El pleno rechaza la revisión recogida en el pliego de condiciones de la venta del servicio realizada por el PP en 2013 y, por otra parte, aprueba el incremento del Impuesto de Actividades Económicas.
El Ayuntamiento de Jerez, para 2018, aplicará una subida del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas que facturen más de un millón de euros anuales, una medida que intentó aplicar en el ejercicio anterior y que fue tumbada por la oposición. En esta ocasión la apoyan Ganemos e IU, sus socios de investidura. La otra subida de impuestos prevista por el ejecutivo socialista, la del suministro de agua —está obligado a repercutir el IPC anual y el aumento previsto por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG)—, no sale adelante, ya que el PSOE se queda solo, mientras que IU y PP votan en contra y Ganemos y Ciudadanos optan por la abstención en una sesión plenaria celebrada en la tarde de este martes, rozando el plazo legal para aprobar las ordenanzas fiscales del municipio para el año próximo.
Una vez rechazada la subida del suministro de agua —del 0,2% correspondiente al IPC y de 0,13 a 0,15 euros por metro cúbico que señala el Consorcio—, el Ayuntamiento tendrá que buscar un plan B conseguir los ingresos previstos con esta tasa. Pero, además, se enfrenta a posibles consecuencias derivadas del incumplimiento del pliego de condiciones firmado con Aquajerez, la empresa que gestiona el servicio desde que el PP lo privatizó en 2013. De este incumplimiento “se derivarían responsabilidades patrimoniales, económicas y presupuestarias para el Ayuntamiento en forma de indemnizaciones”, según recoge un informe del interventor municipal, como así lee en el pleno Santiago Galván, teniente de alcaldesa de Economía. El edil popular Antonio Saldaña le recrimina que es “innecesaria” la lectura de ese informe e insta al gobierno socialista a “actuar menos de asustaviejas y más de políticos”.
El responsable de la Hacienda municipal defiende que la subida —interruptus— del agua la exige el contrato firmado por el gobierno de María José García-Pelayo, y añade: “A pesar de estar obligados, la propuesta es la menos lesiva para la inmensa mayoría de ciudadanos”, ya que estaba previsto que se aplicara en el bloque máximo, para los contribuyentes con consumos superiores a 30.000 litros mensuales, que constituyen, según cálculos municipales, un 3,6% de los contratos que existen en Jerez. Pero estos argumentos no convencen al resto de grupos. Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU, entiende que hay que revisar las tasas, “pero no nos parece bien que lo traigan al pleno sobre la bocina, diciendo que hay que aprobarla sí o sí porque de lo contrario tendríamos problemas”. El edil pide para ello informes económicos que avalen esta subida. “No podemos repercutir precios diferentes a ciudadanos que están dentro del mismo término municipal”, añade, en referencia a las ELA que gestionan —o quieren gestionar— el servicio de forma pública.
La agrupación local de Ciudadanos, que termina absteniéndose a pesar de haber anunciado su intención de posicionarse en contra, se muestra “en desacuerdo con que los ciudadanos tengan que pagar las deficiencias del Consorcio de Guas de la Zona Gaditana”, y critica la falta de inversiones y el aumento del gasto en personal de esta institución. El PP, a través de su portavoz Antonio Saldaña, centra su exposición en una pregunta: ¿”Alguien sabe lo que ha dicho el Consejo Social de la Ciudad?” La repite en varias ocasiones, buscando el titular de la nota de prensa que tenía preparada para remitir a los medios en cuanto terminara el pleno y que señala que el CES “rechazó” las ordenanzas fiscales del PSOE, ya que, como admite el teniente de alcaldesa Santiago Galván, no llega a emitir informe sobre esta cuestión —que no es vinculante, pero sí preceptivo—.
Saldaña dispara contra el CAZG para basar la negativa de su grupo a aprobar la subida en la tasa del agua: “No pretenderá que los jerezanos paguen los favores del PSOE en el Consorcio”, le espeta a Galván, que lo anima a acudir a los juzgados si conoce alguna irregularidad, y agrega: “El agua en alta del Consorcio sigue siendo de las más baratas de España, Sevilla está en 0,59 euros, Huelva en 0,41, Córdoba en 0,27, Cádiz en 0,31, Málaga en 0,23”. Ganemos, en este punto, en el que no pensaba intervenir, lo hace para preguntarle a Saldaña: “¿A quién le preguntó el PP para privatizar el agua? Si no estuviera privatizada la podríamos gestionar igual que en Cádiz, concediendo bonificaciones a familias”.
El pleno no depara sorpresas, habida cuenta de la predisposición mostrada por los grupos antes de celebrarse. El Impuesto de Actividades Económicas, con los votos de PSOE, Ganemos e IU, se incrementa desde el 2,82% que regía este año, hasta el 3,6% en su coeficiente más alto, por lo que se sitúa como el sexto municipio de la provincia con el IAE más elevado, por detrás de Sanlúcar, El Puerto y La Línea —todas al 3,8%— y Cádiz (3,7%). Así, las 1.082 líneas de negocio que facturan más de un millón de euros anuales en la ciudad verán incrementada esta cuota, algo a lo que se oponen PP y Ciudadanos. “Esta subida puede hacer migrar a empresas”, señala Carlos Pérez, portavoz de Cs, quien critica que el gobierno local busque “obtener 1,7 millones por la vía rápida”, una medida que puede afectar al municipio “a largo plazo”.
“Van a provocar que haya efecto huida a San Fernando, Arcos o Bornos”, señala Pérez. El teniente de alcaldesa Santiago Galván le contesta asegurando que “es estar en el país de los osos amorosos decir que Ikea se va a ir a Bornos por 9.000 euros —de incremento del impuesto—”. Raúl Ruiz-Berdejo, de IU, le sigue la broma y remata que “Ikea no se va a ir a Bornos”. El edil de la coalición de izquierdas reseña que “los impuestos se pueden repercutir por arriba o por abajo” y que “Jerez tiene un índice escandalosamente bajo”, por lo que apoya la propuesta del PSOE. No lo hace el PP, quien señala dos “falsedades” de los socialistas: “a la subida no obliga el Plan de Ajuste —como señalan los socialistas—, sino el anticipo de 49 millones pedido en abril de 2016, y además el informe de intervención advierte de que para este año es necesario buscar un incremento de impuestos adicionales de 3,5 millones de euros”.
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