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La cifra sale de la parte proporcional que queda por amortizarse, de los beneficios que espera obtener la empresa y restando las inversiones que Aqualia tiene que hacer en la red según recoge el pliego de condiciones.

¿Es posible remunicipalizar la gestión del agua? La Coordinadora del Agua cree que sí. El gobierno local tiene sus dudas. Por ahora es prudente. Hasta que no tenga el informe jurídico-económico en el que está trabajando para conocer el coste de la operación, prefiere no aventurarse ni “engañar” a los ciudadanos.

El Ayuntamiento aún desconoce la cuantía, pero la Coordinadora ha hecho los cálculos de lo que costaría volver a contar con la gestión del agua. Unos 54,1 millones de euros. ¿De dónde sale esta cifra? La organización resta del canon –80,1 millones– la parte proporcional por los dos años y medio que hace que se privatizó el servicio, por lo que en estos momentos restarían 72 millones por amortizar. Además, según el pliego de condiciones, la empresa debe invertir un millón de euros anuales en mejoras de la red, por lo que le quedarían por abonar 23,75 millones, ya que hasta el momento ha invertido apenas 1,25 millones.

La tercera pata que menciona la Coordinadora para calcular el coste es el lucro cesante, es decir, las ganancias previstas durante lo que queda de concesión. Teniendo en cuenta lo declarado en 2013 –primer año que gestionó el servicio–, cuando ganó 184.000 euros de abril a diciembre. Con estas cifras –que no está nada claro que se mantengan– y sin conocer las de 2014, la Coordinadora estima que los 260.000 euros de beneficio anuales que calculan harían un total de 5,85 millones por este concepto. Así, sumando los 72 millones de lo que resta por cumplirse del canon, los 5,85 millones del lucro cesante y restando los 23,75 millones que le quedan a Aqualia por invertir, el rescate costaría 54,1 millones de euros.

Los 54 millones suponen para la plataforma un coste inferior a “los añadidos que pueden tener la continuidad del servicio en manos de la empresa privada”

Para terminar de defender su postura, la Coordinadora del Agua asegura que los 54 millones que costaría recuperar el agua suponen un coste inferior a “los añadidos que pueden tener la continuidad del servicio en manos de la empresa privada”. Por agua no registrada –diferencia entre el volumen de agua suministrada y el de agua registrada en los medidores–, calculan un gasto de algo más de un millón de euros anuales para el Ayuntamiento; 1,25 millones al año por las ayudas a familias con problemas económicos; otros 250.000 euros anuales por el mantenimiento del servicio técnico municipal y Oficina de Atención al Ciudadano; y 450.000 euros al año por la recogida de residuos. Trasladados a los 22,5 años que quedan de concesión, calculan un coste para las arcas municipales de 68,66 millones, aunque prevén que aumenten con los años.

“Para una entidad financiera no hay mejor aval que toda una facturación obligada, con unos ingresos muy cercanos a los 30 millones de euros anuales”, sostienen desde la Coordinadora, que espera que el gobierno local pueda conseguir “una nueva reformulación financiera” para costear los 54,1 millones que calculan que supondría devolver el agua a manos públicas. “La operación es totalmente viable”, apuntan. “La Coordinadora del Agua entiende sobradamente que en todo caso, las consecuencias o costes que tendremos que pagar en los 23 años restantes de concesión, son mucho mayores que las que tendríamos que afrontar con un buen rescate del servicio, que por otro lado, ahora es el mejor momento para llevarlo a cabo”, añaden desde la organización.

Por eso critican las declaraciones vertidas por el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, en una entrevista concedida a Diario de Jerez. “No tenemos la capacidad económica para revertir la situación”, apuntó Díaz en el citado periódico, unas declaraciones que la Coordinadora considera que son "precipitadas". El Ayuntamiento prefiere ampararse en la otra vía existente para recuperar el servicio, que no es otra que el incumplimiento del pliego. “El objetivo es fiscalizar y controlar a la empresa”, asegura Díaz, que prefiere no posicionarse al respecto hasta no contar con el informe jurídico-económico.

“Esto, como todo en las administraciones públicas, necesita sin remisión la "voluntad política" como respuesta a una necesidad socioeconómica perentoria y a un ejercicio de buena gestión de los recursos que los ciudadanos en las urnas les otorgan”, asegura la Coordinadora, que confia en la buena voluntad de PSOE, Ganemos e IU, partidos que firmaron la adhesión al Pacto Social por el Agua Pública.

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