayuntamiento quien se vio favorecido al deshacerse de una finca con unas condiciones de edificabilidad leoninas, con la prueba innegable de que basta comprobar el estado actual que todavía hoy sigue presentando un solar semiabandonado".
En su defensa, Pacheco también ha llegado a aportar ante la Fiscalía (habiéndolo rechazado ésta recientemente) un convenio 'fantasma' posterior a la venta que ahora se juzga, y que, según él, se firmó en julio de 2008 con un segundo comprador de la antigua estación para mejorar las pésimas condiciones de edificabilidad de dicha finca. Pacheco explicó que "éste pidió cambiar toda la calificación de las fincas para aumentar la edificabilidad y hacer privado el uso completo del suelo. Y la anterior alcaldesa se lo concedió todo pese a que hemos comprobado en el expediente que no hay un solo informe técnico ni valoraciones que lo avalen".
Según consta en el documento de la Fiscalía, "al poco tiempo de adquirirse la estación de autobuses por parte de los empresarios, estos a su vez la transmitieron a terceros, obteniendo cuantiosos beneficios". Son estos terceros quienes, quienes según Pacheco ante las dificultades urbanísticas que presentaba la finca, reclamaron mejoras de edificabilidad y, para ello, se llegó a firmar un acuerdo de voluntades previo al nuevo convenio urbanístico. Según publicó Diario de Jerez en su momento, "los técnicos de Hacienda valoraron la finca calculando la tasación que Emusujesa hizo de la finca tal como se encontraba en 2009, no en 2006, cuando carecía de los permisos de edificabilidad para aumentarla en 2.450 metros cuadrados y consecuentemente su valor no había subido gracias a esa recalificación. Ésta, según se publicó, consistía en que la parcela A de la finca, que el PGOU de 1995 la calificaba como edificable y espacio libre público se inscribe como edificable y espacio libre privado, con una edificabilidad añadida de 2.450 metros cuadrados, mientras que la parcela B, antes de equipamiento público -que la ciudad pierde finalmente- se califica en 2009 como de equipamiento privado y espacio libre privado. "De aquí procede la equivocación de la valoración de la finca que hace el perito de Hacienda en 2009, cuando la parcela ya se encuentra inscrita tras su revisión", rezaba aquel artículo publicado en esta cabecera.
En cualquier caso, el Ministerio Fiscal considera en su escrito de calificación que "la venta se realizó en el año 2006, partiendo de unas tasación del año 2004 la cual no se actualizó, y se hizo en un procedimiento previamente confeccionado por los acusados en el que las únicas empresas ofertantes eran sociedades las cuales estaban bajo el mando de los mismos empresarios, que habían colocado en las mismas a testaferros". A todo esto hay que añadir que de una manera o de otra tanto la actual regidora, María José García-Pelayo, como la exalcaldesa Pilar Sánchez llegaron a tener vinculación con el caso de la venta de la antigua estación de autobuses, pues ambas respaldaron con sus votos como máximas responsables del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) en la etapa de los respectivos pacto con el PSA (2003-2007) la mencionada operación que sentará a Pacheco en el banquillo. Como se recoge en las diferentes actas de los consejos de administración y de los plenos celebrados entre 2004 y 2006 hasta producirse la venta final del inmueble a Ingeniería Jienense SL, Pelayo avaló el 15 de junio de 2004, como presidenta de Emusujesa, la adquisición de la antigua estación de autobuses al Ayuntamiento por 1,78 millones de euros. Sólo se abstuvo entonces el consejero socialista, Juan Carlos Camas. Posteriormente, como alcaldesa-presidenta del pleno tomó parte en octubre de ese mismo año en el inicio del expediente para la desafectación del inmueble. Un acuerdo que salió adelante por unanimidad.
Años más tarde y ya con Sánchez en la Alcaldía, el consejo de administración de Emusujesa acuerda el 20 de enero de 2006, en su segundo punto del orden del día, la enajenación de la vieja estación de autobuses tras ser otorgada en agosto de 2005 la escritura pública de compraventa. El acta de este consejo recoge que "se ha buscado obtener las mayores plusvalías posibles con la venta de dicho inmueble, en beneficio no sólo de la propia Emusujesa sino del propio Ayuntamiento", ya que las plusvalías, de en torno a un millón de euros, se repartirían al 60-40%, respectivamente. En ese momento, votaron a favor del acuerdo la entonces presidenta, Pilar Sánchez, y los tres consejeros socialistas, así como Pacheco y los otros dos consejeros andalucistas. El representante del PP, Javier Durá, se abstuvo.
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