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Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 1966), comenzó su carrera profesional en el mundo de la enseñanza —es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla—, a la que dedicó más de veinte años, primero como profesor de latín y griego en Sanlúcar y luego como profesor y director en un instituto de Aracena (Huelva). Maíllo se considera una persona "comprometida políticamente" desde que tenía 18 años y es un político algo atípico en sus planteamientos: "Creo que es muy importante baquetearse en la vida real, en la búsqueda de becas, de un contrato de trabajo, porque cuando estamos en responsabilidades políticas hay que tener empatía, ponerse en la situación de los demás y eso te lo facilita haber estado en el otro lado". Desde junio de 2012 es Director General de Administración Local de la Junta y desde el mismo mes del año pasado, coordinador general de IULV-CA, "pero con la voluntad de que esto sea algo circunstancial y después pueda volver a mi trabajo", ya que entiende la política como "una obligación ética".

Esta entrevista se produjo el pasado martes en un receso de la visita que Maíllo realizó a Jerez acompañando al candidato a las Europeas de IU, Tasio Oliver. Con lo cual, tuvo lugar un par de días antes de que se anunciara y publicara el decreto en el BOJA por el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, retiraba provisionalmente las competencias a su socio de gobierno en materia de Vivienda por los realojos de la Corrala Utopía y el posterior anuncio de IU de la ruptura momentánea de la alianza de gobierno. Tras los amagos de ruptura del pacto que desencadenó la controvertida decisión por ambas partes, ayer estas formaciones se empeñaron en lanzar un mensaje al unísono de que la "normalidad" habría regresado a la coalición que gobierna Andalucía. No faltan voces, no obstante, que ya vislumbran un anticipo electoral en otoño.

En mayo se cumplirán dos años de Gobierno en coalición con el PSOE en la Junta, ¿qué balance hace?

El balance es que hemos sido un gobierno de resistencia y eso nos lo reconoce la sociedad andaluza. Izquierda Unida gobierna por primera vez en ámbito autonómico en Andalucía y gobierna en el peor escenario económico y financiero. O dicho de una manera más coloquial: cuando menos atractivo es dar el salto al Gobierno andaluz, y nosotros decidimos hacerlo, en un acto de audacia política y además desde una experiencia inédita, porque consultamos a la militancia y la militancia votó democráticamente si nos incorporábamos al Gobierno o no. Hemos sido un gobierno de resistencia en el que el PP nos ha recortado masivamente prestaciones y financiación para mantener la Sanidad, la Educación y los servicios sociales públicos. En Andalucía, lejos de caer en la tentación de privatizar para obtener liquidez, hemos conservado la red pública de hospitales y centros de salud y además hemos reorganizado la visión de los conciertos educativos y hemos intentando compensar, sin conseguirlo, los programas de servicios sociales, donde se nos ha recortado el 72% de las transferencias y nosotros hemos llegado hasta el 52%. Nos han faltado 20 puntos porque no teníamos dinero para mantenerlo, pero gracias a esa resistencia intentamos no desmantelar toda la red de servicios básicos. Y por otro lado estamos ante un gobierno transparente, un gobierno que no comete delitos. Usted observa que los posibles escándalos vinculados a malas prácticas de corrupción son todos de gobiernos anteriores. Desde que gobiernan PSOE e IU en coalición estamos ante un gobierno de mesa de cristal, de manos encima de la mesa y de transparencia en la práctica. Y desde luego si se produjera alguna mala práctica, actuaríamos inmediatamente para combatirla.Nunca le ha temblado la mano a la hora de condenar públicamente la corrupción, ya sea por la trama Gürtel o el caso de los ERE, y siempre ha sido muy crítico en este aspecto.

No podemos dejar de serlo. Una de las claves de esta crisis del sistema es la impunidad con la que se ha actuado en el uso de los fondos públicos y el caso de la Gürtel es un caso de corrupción de presunta financiación del partido que gobierna en este país. Por tanto, desde esa presunta financiación puede haber hasta un fraude electoral, porque se han ganado unas elecciones desde una descompensación o diferencia en las reglas del juego de la financiación a la que podían acceder determinadas fuerzas políticas y a la que podía acceder el Partido Popular. Desde esa presunción de uso fraudulento de financiación estamos hablando de un caso muy grave, y de supuestos sobresueldos en B de los que nos gobiernan. Estamos hablando de un caso de corrupción impresionante. Pero para nosotros toda la corrupción debe ser atendida e investigada y el caso de los ERE es otro caso que debe ser investigado. No solo que tiene que ser, sino que lo ha sido desde el plano político que es el que nos corresponde. Nosotros no vamos a intervenir en procedimientos judiciales, ¿pero en el plano político qué hicimos? Algo que no se hizo en otras comunidades autónomas. En Madrid el PP impidió hacer una comisión de investigación de Bankia y en el Congreso impidió que se investigara sobre la red Gürtel. En Andalucía, gracias a los votos de IU, se permitió que hubiera una comisión de investigación de los ERE. Y digo gracias a los votos de IU porque en la anterior legislatura, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, nosotros planteamos hacer una comisión y no se hizo. Los votos determinantes de IU han sido clave para que hubiera esa comisión.

Incluso la trama Gürtel ha salpicado a Jerez con la presunta contratación irregular del stand de Fitur 2004.

Creo que es un tema que hay que investigar, porque es curioso que una empresa que además no está ubicada ni ha trabajado en Andalucía, curiosamente lo haya hecho en Jerez. Además con una sospecha, que ahora mismo está en el ámbito de los indicios, no de la evidencia, de que se hubiera producido una especie de elaboración del expediente posteriormente a la ejecución de esa asignación. Lo que hay que hacer es investigar y que se aclaren esas responsabilidades.

Su formación anunció en Jerez la puesta en marcha de una propuesta para garantizar el agua en los hogares andaluces, imagino que precisamente para evitar casos como los ocurridos en la ciudad a principios de año.

Nosotros siempre defendemos la gestión pública del agua por dos razones: porque es un derecho, no un objeto de consumo más; y porque la gestión pública permite que la rentabilidad de una empresa repercuta en toda la ciudad. Cuando nosotros abordamos este asunto aquí en la jornada sobre el agua, estábamos abordando algo que están haciendo ya los propios Ayuntamientos: los que siguen gestionando directamente el agua están abordando criterios de concesión de un suministro mínimo a familias que se demuestra que no pueden afrontar el pago del agua. Es verdad que no lo hemos podido conseguir en aquellos municipios que tienen privatizado el servicio heredado por otras gestiones municipales, pero el caso de Jerez es el más paradigmático. Jerez tiene un Ayuntamiento con una situación financiera ruinosa, que requiere de atenciones de carácter excepcional vinculadas a un mayor plazo de amortización en la deuda y en las obligaciones financieras. ¿Cómo es posible que haya asumido el gobierno del PP una privatización que es pan para hoy y hambre para mañana? Los 80 millones que suponen la concesión administrativa para 25 años son el equivalente a los ingresos que van a tener los ocho primeros años, a partir del noveno año todo son ganancias y beneficios para la empresa. Estamos hablando de una empresa que se vende a 80 millones para 25 años, y una empresa que tras los 25 años de gestión va a recibir 344 millones de euros. Es un disparate esta tendencia, que no es solo exclusiva del Ayuntamiento de Jerez, pero sí del Partido Popular: la privatización del Estado supone una merma para el futuro de esta ciudad. Eso por no hablar de la subida que han experimentado los vecinos en la factura del agua.

Claro, cuando uno concede la gestión de un derecho básico a una empresa privada, lo que evidentemente no va a venir de una empresa privada es la consideración social, eso es propio de una empresa pública. Y cuidado, no menoscabo a la empresa privada, ellos en su legítima dinámica empresarial acuden a la ganancia y al beneficio. Lo censurable es que una administración pública conceda la explotación de un servicio a una empresa privada que no va a tener ningún tipo de consideración social. ¿Y qué ha ocurrido? No ha transcurrido ni un año y ya son 200 las familias que han visto cortados sus suministros. Frente a eso nosotros planteamos un blindaje, un blindaje vinculado a familias que se demuestren que no pueden pagar porque su situación económica es tan de exclusión social que se ven impedidas a afrontar ese pago. Estamos ante una hoja de ruta neoliberal de demolición de servicio público, de debilitamiento del Estado, y esto provoca y va a provocar solamente desigualdad.

¿Está usted al tanto de los problemas que ha ocasionado en Jerez la aplicación del decreto de exclusión social de la Junta? ¿Qué opinión le merece la actuación del Ayuntamiento? 

Simplemente hay que leer el decreto, y el decreto está muy claro: Habla de la competencia municipal en la gestión de la contratación de las personas seleccionadas. El marco que establecía el decreto era una contratación de entre 15 días y tres meses y en ese ámbito de discreción interviene el Ayuntamiento. Hubo una detección que se corrigió a tiempo, que fue la especificidad para el régimen agrario, porque de lo contrario se corría el riesgo de perder el subsidio agrario y había que evitarlo. En este sentido no se trata de echar balones fuera, el que quiera leer el decreto sabe que el marco de discreción a la hora de los criterios y la contratación lo tenían las administraciones locales.

¿Cree que el Ayuntamiento quiso engordar el número de contratados?

El decreto de exclusión social establece un marco de discrecionalidad de los ayuntamientos en el que tienen que decidir: Si prefieren contratar a 15 días tienen más capacidad para aumentar el número de personas beneficiadas, y si en lugar de 15 días contratan tres meses con el mismo dinero, pues esto hubiera supuesto menos beneficiados. Evidentemente entiendo que el Ayuntamiento ha apostado por la fórmula de menos tiempo, pero para más gente. Yo no voy a valorar el criterio, evidentemente el reparto del trabajo es necesario, lo que es evidente es que un decreto de este tipo palía parcialmente un hecho estructural como es el paro, pero no lo soluciona desde el punto de vista estratégico.

"El Ayuntamiento de Jerez debe ser el ejemplo de lo que no se debe hacer en gestión de Personal"

El Tribunal Supremo está a punto de pronunciarse sobre la resolución del recurso a la sentencia del ERE municipal, ¿cómo valora usted el proceso de ejecución de este Expediente?

Que ha sido un desbarajuste eso no lo duda ni el que asó la manteca. Otra cosa es el debate jurídico que pudiera haber, que yo siempre digo que en el ambito jurídico no me voy a meter. Yo hago una valoración política, y la valoración política es que la gestión del ERE ha sido manifiestamente mejorable. Y la evidencia de que no se ha actuado con criterios homogéneos en todas las unidades administrativas del Ayuntamiento la reconoce todo el mundo. Quisiera no vincular la valoración política del ERE a la resolución judicial. Puede haber sido legal, pero desde luego desde el punto de vista político ha sido un desastre. Hay constatación de que ha habido diferentes criterios aplicados, que se ha hecho de una forma precipitada, y evidentemente nosotros no compartíamos la gestión que se hizo de ese ERE. El Ayuntamiento de Jerez debe ser el ejemplo de lo que no se debe hacer en gestión de Personal, porque los procesos de acceso han sido absolutamente faltos de transparencia. Y le voy a decir una cosa, podría hacer el simplismo de achacarlo a la alcaldesa actual, pero no es afrontar la realidad. La responsabilidad se tiene desde los años del Partido Andalucista, que configuró una gestión municipal absolutamente desoladora. Es un problema estructural que tenemos en el Ayuntamiento de Jerez que hay que abordarlo con una visión muy amplia. Creo que el PP se ha equivocado sin lugar a dudas porque ha afrontado un debate de los ERE que ha dejado mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia, el contraste y la regulación.

La Junta ha puesto en marcha recientemente el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, ¿en este caso se puede decir que más vale tarde que nunca?

En primer lugar, la ley de memoria democrática satisface lo que para nosotros es una ley de referencia y ejemplo de una deuda histórica que tiene este país para ser más decente, como es la justicia y reparación para todos aquellos andaluces y andaluzas que lucharon por la democracia. A nosotros siempre nos hubiera gustado que al día siguiente de la constitución del gobierno hubiéramos planteado ya el borrador, pero los procedimientos de normas obligan a un debate. ¿Y sabe lo que le digo? Que en el aprendizaje de ese debate tengo una conclusión clara: cuando se abordan con prudencia, con debate, con atención y con mucho cariño y participación de entidades, de asociaciones memorialistas en la participación de la ley, puede que se tarden cinco o seis meses, pero créame que queda para la eternidad una ley mucho mejor de lo que pudiera ser la precipitación de presentar un anteproyecto sin ser participado. Los mecanismos democráticos también tienen sus tiempos, y en la compensación entre la prisa y una buena ley, aunque tenga unos meses de retraso, créame que me quedo con la segunda opción, porque se ha sacado una ley que ha sido consensuada con asociaciones de memoria histórica, que ha sido debatida con el socio de gobierno y que afronta con ambición la resolución de un problema histórico que hace que Andalucía sea más decente al día siguiente de la aprobación de esta norma.

La Junta ha anunciado recientemente un gasto de 7,6 millones para la compra de tablets para alumnos de Primaria ¿considera necesaria esta inversión?

Desde un plano meramente conceptual, en el mundo de la educación, al que me he dedicado 23 años, la incorporación de la nuevas tecnologías es fundamental para el desarrollo de destrezas en el alumnado. Nosotros habríamos hecho de otra forma la incorporación del programa de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Dicho esto, es evidente que en estos tiempos excepcionales, incorporamos además con una enmienda de IU, negociada con el PSOE, que 15 millones de euros que iban a ir en el borrador del anteproyecto del presupuesto para la obtención de la compra de ordenadores se utilizara para la contratación de profesorado interino. La compra de tablets, de los 7 millones que se han utilizado, no corresponden a estos presupuestos de 2014, son de partidas anteriores y evidentemente estaban asignadas con ese carácter finalista, pero es evidente que nosotros así lo apoyamos en los presupuestos de 2014.

Otra medida muy criticada fue el reparto de dos comidas diarias en los comedores escolares incluida en el decreto de exclusión social...

A mí me parece que frivolizar sobre una necesidad básica es tremendo. Si usted y yo hubiéramos hablado en 2007 y nos planteamos que siete años después un gobierno tiene que dedicar dinero a la alimentación básica del alumnado nos estaríamos riendo, porque nadie se imaginaba que iba a haber esta explosión de despidos masivos, caída del empleo, de la actividad económica, de familias que pierden las prestaciones… Esta no se considera una medida de carácter estable, sino una medida extraordinaria para unos tiempos excepcionales. El objetivo del gobierno es que esto sea una transición y que no sea necesaria en los próximos años. Pero mientras salimos de la crisis hay que atender a la gente que no es que esté en riesgo, es que está en pura exclusión social. Y garantizando un derecho que es un derecho humano. Me parece que ha sido una atención necesaria, era urgente y así se ha planteado, con carácter excepcional, y desde luego quien lo descalifica es porque desconoce la realidad de Andalucía en algunos sectores.

¿Será usted el candidato de IU a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones?

Después de las elecciones europeas lo abordaremos, pero es evidente que entre las posibilidades que tiene un coordinador general de IU en Andalucía es la de ser el candidato a la Junta. 

¿Tiene ya IU candidato a la Alcaldía de Jerez en 2015?

En esta organización no hay dedos divinos que designen, sino que somos profundamente democráticos y, por tanto, ofreceremos al propio ámbito local el debate político sobre el encabezamiento de la lista. Estoy convencido de que la asamblea de Jerez acertará en la elección al candidato en 2015, pero lo importante es que haya una gran convocatoria social y política para construir el programa electoral con las organizaciones de la sociedad de Jerez.

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