El Tribunal Supremo anula la absolución inicial de la Audiencia Nacional y condena a tres años de cárcel a ocho activistas que rodearon el Parlamento catalán en junio de 2011, uno de ellos el jerezano Ciro Morales. El activista se muestra "estupefacto" con la sentencia "ejemplarizante" del Alto Tribunal.
El antiguo arsenal de la Ciudadela, sede del Parlamento de Cataluña, tiene ocho accesos. Aquella mañana solo abrieron una de sus puertas. En una circular remitida por los Mossos se instaba a sus señorías a entrar en la cámara a pie, pese a que siempre lo hacen en sus coches oficiales. Estamos a mediados de junio de 2011, en el contexto de las movilizaciones del 15M. CiU y sus socios del Parlamento catalán van a aprobar uno de los primeros paquetes de recortes presupuestarios del Estado. Ni se sabe cuántos han venido luego, allí y en toda España. Por supuesto, ninguno de ellos estaban incluidos en sus programas electorales. Aquella contestación ciudadana se da en llamar Aturem el Parlament (Paremos el Parlamento). Unos 2.000 indignados son recibidos por los Mossos con las primeras cargas desde las nueve de la mañana, las justas para que cuando lleguen los políticos aquello sea una olla a presión.
"Aquello fue una ratonera, todo estaba orquestado políticamente. El 60% de los parlamentarios que fueron a los juicios recriminaron más la actitud de la policía autonómica que la de los manifestantes. Estaban para ver qué pasaba, para cargar, no para proteger. Lo volvería a hacer, pero con más inteligencia, caímos en el juego de Felipe Puig (consejero de Interior)". Quien así se manifiesta es Ciro Morales Rodríguez, el jerezano afincado en Barcelona al que la Audiencia Nacional absolvió en julio del año pasado y al que esta semana, "de forma inaudita", el Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión por un delito contra las altas instituciones del Estado.
Oímos su voz al otro lado del teléfono: tranquila, pero incrédula por el giro en los acontecimientos. "Estamos estupefactos". El Supremo, con un voto particular del magistrado Perfecto Andrés favorable a mantener la sentencia de la Audiencia, ha anulado lo dispuesto en primera instancia y le condena a prisión junto a otros siete compañeros que participaron en la protesta en el Parlament. "Aquel día lo recuerdo como muy divertido, el pueblo se empoderó y salimos a la calle para decirles cuatro cosas a los políticos pero, claro, eso no lo pueden dejar impune".
En su opinión la sentencia del Supremo es "completamente inaudita. Aquí ha habido llamadas de teléfono, se ha activado toda la maquinaria político judicial; hablamos de corporativismo jueces-políticos, no de jueces con jueces porque no creo que a la Audiencia precisamente le haya sentado nada bien esta sentencia que le desprestigia". El activista, con quince años a sus espaldas en movimientos sociales y políticos, asegura sin ambages que este fallo condenatorio es "claramente ejemplarizante". Un aviso a navegantes de todo lo que trae tras de sí la llamada Ley Mordaza impulsada por el Gobierno de Rajoy. "Esperaba, como mucho, que el TS anulara la sentencia de la Audiencia para repetir el juicio; estos magistrados no vieron aquellos nueve días de juicio, no pueden juzgarme".
"No hubo acto de agresividad y en ningún caso impedimos la entrada al Parlamento"
Aquel día de junio, Ciro estaba detrás del ex conseller Ernest Maragall, por lo que "no pude impedir el acceso al Parlamento. Siempre estaba a su espalda, levanté los brazos y le grité en la oreja por detrás a una persona que reconoce que nunca se sintió intimidada por mí. Y por eso, tres años de cárcel". "Ojalá hubiese sido sedición -delito que reclamaba Manos Limpias-, pero fue un día tremendamente divertido y reivindicativo donde miles de personas le dijimos a los políticos las cosas a la cara, pero no hubo acto de agresividad y en ningún caso impedimos la entrada al Parlamento". De hecho aquel debate solo se retrasó unos quince minutos pese a los incidentes. La sentencia de la Audiencia Nacional también contó con un voto particular, esta vez firmado por el juez Grande-Marlaska y en contra de la absolución. En todo caso, el activista jerezano ni tan siquiera se encontraba en el mismo: "Yo estaba totalmente absuelto y ahora me encuentro con esta barbaridad".
“La sentencia obedece a un sesgo ideológico; todo el mundo sabe cómo funciona el Supremo, se ha plegado a las presiones del poder ejecutivo y toda la presión ambiental que se produjo sobre la sentencia de la Audiencia”.De esta forma ha valorado el letrado de varios de los condenados por el cerco al Parlament, Jaume Asens, la condena. En línea con Ciro Morales, el abogado ha sostenido, en declaraciones para La Marea, que se trata de un “aviso a navegantes” que establece “un precedente”, relacionando la anulación dictada por el Supremo con los casos de escraches juzgados hasta ahora, así como las acciones de Rodea el Congreso, que han terminado con sentencias absolutorias.
"Me encuentro bien porque llevo mucho años metido en política, no es que no tuviese precisamente el cuerpo preparado. Además, después de quince años dedicado a la militancia, me siento muy acompañado, mucha gente se está solidarizando con manifestaciones unitarias", asegura Ciro. Habrá nuevo recurso al Constitucional, aunque el Supremo pretenda no paralizar la entrada en prisión. La Fiscalía abrió la caja de pandora y esto ahora es una patata caliente para todo el mundo", mantiene. Y vuelve a tirar de argumentario para reivindicar que volvería a hacerlo: "La crisis ha sido la excusa perfecta del sistema capitalista para arrasar los escasos derechos con los que contaba el pueblo, que es quien tiene la soberanía. No me siento más perseguido que cualquiera que decide plantarle cara a los sinvergüenzas que manejan esta sociedad". "Esto no pueden dejarlo impune porque estamos quitándole la legitimidad, que ellos olvidan que es del pueblo", insiste, mientras mira a su Jerez natal desde Barcelona con "pena". "Me vine aquí y de momento no pienso volver. Es una tierra de pobreza y no paran de maltratarla".
El Alto Tribunal entiende que los argumentos que sirvieron para la absolución inicial alteraron “las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderación” y afirma que aquella sentencia incurrió en una “errónea y traumática desjerarquización del derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema”.
Los derechos de manifestación y reunión que la Audiencia contempló para rechazar las peticiones de pena que demandaban Fiscalía, Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament de Catalunya, colisionaron con “el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo”. La protesta de los indignados alrededor del Parlament en la sesión que debía aprobar los recortes impulsados por el Ejecutivo de Artur Mas, estima el Supremo, pretendía “paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo”, y establece que este hecho "está por encima de la libertad de manifestación".
Esta sentencia contraviene el fallo absolutorio de la Audiencia Nacional, que había absuelto a 19 de los 20 encausados, y condenado a uno de ellos por una falta por pintar con spray la chaqueta de la diputada socialista Montserrat Tura. La sentencia de la Audiencia, recoge La Marea, mantenía que los acusados no trataban de atacar el funcionamiento de las instituciones, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales. “Quienes protestaban no querían restricciones económicas de los servicios públicos y quienes adoptaban tales decisiones ya no les representaban […] los partidos de Gobierno que habían conseguido la mayoría no habían planteado ni propuesto en sus programas el recorte de gasto social que ahora se iba a acometer", afirmaba el texto.
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