"Esto lo ha hecho presidencia y lo ha hecho Deloitte ... Ellos han hecho esto. (...) Yo no he emitido ningún informe y entiendo que mi gente tampoco (...) Yo no he hecho una evaluación por una razón obvia: no os conozco". La difusión de unas grabaciones del delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, evidencia la arbitrariedad en la selección de los 260 afectados por el ERE en el Ayuntamiento que puso en marcha el gobierno local del PP que preside María José García-Pelayo. En esas grabaciones que circulan por las redes sociales desde hace aproximadamente un mes, Cáliz se contradice claramente en relación con lo que declaró en el juicio en el TSJA por este expediente ya que entonces dijo, según recoge la propia sentencia, que a él "se le pidió una relación de personas imprescindibles, la hizo, y sin embargo, algunos están en el ERE y otros no, por conocimiento profesional y actitud y que los criterios estaban establecidos y él lo sabía, pero su lista era profesional, por antigüedad, conocimientos".
Mientras tanto, los afectados tendrán que esperar al menos otros tres meses para conocer si definitivamente el Tribunal Supremo anula un expediente que ya en el TSJA fue declarado como "no ajustado a derecho" y "absolutamente arbitrario" a la hora de decidir quiénes eran puestos en la calle. El motivo del nuevo retraso, ya que se esperaba sentencia para este mes, se debe a que el ponente que debía resolver el recurso ante el TS ha sido relevado por un nuevo magistrado que ahora será el encargado de un fallo que podría poner contra las cuerdas al gobierno local del PP. Y es que la alcaldesa Pelayo ha fiado prácticamente toda la legislatura a dos controvertidas decisiones, los despidos masivos en el Ayuntamiento pese a que prometió que no adoptaría medidas traumáticas y la privatización de Aguas de Jerez. Habrá que ver el coste que finalmente tiene para la ciudad y los jerezanos ambas decisiones.
En todo el procedimiento puesto en marcha por el PP ha sobrevolado con fuerza que todo se debiera a una cacería ideológica enmascarada bajo la justificación del motivo económico. Pruebas más que evidentes de lo anterior existen. Desde la clasificación de los trabajadores por color político que aireó el PSOE hasta las pruebas que aportó recientemente la ATMJ. Todo hubiera sido más sencillo de haberse aplicado criterios tan aparentemente objetivos como el de la antigüedad en el Ayuntamiento, pero el PP y García-Pelayo prefirieron optar por otros criterios de selección de afectados que casi dos años después de iniciar el expediente no han sido capaces de explicar con claridad. La Agrupación de Técnicos Municipales en el Ayuntamiento de Jerez, la ATMJ, también presentó recientemente en el Tribunal Supremo nuevas pruebas contra el expediente de regulación de empleo (ERE), aprobado por el PP por el que fueron despedidos 260 empleados y que está recurrido en el Alto Tribunal.
Los nuevos documentos entregados detallaban las productividades y las horas extra abonadas por el Consistorio y que ascienden a dos millones de euros, así como el pago de los 200 euros a cada policía local cuando tienen que trabajar el fin de semana fuera del cuadro horario establecido. Documentos que pretendían demostrar el incremento del gasto en la política de personal del Ayuntamiento pese a alegar motivos económicos para aplicar el expediente de regulación de empleo. En las pruebas interpuestas también desglosan "otras medidas" adoptadas por el Consistorio como la municipalización de los autobuses urbanos. En todo caso, estas pruebas fueron desestimadas por el TS tras las alegaciones del Ayuntamiento pese a que en un primer momento sí fueron admitidas.
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