La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha requerido el expediente de contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal, que como es sabido fue adjudicado a finales de enero pasado a la consultora Deloitte, según han asegurado a lavozdelsur.es fuentes municipales. Como es sabido, previamente esta empresa ya se hizo cargo hace dos años y medio de la tramitación del despido que afecta a 260 trabajadores y del posterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Aún es pronto para conocer el alcance de la actuación a seguir por el Gobierno andaluz, con competencia para velar por la legalidad de los acuerdos de pleno y de junta de gobierno local, ya que la investigación administrativa está en fase inicial pero todo apunta a presuntas graves irregularidades en el procedimiento seguido en la contratación, lo cual podría desembocar en una denuncia por vía penal.
Todo arranca el pasado 23 de enero, cuando el ejecutivo de María José García-Pelayo aprobó el inicio del procedimiento de contratación del citado 'servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal' por procedimiento negociado sin publicidad, adjudicándose finalmente el contrato el 29 de enero a la multinacional Deloitte. El Ayuntamiento, aseguran las mismas fuentes de toda solvencia, no tenía justificación para llevar a cabo una nueva contratación externa de un bufete de abogados, ya que dispone de un gabinete jurídico municipal cuyo coste anual es de 797.124 euros. De hecho, en el expediente, ha podido saber este medio, no existe informe del director del gabinete jurídico. Justificándolo, según relatan fuentes municipales, en que los letrados del gabinete estaban dispuestos a asumir el trabajo. De esta manera, el gobierno municipal se vio obligado a incorporar un informe de la Delegación de Personal para suplir la ausencia del referido informe del propio gabinete jurídico. "En cualquier caso, con la precaria situación económica del Consistorio y ante un Plan de Ajuste revisado en cuatro ocasiones que obliga a reducir las contrataciones externas, cualquier motivación de asesoramiento externo es cuando menos cuestionable", aducen las mismas fuentes.
El gabinete jurídico municipal cuesta al año casi 800.000 euros, por lo que difícilmente se justifica otra contratación externa en un Ayuntamiento inmerso en un Plan de Ajuste
Por otra parte, en el primer citado acuerdo de la junta de gobierno local, como se ha dicho, se decide hacer la contratación por procedimiento negociado sin publicidad (el mismo que se empleó para la contratación de Fitur en 2004, que ha sido calificado por la Intervención General del Estado como ilegal por su falta de justificación y cuya instrucción sigue abierta en la Audiencia Nacional). En este caso, al igual que con aquellos contratos a empresas de la trama Gürtel, el procedimiento de contratación debió ser abierto (concurso público), ya que el precio de salida era de 121.000 euros. En cambio, el gobierno de Pelayo volvió a recurrir al artículo 169 d) de la ley de contratos. Es decir, “cuando por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”. Esto vendría a decir, a juicio del gobierno local del PP, que en toda España sólo existe un bufete de abogados. Llamativo, cuando menos, si recordamos que fue Garrigues la primera adjudicataria de la tramitación del ERE municipal y que su renuncia fue la que permitió a Deloitte hacerse con el primer contrato que ha desencadenado el expediente de despidos masivos.
Pero además, siguiendo una línea muy similar al caótico expediente de Fitur y también como algo censurado por ilegal por la Intervención General del Estado, el gobierno local cita en el acuerdo que se daba la situación del artículo 169 e): "Una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que demandaba una pronta ejecución del contrato". Imperiosa urgencia que no tiene, a priori, la más mínima justificación, por cuanto las demandas individuales del ERE se conocían desde varios meses atrás.
Por si fuera poco, relatan las mismas fuentes municipales a lavozdelsur.es, para seguir emulando al procedimiento de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la trama Gürtel, y aunque el procedimiento negociado exige la petición de al menos tres ofertas (invitar a al menos tres empresas), el acuerdo de junta de gobierno local del 29 de enero adjudica a Deloitte el contrato y reconoce expresamente que sólo han pedido oferta a esta consultora, llegando a decir que “el Departamento de Contratación solicita oferta a la única empresa capacitada”. "Es una manifestación que, por sí misma, minusvalora al colectivo de abogados de la ciudad, y al resto de bufetes y letrados del territorio español, y que, por su incoherencia, la hace irrazonable e inadmisible", argumentan.
Como otra de las curiosidades que rodea a este controvertido expediente que ha sido solicitado para su análisis exhaustivo por la Junta de Andalucía, tanto García-Pelayo como su primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña "excusan su ausencia" en las dos juntas de gobierno local donde se inicia la contratación y donde se adjudica la misma, dejándoles la responsabilidad de su aprobación al resto de miembros del órgano ejecutivo municipal. A ambas sesiones, casualmente, tampoco asistió Enrique Espinosa, delegado de Economía del que depende el área de Contratación, por lo que la responsabilidad de estas contrataciones, subrayan las fuentes mecionadas, quedaron en manos de los teniente de alcalde Javier Durá y Felisa Rosado; el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz; y la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes.
A los más de 120.000 euros que se embolsará con este nuevo contrato gracias al gobierno de Pelayo, Deloitte acumula unos ingresos de unos 60.000 euros en concepto de tramitación del ERE del Ayuntamiento, otros 20.000 euros por el recurso de casación al Tribunal Supremo al haber sido declarado el expediente como no ajustado a derecho en el TSJA, y otros casi 21.000 euros por acometer el proyecto de remodelación de las empresas municipales que, finalmente, fue elaborado por técnicos de la ‘casa’. Otra cosa no, pero la consultora Deloitte hará esta legislatura su pequeño agosto con el Ayuntamiento de Jerez gracias al PP. No en vano, ingresará más de 220.000 euros por una serie de trabajos no todo lo satisfactorios que cabría esperar. Conviene recordar que, como publicaba El País esta misma semana, ya hay medio centenar de sentencias que declaran la improcedencia de los despidos de otros tantos afectados y se esperan que sigan la misma tónica las 70 restantes.
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