El PP lleva por cuarta vez esta propuesta, ya que ve injusto que "los hijos de los trabajadores tengan que pagar de nuevo por lo que ya pagaron sus padres".
Por cuarta vez, la retirada del impuestos de sucesiones irá al Parlamento andaluz llevada por el PP. El diputado Antonio Saldaña asegura que "la injusticia de este impuesto es que los hijos de los trabajadores tengan que pagar de nuevo por lo que ya pagaron sus padres durante toda una vida de esfuerzos", por lo que pide apoyo a esta propuesta, que cuenta con el “respaldo y adhesión” de “más de 300.000 firmas de toda Andalucía, más de 40.000 en la provincia”.
El dirigente popular considera que esta medida es “de sentido común”, pero en anteriores ocasiones ha contado con la negativa del PSOE con la complicidad de Ciudadanos. Saldaña incide en que la campaña de recogidas de firma impulsada por el PP andaluz responde a la “iniciativa e implicación” de los populares “a favor de las personas, de la bajada de impuestos y de la reactivación económica”.
El también secretario general de los populares gaditanos señala que se trata de un “impuesto injusto y que grava a la clase trabajadora”. En una frase resume la propuesta popular en que “los hijos no tengan que volver a pagar por lo que ya pagaron sus padres”. Y recuerda que Andalucía es, junto a Cataluña y Asturias, una de las comunidades autónomas que aún mantiene el impuesto de sucesiones y donaciones que afecta especialmente a los “autónomos y agricultores”. Incide además que en comunidades que tienen reducido este impuesto, tal es el caso de Madrid.
La propuesta del PP tiene por objetivo reducir al 99% este gravamen y que se pague sólo el 1% por herencia, aplicando una reducción progresiva del impuesto hasta 2018 con una reducción anual del 33% de la cuota en los años 2016, 2017 y 2018. Hay que recordar que, actualmente, la Junta recauda 13.500 millones aproximadamente por impuestos, de los que 345 millones corresponden al impuesto de sucesiones, lo que apenas representa el 2,8% de los ingresos de la Junta. A su juicio, “la propuesta popular no supone ningún desequilibrio presupuestario si se aplica una recaudación eficiente”.
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