La Agencia Tributaria ha dado un paso más en su ofensiva fiscal sobre la Feria del Caballo de Jerez y ha comenzado a enviar requerimientos de información individuales directamente a los titulares de casetas, a quienes exige que aporten en el plazo de diez días hábiles un detalle exhaustivo de todos los contratos, facturas y medios de pago utilizados en la celebración, tanto en su pasada edición (si ya fueron titulares de casetas) como en los preparativos y el discurrir de la inminente nueva edición.
El documento, firmado por el inspector regional adjunto y emitido desde la Inspección Regional de la Delegación Especial de Andalucía con sede en Jerez, supone la fase más concreta y directa de una operación que arrancó hace dos semanas con un requerimiento al propio Ayuntamiento de la ciudad.
Como avanzó lavozdelsur.es, el primer paso del Ministerio de Hacienda fue requerir al Consistorio jerezano, en concreto a la Delegación Municipal de Fiestas, a que enviara todo el listado completo de titulares de casetas que pueblan el Real del González Hontoria. En tiempo récord para la habitual lentitud burocrática de la administración, los 174 titulares de casetas de la Feria de Jerez ya han sido notificados con el requerimiento para fiscalización.
La acción de Hacienda encaja en un patrón que ya se ha visto en otras ferias andaluzas. El año pasado, la Agencia Tributaria requirió a las casetas de la Feria de Abril de Sevilla la identificación de los proveedores y servicios contratados, incluyendo montaje, almacenamiento, restauración, decoración, instalaciones o seguridad; importes pagados de más de mil euros y forma de pago utilizada; contratos, facturas y justificación documental; e identificación de los socios que prestan servicios, si se trata de medios propios. Ahora es Jerez quien recibe el mismo tratamiento, y lo hace con la Feria a unos diez días para su inauguración. El evento, declarado de Interés Turístico Internacional, prevé encender oficialmente su alumbrado el próximo sábado 9 de mayo y no se apagará hasta el sábado siguiente, 16 del mismo mes.
Qué pide exactamente Hacienda a los caseteros: contratos, facturas y formas de pago desde 1.000 euros
El requerimiento es muy concreto en lo que solicita. En primer lugar, la identificación de todas las personas o entidades con las que se hayan contratado servicios para la Feria 2026 en conceptos como montaje, instalaciones y almacenamiento, siempre que el importe supere los 1.000 euros, con indicación de dicha cantidad y del medio de pago utilizado.
En segundo lugar, la identificación de quienes prestan o han prestado el servicio de restauración, también con el importe abonado y la forma de pago. Y si el titular de la caseta lo fue también en 2025, se le exige la misma información respecto de la Feria del año pasado.
Todo lo anterior debe acompañarse de la justificación documental completa: contratos, facturas y acreditación de los medios de pago utilizados. En el caso de que los servicios de montaje o instalación los realicen los propios socios, deberán identificarse con su NIF y nombre, e indicar además el lugar donde se efectúa el almacenamiento. La información debe cumplimentarse en un cuadro específico que la propia Inspección adjunta como anexo al requerimiento.
El límite de 1.000 euros en efectivo, en el punto de mira
El documento recuerda expresamente que desde el 10 de julio de 2021, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal fijó en 1.000 euros el límite general para pagos en efectivo por operación. Y añade un matiz importante: esta limitación afecta a cualquier pago de un presupuesto que supere ese umbral aunque el cliente lo realice de forma fraccionada por importes inferiores.
La respuesta al requerimiento debe realizarse en diez días hábiles, por lo que se da la circunstancia de que el plazo concluye con la celebración en marcha, lo que dificultará aún más la contestación, ya que estos diez días hasta la inauguración son plenos en cuanto a tareas organizativas y de montaje por parte de los caseteros del Real del González Hontoria, y casi sin pestañear, se pasa a la vorágine de la propia celebración.
Las consecuencias de no responder son claras y están explicitadas en el propio requerimiento: en caso de no atenderlo, o de que la contestación sea incorrecta, se iniciará el correspondiente expediente sancionador por infracción tributaria. Frente a ello, los afectados tienen la posibilidad de interponer un Recurso de Reposición ante la Dependencia de Inspección o una Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, ambos en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación.
La Agencia Tributaria pretende tener bajo estricto control el movimiento económico de las casi 200 casetas que conforman una celebración que mueve muchos millones de euros, incrementando además las inspecciones en materia laboral, algo que ya viene sucediéndose de unos años a esta parte. Hasta el momento no ha habido valoración política por parte de gobierno u oposición, si bien en plena precampaña ya se puede intuir que este será un tema de confrontación partidista, más si cabe teniendo en cuenta que hasta hace un mes la responsable política del Ministerio de Hacienda era María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a presidir la Junta de Andalucía.
