Urbanismo mantiene la medida preventiva hasta que tenga los resultados de unas catas y conozca el estado del edificio.
Las dos familias de La Constancia desalojadas el pasado viernes tras desprenderse parte de la cornisa del número 3 de calle Manolete tendrán que permanecer, al menos, otros dos días más fuera de sus casas. Los técnicos de Urbanismo, que han visitado el bloque este lunes, tendrán que esperar para poder obtener los resultados de las catas que deben determinar el estado del edificio. El Ayuntamiento informa que, como medida preventiva, tendrán que permanecer fuera de sus viviendas hasta que se conozcan los resultados.
"Aquí crujen las paredes todos los días, si no cruje por la mañana es por la tarde, pero éste fue en seco, nunca lo había escuchado así”, relataba Loli Dueñas, una de las vecinas que lleva desde el viernes alojada en un hotel cercano a la espera de que autoricen el regreso a su vivienda, donde lleva toda su vida. "Tengo que estar agradecida a los servicios sociales", señala Loli, que apenas pudo recoger algo de ropa y su medicación antes de dejar la vivienda.
Urbanismo mantiene así el desalojo preventivo. El teniente de alcaldesa del ramo, Francisco Camas, asegura que este lunes se ha realizado una primera inspección “tras la cual se ha decidido mantener el desalojo de estas dos familias hasta recabar más datos de la estructura a través de la realización de catas que nos permitan obtener información precisa sobre el estado del edificio”. La delegación asegura que está previsto que este martes se vuelva a realizar una nueva inspección al objeto de realizar las citadas catas y poder acceder a la cubierta de la edificación para comprobar su estado. El gobierno local indica en una nota de prensa que ha estado en continuo contacto con las dos familias afectadas desde que fueron desalojadas el pasado viernes al objeto de ofrecerles alojamiento y manutención, si bien, una de ellas no lo ha necesitado.
"El técnico nos ha dicho que no entra nadie si no es acompañado de una autoridad", relata Loli, que se queja del retraso en la rehabilitación del edificio, aprobada desde 2009. “Llevamos cuatro años con el edificio declarado con alto riesgo de derrumbe”, señala, e insiste en que el bloque tiene “vicios ocultos” por las deficiencias en la construcción. Hace casi ocho años que Ayuntamiento y Junta firmaron la adenda al protocolo por la que se le reconocía a los vecinos estas intervenciones —incluidas dentro del Programa de Rehabilitación Singular—. Más de 205.000 euros debe aportar la Junta y otros 96.000 euros el Ayuntamiento, aunque la rehabilitación sigue sin concretarse.
Comentarios