La Guardia Civil pone a 22 personas a disposición judicial relacionadas con una estafa masiva al Servicio Andaluz de Salud, entre ellos el director y el ex director gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Venel desarrollada en Cádiz, ha desarticulado una organización responsable de un fraude masivo al Servicio Andaluz de Salud de más de 250.000 euros. Se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, 13 detenidos y 9 investigados, entre los que se encuentran el director y el ex director gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; los ex directores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros hospitalarios durante los años investigados. Se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.
Además del perjuicio causado al erario público, una de las consecuencias más graves que se derivan de esta práctica criminal es el caso de un paciente al que se le denegó un material ortopédico que precisaba porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos. La operación se inició a instancias del Juzgado de Instrucción nº 1 de Puerto Real para investigar unas supuestas irregularidades detectadas por el Equipo Provincial de Inspección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, relativas a la facturación de la prestación ortoprotésica prestada por el Hospital Universitario de Puerto Real, durante los años 2012, 2013 y primer semestre de 2014.
Las investigaciones detectaron una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del Servicio Andaluz de Salud del Hospital de Puerto Real y varios titulares de ortopedias radicadas en las provincias de Cádiz —en concreto en Jerez—, Sevilla y Málaga.
Posteriormente se determinó que gran cantidad de recetas emitidas para la prescripción de material ortopédico, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de distintas ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia. Se trataba de distintos productos de mayor o menor coste, dándose una pluralidad de casos delictivos detectados, además de multitud de irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial.
Habían facturado productos a nombre de más de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento.
Entre las modalidades delictivas más utilizadas están: prescripciones de prótesis de amputados a personas que manifestaron no haber recibido los productos, aclarando además que padecían amputaciones distintas a la de estos artículos facturados irregularmente a su nombre; prescripciones de prótesis de amputados a personas no amputadas; prescripciones de sillas eléctricas y arreglos de sillas eléctricas, manifestando estos pacientes que no las habían obtenido, no les habían realizado arreglos e incluso que no las necesitaban; prescripciones duplicadas de artículos ortoprotésicos, por las que se realizó una doble facturación; prescripciones a pacientes que manifestaron no haber acudido a su médico para la obtención de estos artículos, sino que se los había gestionado directamente las ortopedias; prescripciones en las que se visó y falsificó la firma de los auxiliares administrativos y de los propios facultativos; prescripciones de las que no existen registros informáticos, debido a un borrado de la base de datos de cargos, y de los que tampoco existe documentación en el archivo del hospital.
Aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó el mismo y se corrigieron las deficiencias supera ampliamente el medio millón de euros en uno de los hospitales.
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