Enésima asamblea de los afectados del ERE municipal. La primera desde que se creó la plataforma y desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo. Desde el público, una joven lanza una súplica durante el turno de ruegos y preguntas: "No alargad más esta agonía por favor, vayamos a las demandas individuales, tengo dos hijos y necesito cerrar esta herida". Los asistentes aplauden, ya que recoge el sentir de muchos de ellos. Que el Supremo declarara ajustado a derecho el ERE que dejó en la calle a 260 trabajadores municipales cuando el TSJA había hablado de arbitrariedad fue un mazazo para muchos, que esperaban que el Alto Tribunal siguiera los pasos del andaluz. Aunque se agarran al voto particular emitido por seis magistrados, que aseguran que se produjo "inexistencia real de la posibilidad de verdadera negociación".
El abogado laboralista Antonio Ortega, que lleva la defensa de más de 40 trabajadores incluidos en el ERE y del Colectivo de Trabajadores Progresistas (CTP), recuerda durante la asamblea celebrada el pasado miércoles que el Tribunal Supremo no ahondó en los criterios utilizados para elegir a los afectados. Ortega se ampara también en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que apunta que el Ayuntamiento cerró 2011 con más de 3,6 millones de superávit y no con 22 millones de déficit como aseguró el gobierno local para "justificar" el ERE, circunstancia que denunció la ATMJ hace dos semanas. Una representante de la Agrupación de Técnicos asegura que "el Ayuntamiento no cumplió con las obligaciones de rendir cuentas ante la Cámara, por lo que hay posibilidad de ir al recurso extraordinario de revisión", que puede reconsiderar la decisión adoptada por el Supremo.
Los procedimientos individuales presentados se van a poner en marcha a partir de septiembre y Ortega estima que los juicios se celebrarán durante el último trimestre del año. Estos juicios pueden considerar los despidos nulos, lo que conllevaría la readmisión, aunque éstos se contarán "con los dedos de una mano". Habrá muchos improcedentes (por lo que las indemnizaciones pasarían de 20 a 45 días por año trabajado). Para los afectados mayores de 59 años, uno de los criterios incluidos en la memoria del ERE, puede haber esperanza ya que "fue un criterio impuesto y no se negoció, por lo que puede ser discriminatorio", apunta Ortega, que subraya el cambio de ponente como determinante, ya que "lo han quitado de en medio" y luego fue uno de los que emitió el voto particular a favor de los trabajadores.
Para Sonia Sierra, de CCOO, la del Supremo es "una sentencia política", aspecto que compartió con otros representantes sindicales, que confían en que el juzgado de instancia opte por los criterios de selección, ya que así "tenemos más posibilidades de obtener una improcedencia". "Tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para explicarle a los jerezanos que el ERE ha sido injusto y arbitrario". Quien habla es Pedro Grimaldi, uno de los representantes de la plataforma, que instó a los presentes a firmar el manifiesto solidario con los despedidos del ERE, que lleva más de 500 apoyos en apenas dos semanas.
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