El gobierno local mantiene el plazo del 30 de junio para ejecutar la reincoporación de los afectados por el ERE y admite que finalmente tendrá que modificar las cuentas de 2015 en lugar de incluirla en las de 2016, como se anunció.
Están en plazo pero el paso del tiempo hace que la paciencia sea un bien escaso. Los afectados por el ERE, que siguen concentrándose en la puerta del Ayuntamiento –empezaron a mediados de enero–, vuelven a escuchar de boca de la alcaldesa Mamen Sánchez que se siguen dando pasos para su reincorporación. La fecha límite sigue siendo la misma: el 30 de junio. En la práctica es posible, defiende el gobierno local, que tras la última reunión de la mesa de seguimiento del ERE, traslada a los trabajadores su intención de continuar con el procedimiento para no exceder la previsión.
El Ayuntamiento sigue esperando una respuesta de la Dirección General de la Función Pública, que según el gobierno local es quien debe dar el visto bueno económico a la reincorporación de los afectados por el ERE, tras ser remitidos a este órgano después de consultar a Hacienda. Pero a algunos miembros de la Plataforma de Afectados por el ERE (PAE) les consta que no es necesario esperar el ‘ok’ de la Función Pública –organismo adscrito al Ministerio–, ya que esta cuestión excede de sus competencias. No es vinculante, pero sí significativo cómo se pronuncie este organismo. Así, hay quien cree que es más una cuestión de “voluntad política” que de otra cosa.
El gobierno también trabaja en la elaboración del Presupuesto de 2016, en cuyo Plan de Ajuste debe tenerse en cuenta la reincoporación de los 106 trabajadores –aunque la cifra es aproximada– que han manifestado su intención de recuperar su puesto de trabajo. Tras la última cita con la alcaldesa, Mamen Sánchez deja entrever que finalmente se hará una modificación presupuestaria de las cuentas de 2015 para poder incluir el coste de la readmisión, que debe ser inferior al de la indemnización para que Hacienda dé el visto bueno.
El próximo 8 de mayo expira el plazo para que Ayuntamiento y trabajadores firmen los acuerdos transaccionales –mostrando así su intención de optar por la readmisión– y todavía no se han sentado ambas partes. El gobierno está trabajando en los borradores, que estarán listos en los próximos días, aseguran fuentes municipales.
“Tenemos ya todos los informes, nos falta sólo el informe del Papa”, ironiza uno de los afectados por el ERE concentrado frente al Ayuntamiento, que añade: “Tiene que quedarle claro a la gente que la readmisión no es justicia, porque poco menos que hemos tenido que pagar para entrar”. Dice eso por el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento por el que deben renunciar a los salarios de tramitación para compensar la diferencia entre reincorporar –cuyo coste se estima en unos 13 millones de euros– e indemnizar –6,5 millones–.
“Mis tres o cuatro primeros sueldos van a ser para devolver lo que debo”, sostiene un afectado, que pone de manifiesto la situación por la que están pasando muchos de ellos. “He paralizado la hipoteca”, dice una compañera suya que se manifiesta frente al Consistorio, mientras llega una nueva afectada que viene de presentar la documentación pertinente en Bienestar Social para poder solicitar cheques de comida. Otro, mayor de 59 años –uno de los requisitos empleados por el PP para incluir a trabajadores en el ERE–, cree que este colectivo es el de “los grandes olvidados”.
“Nos dijeron que iban a empezar a readmitir en abril, estamos a día 7, todavía no ha entrado nadie y no hemos abierto la boca”, sostiene otro afectado que confía en que antes el 30 de junio sí estén de vuelta en el Ayuntamiento. Para ello se tiene que aprobar la modificación del Presupuesto y del Plan de Ajuste, que deben estar un mes expuestos públicamente y luego aprobarse en pleno y ser ratificado por Hacienda.
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