Por trabajar 30 horas semanales, una trabajadora de Majorel, actualmente Teleperformance (empresa de telemarketing), cobra 970 euros al mes. “Con eso tengo que sacar adelante una casa y dos niños pequeños”, comenta. En su caso, los ingresos familiares dependen de dos sueldos similares, ambos de jornadas parciales.
Esta empleada lleva más de nueve años en la empresa y asegura que las condiciones han ido empeorando con el paso del tiempo. Hace años que podía completar su salario gracias a las horas complementarias, lo que permitía alcanzar unas 37 horas y media semanales. “Ahora nos hemos quedado en 30 horas y el sueldo justo”, se queja. Lo hace frente a la sede de Teleperformance en Jerez, un imponente edificio en el Parque Empresarial.
La empresa cuenta con unos 800 empleados, pero hace poco eran unos 1.400. En apenas dos años ha ejecutado tres ERE (Expediente de Regulación de Empleo). El que tiene ahora sobre la mesa prevé el despido de 329 personas, 48 de ellas en Jerez. Aún no hay nombres, pero sí "incertidumbre y mucho miedo". ¿Y si me toca a mí?, es la pregunta que se hacen todos.
También se la hace otra empleada —prefieren no dar nombres—, que trabaja actualmente 24 horas semanales y percibe unos 800 euros al mes. Aunque no sabe si su puesto puede verse afectado directamente por el ERE. "No sé si me puede tocar, pero la incertidumbre está ahí", afirma.
De ahí que hayan optado por la vía de la protesta. La huelga de este martes, en el centro de Jerez, congrega a un buen número de trabajadores, a representantes sindicales y políticos, locales, provinciales, autonómicos y nacionales.
"Aunque no entremos en el ERE, la duda es qué pasará después”, explica una de las empleadas con las que habla lavozdelsur.es. A su juicio, el temor principal no es solo el posible despido inmediato, sino la posibilidad de que la actividad termine trasladándose a países donde los costes laborales son mucho más bajos, que es la intención de la empresa.
Muchas familias dependen de este empleo. “Hoy en día no se vive con un solo sueldo en casa. Imagínate si se pierde uno”, afirma otra trabajadora, que recuerda que en muchos hogares entran dos salarios para poder afrontar gastos básicos como hipoteca, suministros o alimentación.
Presión diaria y evaluación constante
Las empleadas también describen un trabajo marcado por una evaluación continua del rendimiento. Según explican, se mide mediante indicadores de tiempo de atención, valoraciones de clientes y objetivos de productividad.
Sin embargo, muchas veces los resultados dependen de factores que escapan al control del propio trabajador. “Si un cliente tiene un problema que no podemos resolver porque viene de otro departamento, la mala valoración nos la llevamos nosotros”, señala Carmen, trabajadora de Majorel.
Las trabajadoras también critican el uso de empresas de trabajo temporal (ETT). Según denuncian, mientras se plantea el despido de trabajadores de plantilla, continúan publicándose ofertas de empleo para cubrir puestos a través de este tipo de empresas. “Quieren echar a casi 50 personas y al mismo tiempo hay ofertas para contratar. No se entiende”, explican.
CCOO y UGT alertan de la deslocalización que pretende Majorel
Mayte Garro, trabajadora de Majorel, miembro del comité y responsable de telemarketing de UGT en la provincia de Cádiz, asegura a este medio: "No estamos de acuerdo en que para la empresa sea inviable, como dicen, mantener los puestos de trabajo".
La empresa argumenta que no existe suficiente actividad, pero los contratos revisados por el comité indicarían lo contrario. “Los contratos que estamos viendo se justifican por aumento del nivel de trabajo”, afirma Garro.
La representante de UGT sospecha que la empresa pretende cubrir con trabajadores de ETT los puestos que queden vacantes tras el ERE y, al mismo tiempo, trasladar parte del servicio fuera de España. “Con eso es con lo que la dirección quiere jugar: abaratar costes”, explica.
Además, recuerda que el convenio limita el uso de ETT al 30% de la plantilla, aunque advierte de que ese límite podría sortearse si parte de la actividad se externaliza a otros países. El calendario de negociación avanza y el plazo para ejecutar el expediente concluye el 18 de marzo. Hasta entonces quedan tres reuniones más entre empresa y sindicatos.
Francisco Soto, delegado sindical de CCOO, asegura que la negociación está siendo complicada. A su juicio, la empresa llega a la mesa con una postura cerrada. “La empresa tiene su idea hecha. Presenta su informe y su memoria y parece que eso es lo que hay”, afirma.
Soto cuestiona especialmente el uso de empresas de trabajo temporal mientras se plantean despidos en la plantilla. “No puede ser que pretendan despedir a menos gente que el número de trabajadores de ETT que tienen”, señala.
El delegado sindical recuerda que el periodo de consultas del ERE tiene un máximo legal de 30 días y que las dos últimas reuniones están previstas para los días 17 y 18 de marzo. Mientras tanto, la plantilla mantiene movilizaciones y jornadas de huelga para presionar durante la negociación.
Apoyo institucional y político a los trabajadores
La protesta también cuenta con el respaldo de representantes políticos de distintas formaciones. La delegada municipal de Empleo del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, expresa el apoyo del gobierno local a los trabajadores afectados.
“Cada puesto de trabajo de Jerez nos duele”, afirma en declaraciones a lavozdelsur.es. García recuerda que el centro ha sufrido un fuerte descenso de plantilla en los últimos años, por lo que las demandas que están planteando los trabajadores y los sindicatos son “lógicas y sensatas”.
La delegada explica que la semana pasada ya recibieron a representantes de la plantilla en la delegación de Empleo y que desde entonces mantienen contacto con la empresa. García recuerda que la negociación del ERE se desarrolla a nivel nacional, pero que el Ayuntamiento trata de mediar para evitar despidos.
En este contexto, defiende el trabajo de la plantilla jerezana y la calidad del servicio que presta. “Estamos hablando de trabajadores con un nivel de absentismo mínimo y con una atención al cliente de máxima calidad”, destaca la delegada. A su juicio, esa calidad debería ser un factor a tener en cuenta antes de trasladar el servicio a otros países.
Amplio respaldo político a la protesta de la plantilla
El coordinador provincial de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, Jorge Rodríguez, también denuncia la reducción progresiva del empleo. “En tres años la empresa ha pasado de 1.300 trabajadores a menos de 800”, afirma.
El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, acompañado por representantes de su partido como la diputada nacional Mamen Sánchez o el concejal Jesús Alba, señala que "detrás de cada despido hay personas y familias".
"Esta concentración es una muestra de unidad, dignidad y defensa de unos derechos laborales que no pueden tratarse como simples números", indica Díaz, que traslada su apoyo a los empleados de Majorel. "No al ERE. Sí al empleo digno y al respeto a la plantilla", recalca.
Desde Ganemos Jerez (La Confluencia), su portavoz Teresa Chamizo muestra igualmente su apoyo a las familias afectadas y anunció que su formación llevará el asunto al próximo pleno municipal.
Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien también es parlamentario andaluz, pide la paralización del ERE y reclama la intervención tanto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este expediente supone “un ataque a la ciudad de Jerez”. La formación Andalucía Por Sí también expresa su rechazo al plan de despidos y calificó la situación como un “atropello laboral”.
Mientras continúa la negociación, la plantilla mantiene la presión mediante movilizaciones y protestas. Entre los trabajadores se repite la misma idea: la lucha puede ser desigual, pero consideran necesario defender sus empleos. “Somos como David contra Goliat, pero al menos vamos a intentar hacer ruido”, resume una de las empleadas.
