El candidato de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, ha reprochado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que “no se ponga del lado de las alrededor de 1.000 familias vinculadas a la Asociación de Tenis Jerez (ATJ) y, por el contrario, presione al máximo para favorecer los intereses de una operación de pura especulación con las instalaciones deportivas en terreno público que ocupa este colectivo”. Según ha informado la junta directiva de la ATJ y se ha confirmado en los últimos días, la entidad ya incluso cuentan con la carta de desahucio para que desalojen las instalaciones en un máximo de 8 días, “lo que significa en la práctica que la alcaldesa y su equipo del PP han permitido que se expida el certificado de defunción de un colectivo que viene desarrollando una encomiable labor de promoción deportiva y vertebración social desde hace más de dos décadas”.
Junto al coordinador y concejal de Foro, Manuel Rosa, y la portavoz municipal, Rocío Montero, el alcaldable mantuvo en días pasados una reunión con la junta directiva y otros miembros de la asociación, y ha vuelto a considerar “esencial” pelear por la treintena de puestos de trabajo que actualmente se mantienen en la ATJ, e igualmente que “no se paralice en ningún momento la actividad en este club deportivo sin ánimo de lucro y abierto a toda la ciudadanía”. “Es evidente que el adjudicatario final se presentó con bajas temerarias al concurso, como así nos evidencian los documentos en manos de esta asociación, por lo que no llegamos a entender cómo no ha habido diligencia y voluntad política para impugnar este acuerdo que ahora tiene a este colectivo deportivo, uno de los que cuenta con mayor masa social del municipio, amenazado por un desahucio inminente”, ha mantenido en una nota de prensa.
“Este desahucio sería malo para el interés general de la ciudad y sería dejar a los trabajadores de esta asociación en una situación de total indefensión; hay que pelear porque no se queden las instalaciones vacías y se mantenga el empleo”, ha exigido Ramírez, quien recuerda que el pliego para la concesión y explotación de las instalaciones fijaba un pago inmediato del canon de dicha concesión de alrededor de un millón y medio de euros, por lo que “si realmente la empresa adjudicataria tiene un interés real en rentabilizar las instalaciones y tiene músculo económico, no un mero interés especulativo como defienden desde la ATJ, se va a haber en cuanto tenga que depositar esa cantidad”.
En cambio, ha denunciado, “el gobierno de Pelayo, no sabemos muy bien por qué, ni con qué criterio, ni con qué intereses, se preocupa de darle todas las facilidades del mundo a la empresa y ahora nos enteramos de que va a aplazar el 100% del pago a lo largo de la concesión”. “Los más de 200 niños y niñas que aprenden en la escuela de la ATJ, los casi 30 trabajadores, las cientos y cientos de familias vinculadas con este colectivo se merecen que el gobierno local explique claramente qué intereses le mueve en relación con este adjudicatario para defender a toda costa que sea él quien se quede finalmente con las instalaciones”. De hecho, han lamentado los afectados, “nos dicen que ese aplazamiento lo ha autorizado incluso la Intervención municipal, pero no entendemos cómo es posible si va totalmente contra lo estipulado en el pliego de condiciones”.
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