La empresa de telemarketing Majorel ha cerrado su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el tercero en dos años, de forma unilateral tras concluir el periodo de consultas sin acuerdo con la representación sindical. La decisión, comunicada por correo electrónico a los trabajadoresen la tarde de este pasado jueves, eleva a 88 los despidos forzosos y aplica la indemnización mínima legal de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, "las condiciones menos favorables posibles para los trabajadores dentro del marco legal".
El resultado final, denuncian los sindicatos, supone un deterioro respecto a lo que se había negociado sobre la mesa: en la última oferta de la empresa antes de romperse las conversaciones, los despidos forzosos eran 77 y la indemnización alcanzaba los 30 días por año con un tope de 18 mensualidades, tanto para salidas voluntarias como forzosas.
El proceso arrancó con una propuesta inicial de la empresa que afectaba a 329 trabajadores, todos ellos como despidos forzosos, sin contemplar ninguna desafectación ni salida voluntaria. A lo largo de la negociación, esa cifra fue reduciéndose: la última oferta empresarial situaba la afectación total en 255 personas, con 74 desafectaciones y 177 voluntarios.
Sin embargo, al cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo, el resultado final ha quedado en 279 afectados en total, con solo 50 desafectaciones, 191 salidas voluntarias y 88 despidos forzosos. Las condiciones para los voluntarios también han empeorado respecto a la última oferta negociada: de los 30 días por año y 18 meses de tope ofertados, se ha pasado a 28 días por año con un máximo de 15 mensualidades.
CCOO no firma el acuerdo y anuncia que impugnará el ERE en los juzgados
La sección estatal de Comisiones Obreras (CCOO) en TP-Majorel ha sido la voz más crítica con el desenlace del proceso. En un comunicado publicado este viernes, el sindicato señala que "no ve justificadas las causas" del ERE y que durante la negociación no se atendieron peticiones que consideraba fundamentales, entre ellas la limitación de la contratación por ETT, la reducción del número de afectados, el aumento de la indemnización y un compromiso de mantenimiento del empleo.
CCOO subraya además que el escenario de no acuerdo "ya se preveía desde un principio entre la mayoría de secciones sindicales" y critica que "casi ninguna otra sección trabajó por aportar números, datos y propuestas" para mejorar las condiciones.
El sindicato reivindica, no obstante, haber conseguido durante las negociaciones "desbloquear la voluntariedad cuando nadie apostaba por ello", lo que habría permitido mantener las salidas voluntarias y sus condiciones mejoradas incluso tras el cierre sin acuerdo, evitando así un mayor número de despidos forzosos. A pesar de no haber firmado el ERE, CCOO reconoce que tampoco encuentra "motivos para sentirse feliz ni orgulloso" con el resultado.
La falta de acuerdo deja sin protección a colectivos vulnerables
Uno de los aspectos más graves señalados por CCOO es que la ausencia de acuerdo ha impedido blindar a colectivos vulnerables dentro de la plantilla y corregir los criterios de selección de los afectados, lo que ha dejado en manos de la empresa la decisión unilateral de qué trabajadores salen de forma forzosa. Sin un pacto que fijara criterios objetivos y consensuados, la compañía ha tenido libertad para determinar quiénes son los 88 empleados que pierden su puesto de trabajo en las peores condiciones económicas posibles.
El sindicato ha anunciado que no da por cerrado el proceso: "Vamos a denunciar este ERE y lo lucharemos en el juzgado, donde vamos a pelear y seguir defendiendo los derechos de toda la plantilla", concluye el comunicado. La vía judicial se presenta así como el siguiente capítulo de un conflicto laboral que, según CCOO, tiene "recorrido" suficiente para ser impugnado ante los tribunales.